El crimen de Jimena Salas, cometido el 27 de enero de 2017, se encuentra impune hasta el momento. El martes último, por pedido de la Unidad Fiscal a cargo de la causa y por orden de la jueza Ada Zunino, de Capital, y el juez Nelso Aramayo, de Tartagal, efectivos policiales detuvieron a tres hermanos. 

Dos fueron encontrados en el allanamiento a un domicilio en el barrio Parque Belgrano en la ciudad de Salta y el tercero fue encontrado en la Parroquia San Ignacio de Loyola del pueblo de Santa Victoria Este, en el extremo norte provincial, donde colabora como voluntario desde 2018.

La Unidad Fiscal integrada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores, que se encuentra a cargo de la investigación del crimen desde abril de este año, acusó de forma provisoria a los hermanos Damián, Guillermo y Javier Saavedra, por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso predeterminado de dos o más personas y femicidio.

Los tres son defendidos por el abogado Gerardo Abraham. Hoy serían imputados formalmente. 

Ayer la jueza de Garantías Ada Zunino controló la legalidad de la detención de dos acusados en Capital; mientras que su par Nelso Aramayo realizó el respectivo control de detención de Javier Saavedra y ordenó que sea trasladado con una comisión policial a la ciudad de Salta, donde quedará a disposición de la jueza Zunino.

Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017 cuando se encontraba con sus hijas mellizas de tres años, en su casa de la localidad de Vaqueros, vecina a la ciudad de Salta.

El año pasado fueron absueltos por la duda el marido de Salas, Nicolas Gauffín, que fue acusado por encubrimiento agravado, y el vendedor ambulante Sergio Vargas, imputado como partícipe secundario en el homicidio, ya que lxs anteriores fiscales intervinientes lo habían considerado "campana" o informante de los asesinos. Vargas había permanecido con prisión preventiva y fue liberado tras la sentencia que lo absolvió.

Recién en 2021, en el marco del juicio, la causa quedó caratulada como "femicidio", ya que antes se había investigado como homicidio sin el agravante de género.

"A partir de la incorporación de nuevos elementos de gran relevancia para la causa, este martes se procedió a desplegar un amplio operativo con el desplazamiento de una importante cantidad de recursos humanos y logísticos, quienes procedieron a la detención de tres personas", informó el Ministerio Público Fiscal.

"Una persona excelente"

El fraile y sacerdote de la Parroquia San Ignacio de Loyola en Santa Victoria Este, Martín Caserta, contó a Salta/12 que presenció la detención de Javier Saavedra (33), a quien conoce porque trabaja como voluntario "para mejora de la calidad de vida de las comunidades (indígenas)". Dijo que Javier llegó con una fundación en 2018 a colaborar en tiempo de inundaciones. Después se quedó sirviendo a las monjas de la Inmaculada Concepción y en 2020, pasó a formar parte de la orden franciscana como voluntario. "Es una persona excelente. Trabaja 24/7 para las comunidades", sostuvo el religioso y señaló que por ello esta detención le parece algo "raro".

Caserta relató que el martes estaban por salir con Javier a un merendero, a las 10 se acercaron dos hombres al portón de la parroquia a pedir "agua para el mate" y cuando Javier se la alcanzó, lo metieron a una camioneta. Dijo que ni los hombres ni el vehículo tenían identificación. "Lo llevaron a pasear. Volvieron 4 horas después para hacer el allanamiento", explicó.

Precisó que después llegó el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), con cuatro camionetas y bajaron con Javier ya esposado. Se allanó la parroquia, secuestraron los objetos personales del joven, entre ellos una computadora y una cámara de fotos.

Caserta contó que pudo intercambiar algunas palabras con Javier durante el allanamiento, y le contó que mientras daban vueltas en la camioneta, los hombres que lo detuvieron le decían "que se declare culpable", "que la madre había dicho, que los hermanos habían cantado". Sin embargo, el detenido aseguró "que no tenía nada que ver".

"Lo confunden con el dueño del caniche", dijo Caserta. En la causa, los investigadores habían determinado que el día que la asesinaron ingresaron dos hombres al domicilio de Salas y que para ganarse su confianza y que les abriera la puerta, usaron un perro caniche toy de señuelo fingiendo que estaba perdido y que buscaban a sus dueños. El ahora implicado, Javier, le relató al sacerdote que el personal del CIF le preguntó por un perro caniche y él contestó que tenía uno pero que ya se murió.

Después del allanamiento, Caserta dijo que a Javier lo llevaron a Tartagal. Relató que lo buscó por horas y no sabía donde lo tenían. Finalmente, a las 22 le dijeron que estaba en la Brigada de Investigaciones, le permitieron entregarle algunas cosas de cuidado personal y cuando se cruzaron le habría expresado que estaba tranquilo y que no tenía nada que ver con el femicidio, pero no les permitieron hablar más porque estaba incomunicado.

"Los familiares están desconcertados. No son barra brava de ningún club, son gente trabajadora, humilde. No tienen nada que ver", dijo el sacerdote.

Caserta habló por teléfono con la madre de los detenidos, y esperaba encontrarse con ella y su familia en la ciudad de Salta. Dijo que la mujer le relató que sus hijos recibieron maltrato durante el allanamiento, y le expresó que "conoce a sus hijos y sabe que no son capaces de matar a nadie".

El sacerdote cuestionó el proceso. "Acompañé varios casos de causas armadas con gente inocente. Aunque sea un día que lleve privado de la libertad Javier, no es posible que le estén haciendo esto. Es muy injusto frente a su entrega cotidiana en las comunidades más pobres de Salta", expresó.

"Santa Victoria Este es muy chiquito. El daño moral que ya nos han hecho es muy grave", añadió.