El Colectivo de Discapacidad volvió a movilizarse este jueves en el centro porteño ante los retrasos en los pagos de las prestaciones del sector en salud y educación. Con una "marcha de antorchas" por la noche y otra realizada por prestadores a la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), denunciaron que "la situación continúa sin resolverse" y que recién comenzaron a recibir los pagos atrasados de junio "a cuentagotas". Pese al acta de compromiso firmada hace unas semanas por la SSS y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el conflicto sigue sin resolverse y fuentes oficiales aseguran que el Estado ya giró los fondos y son las obras sociales las que no terminan de abonar los servicios.
Por la tarde del jueves, prestadores y prestadoras se manifestaron sobre Diagonal Norte, frente a la sede de la SSS, a metros de Plaza de Mayo. El principal reclamo del sector continúa siendo la restitución de la cadena de pagos de las prestaciones de salud y educación en el área de discapacidad. Según denuncian, en algunos casos se adeuda hasta el pago del mes de junio. La movilización se realizó en el marco de un paro de prestadores y prestadoras.
Leandro, integrante de la agrupación Prestadorxs Precarizadxs de Salud y Educación (PPSyE), señaló a Página 12 que en la última semana "bajaron a cuentagotas algunos pagos de junio". Lautaro Taborda, maestro de apoyo y prestador de servicios en discapacidad, indicó lo mismo y agregó que entre los reclamos también "se pide una normativa más clara y transparente en el manejo de los fondos".
Ante la consulta de este diario, fuentes oficiales señalaron que "desde el Estado ya se pagó" y que el problema estaría en las obras sociales que no terminan de abonar las prestaciones correspondientes. Además, afirmaron que el pago a los prestadores tiene siempre 45 días de retraso y que ese plazo se redujo con la actual gestión, ya que bajo el gobierno de Mauricio Macri el período llegaba hasta los 90 días.
Los y las prestadoras, en tanto, reclaman que los pagos comiencen a ser a mes vencido y no desligan de sus responsabilidades por la situación actual a las distintas instancias de la administración nacional, con las que se reunieron a principios de septiembre, tras los once días de acampe con carpa blanca frente a la Casa Rosada. En esa reunión se firmó un acta de compromiso para empezar a regularizar pagos de junio y julio. "En el acta se había firmado un tope del 12 de septiembre para pagar, después se pasó al 15 y ahora estamos a 22 y seguimos igual", dijo Leandro en este sentido. Según el integrante de PPSyE, en efecto, en lo que respecta a las prestaciones de junio "algunas obras sociales pagaron y otras no".
Tras la marcha del jueves por la tarde, los y las prestadoras presentaron una nota en la SSS dirigida también a Andis. Allí señalaron, entre otras cosas, que la situación "continúa sin resolverse" y que "algunos pagos han llegado al azar, a cuentagotas, pero es inmensa la cantidad de reclamos que nos llegan día a día de que los honorarios no están siendo depositados". "Nos llegan muchos mensajes de prestadores angustiados, que no han cobrado y no tienen para comer. Hay centros tercerizadores que están dando de baja acompañamientos e inclusiones escolares, hasta se está avisando que el año que viene habrá prestaciones que no se van a dar", agregó Leandro.
En la nota presentada ante la SSS, los prestadores y prestadoras, que en su mayoría son monotributistas, reclamaron la "urgente regularización de la cadena de pagos" con "transferencia inmediata de los meses de junio y julio adeudados a la totalidad de lxs prestadorxs". Además, reclamaron que los pagos comiencen a ser "a mes vencido" y "directo al prestadxr", un aumento del 60 por ciento en el nomenclador que fija el monto de las prestaciones y que en él se incluyan a las profesiones que aún están por fuera.
Mientras el Gobierno nacional avanza en la elaboración de una nueva Ley de Discapacidad, desde la SSS y ANDIS aseguran que "la discapacidad en su conjunto es una prioridad del Gobierno, prueba de ello es que se ha incrementado el flujo de fondos para el financiamiento del sistema de prestaciones". Además, sostienen que "esto permitió que el nomenclador que regula el valor de los aranceles que reciben los profesionales y los pagos por prestaciones de servicios haya tenido un aumento acumulado de 320 por ciento desde el 2019". Hace unas semanas, el Ministerio de Economía negó que haya o vaya a haber recortes presupuestarios en el área.
Además del conflicto central por el pago de las prestaciones, las familias integrantes del Colectivo de Discapacidad plantean que en el sector existen otros problemas como demoras en autorizaciones de tratamientos y falta de cobertura de prestaciones específicas y de equipamiento para las personas con discapacidad. También reclaman que el Congreso avance con la sanción de una ley de apoyo, otra de asignación económica, una ley de cuidados y una de prestaciones básicas.
Con todos estos reclamos, el Colectivo de Discapacidad realizaba en la noche del jueves una "marcha de antorchas" con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. La marcha se replicó en varios puntos del país como las ciudades de Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Salta y Corrientes.