El conductor televisivo Marcelo "Teto" Medina fue detenido junto a otras 16 personas en una causa por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad terapéutica que no estaba habilitada. Medina quedó detenido en la seccional 1ª de Berazategui a la espera de que hoy sea indagado. La investigación se centra en una comunidad llamada La Razón de Vivir, orientada a la supuesta rehabilitación de personas con consumos problemáticos. El exsocio mediático de Marcelo Tinelli se encargaba de difundir ese centro en los medios. En sus redes, numeroso famosos sumaron su apoyo, empezando por el propio Tinelli.

La Razón de Vivir tiene sedes en las localidades de Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur del conurbano bonaerense, y en el departamento de Punilla, en Córdoba. Tras la detención de sus responsables, la Sedronar tomó intervención para garantizar la situación de los pacientes. Sus familiares pidieron evitar la clausura de la institución.

La titular de la Sedronar, Gabriela Torres, explicó que este organismo y la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud están "evaluando a las personas que están ahí para derivarlas a lugares tanto de la provincia como de Sedronar". "Lamentamos este tipo de noticias que son reiteradas", remarcó.

La funcionaria recordó que "hace un tiempo hubo una condena muy fuerte por un lugar donde habían fallecido cuatro personas que se prendieron fuego en un lugar no habilitado" y señaló que "hay muchos lugares que son para tratamiento de consumos problemáticos que no tienen ninguna habilitación", como era el caso de La razón de vivir.

Adrián Tenca, abogado de Medina, rechazó las acusaciones que pesan contra el conductor. Según dijo, "no era el titular" del centro y "no tiene ninguna participación respecto a nada de lo que lo están imputando", por lo cual pedirá su excarcelación. "Estaba contento porque sentía que ayudaba a la gente a recuperarse", contó

“Medina no era el dueño ni el titular del centro. Reducción a la servidumbre es una calificación muy grave”, analizó el abogado, quien precisó que por ese delito podría caberle "una pena importante de 10 a 15 años" de prisión. Tenca insistió en que el papel de Medina en esa organización era ofrecer charlas "respecto a la rehabilitación". 

La Razón de Vivir se presenta como una “escuela de vida”. El propio Medina explica en un video en redes sociales que “la recuperación” a las adicciones existe y que aquellos que dicen lo contrario es porque siguen “terapias de miedo”. “Depende de que tengas la fuerza de voluntad de pedir ayuda. No te dejes asustar. No te dejes engañar. Depende de que tengas la fuerza de voluntad”, asegura en el mismo mensaje.

La mayoría de este tipo de comunidades funcionan como comunidades de puertas cerradas, es decir que los internados no pueden salir. Además, la internación se da muchas veces en contra de su voluntad, y a pedido de familiares o conocidos de las personas adictas. En este caso en particular, La Razón de Vivir aseguraba que no trabajaba de este modo, y que cada persona podía entrar y salir cuando quisiera.

El jefe y organizador de la comunidad es Néstor Zelaya, quien también fue detenido. En sus redes sociales, Medina se presentaba como "operador socioterapéutico especialista en adicciones" del centro y se encargaba de divulgar sus actividades en los medios de comunicación y las redes sociales.

El propio Medina daba cuenta de la actividad que realizaba a través de diversos posteos en sus redes sociales. "Soy especialista en adicciones y operador socioterapéutico", sostiene, por ejemplo, en una publicación en su cuenta de Instagram.

A raíz de la detención de Teto Medina, salieron a la luz distintos videos que están subidos a las redes sociales del lugar donde aparecen saludos de personalidades públicas de diferentes ámbitos. Al entrar al Instagram, se observan videos de Guillermo Francella, Sergio Verón, Gustavo Alfaro, Rodrigo Vagoneta, Rodrigo Tapari, Marcelo Tinelli y Mauro Zárate, entre otros, quienes les enviaron saludos al centro médico por el trabajo que hacían con las personas que se encontraban en recuperación.

En el centro La Razón de Vivir había más de 50 personas, según precisó Gabriela Torre, quien explicó que allí "no existe ningún equipo técnico: no hay un toxicólogo, no hay un psiquiatra, no hay un psicólogo permanente, no hay un médico, no hay una trabajadora social". También destacó que las personas internadas "no podían comunicarse con sus familias" y que trabajaban "de forma no remunerada, terminando la casa del director" del centro.

"Muchas veces por falta de información las personas acuden a cualquier lugar. Es muy importante hablar de que nosotros (la Sedronar) tenemos centros ambulatorios, tenemos también centros conveniados que son comunidades que por supuesto tienen su habilitación correspondiente", remarcó Torres. Y, añadió: "Es muy importante que entendamos que los problemas de consumo necesitan de una intervención compleja, de un equipo técnico, personas cercanas, una red que mire un tiempo de internación".

Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de diez personas que trabajaban en los diversos lugares.

Tras la detención de Teto Medina, allegados de las personas que estaban en centro terapéutico de La razón de vivir se acercaron hasta el lugar y se mostraron en desacuerdo con la decisión de la justicia. "Yo soy familia y no pasa absolutamente nada porque los hijos que tenemos acá son personas que están cuidadas, alimentadas, protegidas y acá los sacaron de la calle y de la droga", relató la madre de un joven que se encuentra internado.

Otra madre se acercó al sitio, ubicado en Berazategui, defendió la labor de Medina, al igual que el hermano de otro joven internado. Todos coincidían en destacar la labor del centro y contaron que pagaban 25 mil pesos por el tratamiento.

De acuerdo a las primeras imágenes que se conocieron de lugar, las personas que se acercaban para recibir ayuda terapéutica vivían en condiciones muy precarias. Además, estaban obligados a trabajar, pero no eran remunerados por esas tareas.

La causa está caratulada como "reducción a la servidumbre, trabajos forzados, asociación ilícita usurpación de autoridad y título, incumplimiento de los deberes de funcionario público".