El éxito del "dólar soja" deja en claro al menos tres tipos de deudas pendientes: una de naturaleza condenable con el Fondo Monetario Internacional, otra con la ruralidad chacarera, familiar, campesina y otra con el pueblo que cada mes paga más caros los alimentos.

La medida que tomó el Gobierno, que rige durante el mes de septiembre y que consiste en tener un dólar diferencial para la soja con el propósito de recaudar 5 mil millones de dólares a partir de la venta de la cosecha por parte de quienes aún tienen stock, implica extraordinarias ganancias para determinado y reducido sector responsable de la exportación de granos. 

La decisión oficial se produce ante la necesidad de hacer frente a la deuda en dólares que asumió el país con el FMI y que deja sin reservas al Banco Central. Para poder explicar quiénes son los beneficiados o aquellos que mejor aprovecharán este dólar soja, es necesario desmenuzar quién produce, comercializa y exporta la soja en Argentina y cuál es la situación de pequeños productores.

Concentración

En las últimas décadas, Argentina viene creciendo exponencialmente en la producción de granos: de 40 millones de toneladas en la década del ’80 a más de 140 millones en la actualidad. La soja fue una de las responsables de ese crecimiento. Actualmente, entre 45 y 55 millones de toneladas anuales corresponden a porotos de soja y el resto a maíz, trigo, girasol y sorgo, principalmente. 

Sin embargo, en tanto se incrementó el volumen producido y la superficie cultivada, fueron expulsados miles de pequeños productores y la actividad se concentró en actores más grandes, además de otros impactos negativos vinculados al ambiente.

Había 421 mil productores en el año 1988 y para el último censo, del año 2018, solo quedaban 230 mil. Desaparecieron los productores más pequeños. La tierra y la producción pasaron a manos de empresas agropecuarias de gran escala y esa concentración no solo se evidencia en el eslabón de la producción, sino también en la comercialización y exportación de granos.

Así se llega a una enorme concentración de la producción, pero mucho más de la exportación. Menos de 6 mil empresas producen el 80 por ciento de esos 55 millones de toneladas de soja y sólo 10 empresas, la mayoría extranjeras, controlan el 90 por ciento de la exportación de granos. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario de 2021, "las principales cuatro empresas exportadoras concentran el 48 por ciento de las ventas externas totales de Argentina". En cambio, unos 56 mil chacareros que explican el 80 por ciento del total de productores, producen solo el 17 por ciento del total de toneladas de granos del país.

Impacto

Es necesario tener en cuenta estos datos para entender que la medida del dólar soja, a la par de garantizar el ingreso de divisas al país y cumplir con metas que estable el FMI, representa descomunales ganancias para pocos y grandes actores de la cadena y en tiempo récord, los mismos que hasta hace pocas semanas eran señalados como quienes especulaban forzando una devaluación. Vale decir, también, que el poroto de soja que se está exportando es materia prima a la que no se le ha generado ningún valor agregado.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la medida se aplica durante el mes de septiembre, pero la soja se cosecha en marzo, abril y mayo, quienes aún conservan stock de la actual campaña o de anteriores son los actores más grandes de la producción o los que comercializan o exportan, con lo cual compraron a los que producen a un precio mucho inferior. 

Es habitual que los pequeños productores vendan los granos tras la cosecha para pagar los costos de la misma, porque se suele comprometer más del 50 por ciento de la producción para pagar insumos, semillas, servicios de siembra y cosecha. Los pequeños productores que alquilan también suelen tener en stock granos que son del dueño de la tierra, del arrendador, que aún no los ha vendido.

La rápida respuesta al dólar soja es prueba de la tremenda concentración: en los tres primeros días de vigencia de la medida se liquidaron más de 3 millones de toneladas. Para tener una dimensión, un pequeño productor de 50 hectáreas de soja produce como máximo 150 toneladas y con seguridad ya tiene vendido desde el primer semestre más del 50 por ciento de esas toneladas, como mínimo. Queda claro entonces qué sector era el que tenía la soja y que ahora se beneficia con la medida.

Cambios

Para dejar atrás esta dependencia, que condiciona a gobiernos pero también a la sociedad a raíz de la disponibilidad, calidad y precios de los alimentos, son necesarias políticas públicas para los pequeños y medianos agricultores, la agricultura familiar y campesina y el cooperativismo que produce alimentos. El Gobierno debe volver a mirar a este sector, se necesitan políticas públicas para salir de un país sojizado, de monocultivo, rehén de unos pocos grandes que, en muchos casos, son transnacionales.

Los grandes actores del sector desplazan a los pequeños chacareros de las zonas agrícolas, que también invierten y producen. La pequeña producción no cuenta con ningún tipo de apoyo y apuesta a seguir arraigada a los territorios rurales del país, para cultivar una diversidad de granos, rotar los cultivos, hacer pasturas, cuidar los suelos, reducir y eliminar el uso de químicos, criar animales para producir carnes, leche y sus derivados, lanas, generar trabajo en las localidades y sostener a las instituciones locales.

La pequeña producción sigue esperando medidas de fondo que detengan la concentración y promuevan otro modelo agropecuario. En cambio, en los territorios cada año se apaga definitivamente la luz de una chacra vecina, se vende o se pone en alquiler la tierra y una topadora voltea lo que antes fue una casa, un galpón, una paridera, un monte para sombra o frutales, un molino con su tanque australiano o un alambrado.

Es necesario y perfectamente posible que los pequeños agricultores sean destinatarios de las medidas de un Estado que además de liquidar divisas para pagarle al FMI, genere un desarrollo rural genuino con gente y diversidad en el campo y alimentos sanos para la población.

Para esto, la propuesta es segmentar las retenciones a todos los granos de manera que los más pequeños, los que producen carnes, cultivan evitando el uso de químicos o generan empleo, sean reconocidos. También se necesita aprobar una nueva ley de contratos agrarios que promueva que la tierra quede en manos de productores locales pequeños y medianos, desalentando la concentración y por un mayor período de tiempo, de modo de acompañar sistemas productivos sustentables, dejando atrás los contratos accidentales usados por las grandes empresas.

El trigo requiere de un programa que tenga en cuenta al potencial del sector cooperativo y a los agricultores asociados al mismo, para garantizar la siembra y posterior disponibilidad y precio justo del cereal, la harina y derivados. Otros puntos son el financiamiento a tasas y plazos diferenciados para que quienes agregan valor inviertan en semillas, en genética animal, en infraestructura y maquinaria; promoción de cadenas cortas de comercialización y mercados locales y de cercanía; ley de acceso a la tierra y creación de una agencia federal de granos de la mano de la nacionalización de la hidrovía.

* Chacarero, cooperativista, dirigente de bases federadas y ex presidente de Federación Agraria Argentina