Solo seis integrantes de la Comunidad Lule de Finca Las Costas pudieron expresarse en la audiencia pública realizada anteayer en el marco de un amparo ambiental que impulsa la provincia de Salta en contra de familias indígenas y que se tramita ante la jueza civil y comercial María Guadalupe Villagrán.

Lxs lules solicitaron que se los incorpore en el expediente como comunidad ancestral indígena y no como particulares y denunciaron la falta de reconocimiento de sus derechos como pueblo originario. El presidente comunal David Torres denunció atropellos y persecución.

Fuera de la Ciudad Judicial hubo una manifestación de organizaciones ambientalistas, políticas y sociales que acompañaron al Pueblo Lule en el marco de la audiencia pública, que se realizó en el aula magna de la Escuela de la Magistratura. 

La abogada Mara Puntano, representante de la Comunidad Lule, dijo que había 200 oradores inscriptos para hablar a favor de la comunidad. Por pedido de la jueza, tuvo que recortar la lista a 50, y anteayer la magistrada dispuso que hablen solo cinco. Finalmente, ocuparon este espacio miembros de la comunidad, un representante ante el Consejo de Participación Indígena (CPI) del Pueblo Kolla y la abogada, quienes tuvieron que pelear incluso contra el tiempo impuesto de solo 15 minutos. La jueza tampoco permitió que se expresara el delegado de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Félix González Bonorino.

Villagrán aseguró que convocará a otras audiencias para permitir que lxs interesados puedan expresarse y sugirió que pueden hacerlo por escrito. Puntano señaló que las culturas indígenas son orales, por ello para la comunidad el proceso de este amparo "empieza hoy" y dijo que las exigencias de lo escrito incluso evidencian desconocimiento del derecho indígena.

"Nosotros no somos pobladores individuales (...). Seguimos exigiendo que no se nos siga incluyendo en este proceso como personas individuales. Nosotros formamos parte de una comunidad, somos preexistentes al Estado y esto tiene que ser claro. Muchas veces hemos visto en el expediente que se invoca la propiedad de la provincia, que es una, pero tienen que confrontar con el otro derecho que es el preexistente", dijo el presidente de la Comunidad Lule.

La Provincia ratificó en la audiencia el amparo interpuesto contra familias de la Comunidad a quienes considera "los responsables de las construcciones, viviendas y actividades ganaderas que se llevan adelante en la Reserva Natural de Finca Las Costas, sin los permisos o estudios ambientales correspondientes". Una abogada de la Fiscalía de Estado insistió en el principio precautorio, y solicitó la colaboración de "todos" en el plan de manejo.  

Por la Provincia habló el guardaparque de la reserva, Miguel Cuevas, quien señaló que trabajan en el plan integral de manejo y desarrollo de la Reserva, y que este año convocarán al municipio de San Lorenzo, a pobladores, a "fortines" gauchos y a las familias de la Comunidad al "proceso de participación". Y dijo que genera preocupación el aumento de viviendas y la contaminación de las letrinas y cámaras sépticas.

También el director de fiscalización de Recursos Hídricos afirmó que la mayor preocupación que tienen es "la proliferación de personas en la zona". Indicó que "la pérdida de infiltración" del área y  la "afectación del agua subterránea puede ser irreversible".

El amparo se presentó con el supuesto "objetivo de proteger el ambiente sano y equilibrado, prevenir y evitar el daño que pudiera estar produciéndose por el avance de las actividades de construcciones, viviendas, agricultura, ganadería o cualquier otra que esté llevándose adelante en el lugar sin la autorización pertinente, como potencial fuente de contaminación de la Reserva Hídrica y del medio ambiente".

Intereses inmobiliarios  

Los miembros de la Comunidad denunciaron la contaminación generada por los countries que rodean la zona. "Tanto el río Astillero como San Lorenzo están contaminados porque algunos countries no tienen, por lo menos no sé que tengan cloaca y todos los desechos van al río", dijo Torres . 

"Hemos denunciado un montón de veces y eso también sería bueno que se incorpore. Hemos denunciado la cría de animales, la explotación de animales en la vera del río Potrero Grande. Hemos denunciado que esa agua entra gratis y no sabemos el destino final en los countries. La toman gratis. (...) (Mientras) La comunidad de la Reserva se está quedando sin agua, los animales silvestres que antes estaban ahí no están", manifestó el presidente comunal. Instó a lxs funcionarixs a ver las márgenes, porque los barrios privados que hay allí "son los que parasitan a la Reserva". 

"No apliquemos solo la norma para unos y para otros no", exigió Torres. Señaló que los habitantes del country La Aguada se han llevado muchísima agua y "están reservando para el futuro" para una cantidad de viviendas, "hasta tienen un lago". 

El presidente comunal aseveró que las tomas de agua se encuentran en las cuencas altas de La Quebrada, y no hay extracción de agua de los pozos en las zonas bajas de la comunidad. Especificó que esa agua pasa entubada por la comunidad y "los caseríos están muy lejos de ahí". 

"Constantemente estamos acosados por los intereses inmobiliarios, de las empresas turísticas", denunció Torres. Manifestó que hay quienes aducen que tienen permisos oficiales pero realizan actividades clandestinas, como desmontes y pistas de entrenamiento para motocicletas que a veces manejan menores de edad, para endurismo.

Denunció además persecución y atropello a su Comunidad. Dijo que hubo "casas violentadas" en el marco de este proceso cuando fueron a notificar a las familias e hicieron denuncias al respecto. "Hay persecución, hay atropello" insistió, dijo que "si alguien quiere luz, agua", la administración de Finca Las Costas les impone la firma de un contrato de arriendo, que implica que desconozcan los derechos comunitarios indígenas sobre estas tierras.

Al término de la audiencia el delegado de la Defensoría del Pueblo de la Nación, González Bonorino, sostuvo que se requiere "una solución integral" en este proceso y aseguró que los habitantes lules son los afectados. Destacó lo planteado por una miembra de la comunidad, Camila Rueda, quien cuestionó que no había un plan para desarrollar esta zona, para resolver esto. "¿Cómo puede ser que un área protegida que tiene el beneficio de poder asignarles fondos de la Ley de Bosques hace 10, 12, 13 años, no tenga un proyecto que resuelva el problema de la comunidad? No pueden tener agua, luz, vacas", cuestionó. 

"Esto tiene que servir para visibilizar la realidad, porque la del Pueblo Lule es la misma que yo visito con los wichís, con los guaraníes, con los chorotes, con los tobas, con los chulupíes, es la misma: abandonados, desidia, eso es lo que hay", cerró.