El Gobierno de Uruguay informó que trabaja en un proyecto de ley para que los denominados “archivos de la memoria”, con documentos de la dictadura que vivió el país de 1973 a 1985, sean públicos y “cualquier persona pueda acceder”.

"En el Ministerio de Defensa estamos trabajando, junto al Ministerio de Educación y Cultura, en una propuesta para permitir que los archivos de la memoria, toda aquella documentación, archivos que están en depósito, que fueron encontrados sean de libre acceso para la ciudadanía", anunció el ministro de Defensa, Javier García.

Por este motivo el funcionario mantuvo una reunión con las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) y habló con la prensa al salir.

Lamentó que hasta ahora hay archivos que únicamente pudieron ser conocidos por unos pocos historiadores, periodistas, instituciones oficiales o la Justicia.

La idea es que con la iniciativa “se puedan digitalizar (los documentos) y cualquier persona pueda acceder libremente”, y saltear el procedimiento actual de llegar a esa documentación a través de un pedido de acceso a la información, que “requiere un trámite, una solicitud, que eventualmente puede requerir una oposición”, remarcó García.

“Poder se puede, pero hay una burocracia en el medio, hay un mecanismo, y eso a veces evita que uno lo haga”, explicó. Para el titular de Defensa, “es mucho más fácil si ya está publicado en internet y cada uno accede de acuerdo a su voluntad sin trámites y sin interferencias”.

El presidente de la Inddhh, Marcos Israel, calificó de “fantástica” la iniciativa porque “corresponde socializar totalmente la información, que no tendría que ser propiedad de algunos círculos, ya sean académicos o de lo que fuera”, dijo.

La dictadura de 1973-85 dejó 197 desaparecidos en Uruguay, según los organismos defensores de derechos humanos, aunque las víctimas son muchas más por los asesinatos en países vecinos y los exilios forzados.

El proceso de juzgar a los responsables de esas violaciones fue complejo, porque en 1986 se aprobó la Ley de Caducidad, que vetaba la posibilidad de juicios a militares y policías y refrendada en dos plebiscitos en 1989 y 2009, aunque en octubre de 2011 fue derogada por el Congreso.