Cristiano Martins tiene como cliente al presidente más popular de la historia brasileña. Es el mismo a quien hoy los conservadores desean ver preso o, al menos, inhabilitado para presentarse en las elecciones presidenciales de octubre de 2018: Luiz Inácio Lula da Silva. De paso fugaz por la Argentina, Martins dialogó con este diario y explicó por qué dice que Lula es objeto de persecución.
Las campañas contra Lula parecen avanzar más rápido que las causas contra él. Según la empresa de sondeos Vox Populi el perseguidor penal de Lula, el juez Sergio Moro, aún tiene un respetable 45 por ciento de popularidad, pero había llegado a un pico de 90 por ciento. El juez no pierde oportunidad de hacerse más famoso. Hasta participó del lanzamiento del libro “Lava Jato: el juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil”, en alusión al nombre de la investigación que lleva adelante Moro en paralelo o a menudo de manera subsidiaria a su combate contra Lula. El autor, Vladimir Neto, de la Red Globo, ya vendió los derechos para una serie de televisión que Netflix pondrá al aire en 2017. El experimentado periodista Elio Gaspari escribió que en el esquema de pensamiento de Moro “hay algo de Savonarola”, el fraile dominico que en el siglo XV, según Maquiavelo, quiso dividir Florencia en dos bandos: “Uno que milita con Dios, el suyo; y otro con el diablo, el de sus adversarios”.
–No hay ninguna prueba capaz de sustentar las acusaciones contra Lula en la Operación Lava Jato –dijo Martins a PáginaI12 lejos de Florencia y más de cinco siglos después de Savonarola–. No hay ningún indicio contra Lula incluso después de que la Justicia ya investigó al ex presidente, a sus familiares, a sus colaboradores, al Instituto Lula y a la empresa de conferencias LILS. Las acusaciones son típicas de lawfare, es decir la manipulación de las leyes y los procedimientos jurídicos para fines de persecución política. El concepto lo trabajó con un sentido determinado Charles Dunlap, un abogado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo utilizó para tipificar herramientas que a su criterio ponían en riesgo la seguridad nacional de su país. Pero nosotros lo usamos con otro sentido. El que le da, por ejemplo, el catedrático de Harvard John Comaroff. Para él, lawfare es una forma de apelar a tácticas legales coercitivas para dominar a un pueblo colonizado. Escribió un libro, que traducido sería “Ley y desorden en la poscolonia”. Es un término utilizado en referencia al fenómeno del uso abusivo y frívolo del derecho, nacional o internacional, como forma de alcanzar objetivos militares, económicos y políticos, eliminando, deslegitimando o incapacitando al enemigo.
–¿Ésas son las armas del uso de instrumentos legales para la guerra?
–Sí, son armas muy variadas. Acusaciones frívolas, planteo permanente de que todo sigue una lógica amigo-enemigo, desmoralización del adversario, uso de recursos inmorales o amorales, poner al adversario como inmoral, deconstruir su imagen hasta hacerla irreconocible. Todo eso se usa en warfare. Nosotros incluimos el asunto en nuestros escritos. Es la primera vez que el método de lawfare fue criticado judicialmente en Brasil.
–¿Cuál es el punto de partida de la guerra en su forma de lawfare?
–La premisa es que lawfare busca perseguir a un inocente por mecanismos jurídicos. Lula es un inocente perseguido con mecanismos jurídicos.
–¿No es la utilización de los mecanismos jurídicos normales lo que la defensa de Lula cuestiona?
–No.
–¿Y es lawfare investigar a figuras prominentes de los Panama Papers?
–De ninguna manera porque ahí hay una realidad: la posesión de empresas offshore. A partir de esa realidad la evasión impositiva es una hipótesis verosímil. El caso de Lula es el de un ciudadano inocente perseguido con el uso de mecanismos jurídicos que tienen apariencia de legalidad. Cuando uno habla de denuncias frívolas es que no tienen materialidad. Falta la secuencia lógica de establecer la conducta, la circunstancia y la prueba. Las acusaciones no dan elementos de cómo, para ellos, Lula habría cometido los delitos que le reprochan. En el marco de lawfare, además, al margen del blanco principal pueden ser blanco los hijos, la esposa... Hasta los nietos. Y los métodos de pesquisa no son los correctos.
–¿Por ejemplo?
–La famosa detención por la fuerza de Lula el 4 de marzo por parte del juez Sergio Moro. ¿Para qué usó la coerción si no hacía ninguna falta? Para acumular denuncias vacías. Desde que comenzó el Lava Jato quedó siempre claro que el objetivo final era Lula. El juez incluso autorizó la intercepción telefónica del conmutador del estudio.
–¿Del suyo?
–Efectivamente. Del nuestro. Con 25 abogados. Algo nunca visto en Brasil. Y encima el contenido de las llamadas telefónicas fue divulgado. Revelar el contenido es delito. El juez, después, dijo que se había equivocado. Que ordenó interceptar ese número porque creyó que era el del Instituto desde el que Lula organizaba las conferencias.
–¿Quién intercepta y quién escucha en Brasil?
–La Policía Federal y el Ministerio Público.
–¿Lo que ocurrió fue una violación del debido proceso?
–Y del derecho a defensa consagrado no solo por la Constitución sino por las Naciones Unidas en tratados a los que adhirió Brasil. Pero todo se está haciendo de la misma manera. El martes un jefe de la Policía Federal dijo que los investigadores encontraron una planilla de presuntos sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht. Contó que una persona con el apodo de “Amigo” recibió cuatro millones de reales. “A mi entender esa persona apodada de tal manera es Lula”, dijo el jefe policial. Livianamente.
–¿Sin indicios?
–Ningún indicio. Incluso aclaró que él no era responsable de la investigación pero que dejaba registrada la sospecha para que otro jefe se encargara. No dio motivo real alguno, pero al minuto la gran prensa brasileña puso: “La Policía Federal dijo que Amigo es Lula”. Desnudaron la vida de Lula y de sus familiares sobre la base de una simple hipótesis sin indicios. En ninguno de los casos encontraron un solo elemento que señalara una conducta ilegal. Tampoco una cuenta secreta. Ni propiedades. Lula vive en la misma vivienda desde hace más de 20 años. Por eso hablo de frivolidad. Algunos fiscales sostienen que la corrupción en Brasil comenzó en el 2003.
–En ese año asumió Lula.
–Claro. La tesis es que todo el gobierno fue un proyecto político-criminal.
–Lula tiene tres causas en actividad, ¿no es cierto?
–Sí. La primera fue abierta por presunta obstrucción de justicia. Un senador, Delcídio de Amaral, hizo lo que se llama delación premiada. Un acuerdo en la Justicia. Delató que Lula le habría pedido que impidiera que otra persona hiciera una delación premiada porque lo perjudicaría.
–¿Es mentira?
–No exhibieron ni pruebas ni testigos. La delación no es una prueba. En todo caso es el medio para obtener una prueba. Delcídio además declaró a la revista Piauí que él firmó el acuerdo después de estar detenido y aislado. Es decir que su delación para colmo de males está viciada. Hasta el diario Folha de Sao Paulo publicó que otras delaciones premiadas fueron frenadas en los últimos tiempos porque la Justicia solo estimula las que tengan que ver con Lula o puedan ensuciarlo. Es el llamado Derecho Penal de Autor. No importan los hechos. Importa quién es el enemigo. Es el Derecho Penal del Enemigo. Veremos qué sucede en la audiencia con este caso. Es el 8 de noviembre.
–¿Y el famoso triplex en la playa de Guarujá que sería propiedad de Lula?
–Es la segunda causa. La acusación es que Lula habría nombrado tres directores de Petrobras que habrían formado una banda con empresas constructoras para permitir que aumentasen sus ganancias y eso generase desvíos en los pagos de Petrobrás. La contrapartida habría sido el departamento. La verdad es que Lula no formó ninguna banda y que tampoco en este punto hay un solo indicio. Marisa, la mujer de Lula, entre 2005 y 2009 pagó una cuota. Pero cuando llegó el momento no había ningún departamento como los que ella había visto. Entonces le mostraron otro. Lula lo vio y dijo que no lo quería. Pidió de vuelta el dinero de Marisa. Es la única vez que fue al complejo de departamentos. ¿Cuál fue su delito? Para esa causa el juez todavía no marcó una audiencia.
–¿El tercer caso?
–Haber ejercido una presunta influencia para conceder a Odebrecht siete mil millones de reales por parte del Banco Nacional de Desarrollo.
–¿A cambio de qué?
–De un plan de salud para el hermano y del pago de dos conferencias que pronunció en Angola. Ridículo. Todavía no fue citado. Todo es igual. El relator del Lava Jato es Joao Pedro Gebran, del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Es quien debe revisar las actuaciones del juez Moro. Un libro publicado en 2002 habla de su amistad con Moro. Si Moro es parte, ¿cómo podrá juzgarlo un amigo íntimo? En lugar de reparar en este tipo de detalles, que son importantes para evaluar si se violenta el principio del debido proceso, el objetivo es crear condiciones de histeria colectiva para que la gente crea que no se trata de dirigentes políticos sino de una enorme banda. Hasta nosotros sufrimos el resultado de esa histeria colectiva.
–¿Atacaron el estudio de abogados?
–Atacaron a mi familia. Tenemos chicos de 5 y 2 años en un establecimiento escolar de Sao Paulo. En marzo a alguien se le ocurrió exhortar a un grupo de madres a que se manifestaran contra los niños porque eran hijos del abogado de Lula. La divulgación indiscriminada de acusaciones sin fundamento y sin datos ciertos demoniza. Deja en pie apenas un discurso y atenta contra la democracia. La dictadura cometió crímenes tremendos. Muertes, tormentos, desapariciones. Pero ni siquiera la dictadura atacó de este modo las prerrogativas de los abogados. Ni parlamentarismo ni presidencialismo. ¿Acaso queremos vivir en un judicialismo? Pero vuelvo a Lula: dentro del Estado democrático de derecho no hay otra alternativa que su absolución.
–A menos que aparezcan pruebas.
–¡Pero es que no hay pruebas, no hay indicios, no hay nada! Ni un solo hilo lleva a pensar que Lula cometió un acto ilícito.
–¿La Justicia brasileña está usando el argumento de que Lula no podía no saber qué sucedía por debajo?
–A veces peor. Comparan la presidencia como la cabeza de una cadena de mandos, como si las instituciones fueran instituciones militares. En el caso del triplex hasta hablan de “comandante” y de “general”.
–Como si fuera un crimen de guerra.
–Incluso en una fuerza militar debe probarse la subordinación directa. ¿Pero sabe qué pasa? En Petrobras las auditorías no registraron desvíos. Tampoco los encontró el Consejo Fiscal. Ni el Tribunal de Cuentas. Ni la Contraloría General. Ni el Ministerio Público. Ni la Policía Federal. Nada. Lawfare.
