La titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Nación, Marisa Graham, dijo a Salta/12 que solicitó a la provincia que en 30 días presente un plan de contingencia para prevenir muertes de niños y niñas de los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán, enmarcados en una declaración de emergencia sanitaria desde 2020, dispuesta ante los decesos de infantes de pueblos originarios (la mayoría del Pueblo Wichí) por causas evitables.
Graham destacó que esta medida también se requirió en la audiencia realizada el miércoles último ante la Corte de Justicia de Salta en el marco del recurso de amparo presentado en noviembre pasado.
“Si bien el pedido de fondo era la creación oficial de una Mesa Interministerial en la que participaran todos los actores involucrados (...), pedimos una cautelar teniendo en cuenta que también hubo muertes (de niños y niñas de las comunidades originarias) durante el invierno y estamos de cara al período estival”, sostuvo la funcionaria.
Detalló que la Defensoría solicitó que el gobierno acredite, en un plazo de 30 días, el cronograma de operativos que garanticen, no sólo la detección de casos críticos, sino el abordaje y seguimiento exhaustivo y riguroso de la situación de salud de cada niño y niña. Para ello, deberá acreditar la asignación de recursos humanos suficientes, así como datos actualizados de las niñas y los niños en situación crítica bajo vigilancia a la fecha.
El plan de contingencia deberá garantizar mecanismos de asistencia oportuna y eficaz para niñas, niños con alguna afección de salud, debiendo contar con los recursos necesarias para garantizar traslados, como vehículos terrestres (ambulancias) y aéreos y medios de telecomunicación en la emergencia con la debida conectividad. Por último, el plan para el período estival debe garantizar la inmediata provisión adecuada de suficiente de agua segura a través de sistemas de gestión de la provincia, hasta tanto se concluyan las obras de suministro.
La necesaria interculturalidad
Graham indicó que lo acordado en el marco de la cuestión de fondo del amparo es que en dos meses la provincia presente un plan de acción en el cual disponga los pasos a seguir dentro de la Mesa Interinstitucional. El plan deberá ser conformado por acciones que puedan ser mensurables para poder medir su efectividad.
Además de contar con la participación de todos los ministerios con competencias en las materias que confluyen en el problema de fondo, la Mesa debe ser intercultural (con participación plena y activa de representantes legítimos de las Comunidades de Pueblos Indígenas que habitan el territorio de los tres departamentos), e Intergubernamental (con participación de las autoridades municipales).
Graham reconoció los esfuerzos de las carteras provinciales en el caso, y valoró la participación de la Asesoría de Menores, que será organismo contralor de las acciones planteadas en la Mesa.
Al ser consultada por los parámetros que permiten indicar si hubo o no una mejora en la situación de las niñeces originarias y criollas de la zona de Emergencia Sanitaria, Graham señaló que “material comparativo no hay. Solo hay un informe de Salud. Pero estamos pidiendo un plan para poder comparar”. En ese punto añadió que se precisa de una “línea de base, un diagnóstico, para comparar lo que venimos trabajando”.
Concluyó que su intención como funcionaria nacional es aportar la colaboración necesaria en la provincia para mejorar la calidad de niños y niñas wichi que son salteños, pero también “son argentinos. Entonces debo hacer lo imposible para bajar los índices de mortalidad infantil”, y combatir la desigualdad.
