“No al apagón cultural”. “No hay soberanía cultural sin autonomía financiera”. Estas son algunas de las consignas que más circularon en los flyers que las organizaciones culturales difundieron desde la semana pasada para convocar a la vigilia que comenzó el miércoles con una conferencia de prensa improvisada en las puertas del Congreso, luego de que la Policía de la Ciudad prohibiera el armado de una carpa aún con autorización previa. La jornada de lucha continuó este jueves con una movilización de Unidxs por la Cultura (UxC) para exigir el tratamiento y aprobación del proyecto presentado por el diputado Carro que obtuvo media sanción en la Cámara Baja y establece la prórroga por 50 años de los fondos específicos asignados para la cultura. Otros colectivos como la Multisectorial Audiovisual suspendieron la movilización pero se declararon en estado de alerta.
El miércoles a la noche circuló un audio de Javier Gabino (Contraimagen y UxC) que explicaba la situación: “Desde hace 10 días tenemos la información por parte de senadores del FdT de que este jueves iban a poner en agenda la ley contra el desfinanciamiento de la cultura. Se daba certeza de que iba a suceder, pero hoy nos enteramos que no es así. La información que tenemos es que el bloque prefirió meter otros temas, nos dijeron que lo pasarían para el jueves próximo pero no nos da ninguna confianza. Desde UxC mantenemos el llamado a movilización exigiendo el tratamiento de la ley que evita el apagón”. Por esa razón marcharon a favor de los 50 años, repartieron pines entre lxs senadorxs para concientizar sobre la importancia de la sanción y se sentaron en sillas dispuestas en la vereda de Hipólito Yrigoyen para simbolizar la espera.
Lo que está en juego son los fondos destinados a fomentar la producción de obras musicales, teatrales, literarias, audiovisuales y comunicacionales; esos fondos garantizan la libertad de expresión y el acceso a la diversidad cultural en todo el territorio porque financian directamente a instituciones como INT, INAMU, INCAA, CONABIP, RTA, FOMECA o ENACOM. El manejo discrecional de esos fondos por parte de funcionarios de turno pondría en riesgo la producción cultural de todo el país. Según la ley vigente, esas asignaciones caducan el próximo 31 de diciembre, por ende, el tiempo apremia.
Juan Mascaró, presidente de Documentalistas Argentinos (DOCA) y miembro de UxC, explica que “la posibilidad de decidir sobre los temas, los enfoques y las voces que se expresan en el ámbito de la cultura queda sepultada si antes de fin de año no revertimos esta situación” y apunta contra el desguace total de la cultura: “Insistimos con la aprobación urgente de este proyecto, pero además con el término de los 50 años. Nos parece el plazo necesario para planificar y no caer de nuevo en una trampa similar a la de 2017, que nos puso la soga al cuello”. El cineasta asegura que este es el punto de partida para seguir discutiendo otros temas pendientes en el sector como exhibición, gravamen a plataformas o ampliación de derechos para sectores que hoy no están incluidos en el fomento público.
Fernando Krichmar (DOCA y UxC) plantea la distinción entre cultura e industria del entretenimiento. “Los documentales circulan durante décadas en bibliotecas, universidades y colegios. Es gracias al financiamiento del Estado que los creadores pueden aportar una mirada nueva y tratar temas con un espesor que a veces es muy difícil plantear en la industria, medios empresariales o plataformas”. El cineasta señala que la pluralidad de miradas enriquece el acervo cultural y sostiene que incluso desde aquella visión economicista que mide todo en términos de costos y beneficios, la cultura moviliza a miles de trabajadores y genera un impacto en industrias colaterales. “Es fundamental que los senadores aprueben esta prórroga porque muchas películas independientes se hacen con productoras o entidades extranjeras y sería difícil si no podemos asegurar el funcionamiento a largo plazo. Zama le llevó a Lucrecia Martel una década, entonces no es tanto tiempo como sostienen quienes piensan el país como una factoría productora de soja”.
Las cifras muchas veces ilustran con claridad los ejes del debate. Nara Carreira (Actrices Argentinas y UxC) aporta algunas: “Para la cultura y sus institutos significa una caída de los ingresos superior al 80%, eso es lo que permite que se hagan 200 películas anuales, becas de creación y formación, apoyo a salas y festivales, fomento a medios comunitarios y el 100% de los ingresos para bibliotecas populares”. Sin la aprobación de este proyecto, Carreira advierte que “desaparece la cultura independiente, que representa la mayor parte de la actividad cultural en nuestro país” y señala el impacto en el campo laboral: “En el cine los ingresos representan el trabajo de 700 mil personas: 100 mil de manera directa y 600 mil de manera indirecta”.
Un eje menos visibilizado es el de las bibliotecas populares. Hoy existen más de 2400 reconocidas y protegidas por CONABIP. “Sin esta prórroga la institución perdería el financiamiento y muchas bibliotecas dejarían de existir porque no podrían solventar sus gastos. Sería una gran pérdida patrimonial y cultural para Argentina pero sobre todo para las comunidades locales”, puntualiza Gisela Pérez, presidenta de la Biblioteca Popular La Carcova y miembro de UxC. “Estamos tratando de que no se especule con espacios que generan paz, democracia y desarrollo ciudadano regional; la educación y la cultura son derechos universales. Entendemos que muchas veces no estamos en agenda pero somos un actor central del sistema comunitario. Las bibliotecas populares no somos un gasto sino una inversión”.
Juan Delú, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y miembro de UxC, definió la noticia del no tratamiento en el Senado como “un baldazo de agua fría” y expresó su deseo de que ingrese en agenda la próxima semana. “Lamentablemente no nos sorprende porque también lo vimos en Diputados, es una lucha que lleva muchos años y fue apropiada por gran parte del pueblo que no admite que el fomento a la cultura y la comunicación comunitaria se termine”. Entre los fondos en juego figura el FOMECA, que destina un porcentaje de la recaudación del impuesto que pagan los medios al fomento de la comunicación comunitaria. “Comunicar es un derecho y, en realidad, el fomento es muy poco dinero para las arcas del Estado. La producción audiovisual debe ser hecha por sectores que no lo vean sólo como un fin de lucro. El riesgo es que la representación de vecinos, grupos migrantes, pueblos originarios, miembros de sindicatos que producen contenido sobre su identidad, se termine. También hablamos de un modelo de Estado”.
Ignacio Ascúa (ATE-INCAA), por su parte, advierte que “de no sancionarse el proyecto estaríamos en presencia del mayor ajuste a la cultura nacional que jamás hayamos vivido en democracia junto a la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. No aprobar la prórroga significaría el fin del cine nacional pero también acabaría con la soberanía cultural de nuestro pueblo porque le dejaría las decisiones sobre qué historias contar al mercado”.
