A más de un año de haber sido denunciada, encausada y apresada por haber realizado una interrupción legal del embarazo (ILE), la médica residente Miranda Ruiz fue sobreseída ayer por el juez Luciano Martini, de la Sala I del Tribunal de Impugnación de la ciudad de Salta.

La novedad, que llegó cerca del mediodía de este viernes, fue en el marco de la apelación presentada por Fernanda y Oscar Guillén, abogados defensores de la médica, que impugnaron el segundo rechazo del juez de GarantíasN° 2  de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, al pedido de sobreseimiento.

"Miranda Ruiz actuó autorizada por la Ley", afirmó Martini en su fallo, tras evaluar las distintas consideraciones de las partes en el proceso que se inició el 24 de agosto del año pasado, cuando familiares de una joven de 21 años que había viajado 50 kilómetros hasta Tartagal para pedir acceder a una interrupción legal del embarazo, denunciaron a la médica.

Tras la denuncia, y a pedido del fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, Mariscal Astigueta ordenó la detención de Miranda Ruiz, a quien sacaron esposada del Hospital Juan Domingo Perón el 3 de septiembre de 2021. La detención solo duró unas horas, ante el movimiento de asociaciones civiles y mujeres que se movilizaron en todo el país por la libertad de la médica.

En su fallo, Martini explicó su primer rechazo al primer pedido de sobreseimiento de la médica diciendo que en aquel momento no existía certeza suficiente para dejar de investigar.

Dos imputaciones

Vega primero había imputado a Ruiz por practicar el aborto por fuera de lo establecido en la Ley 27.610, que garantiza la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE  e ILE). Pero luego cambió la acusación y la imputó por practicar el aborto sin el consentimiento de la mujer gestante. 

Sin embargo, el juez Martini afirmó que las pruebas indican que esta joven "prestó inicialmente su consentimiento al aborto", que se llevó a cabo mediante la ingesta de pastillas, que debe realizar la gestante. Las pruebas colectadas en el proceso por peritos de parte y de la Justicia indicaron que en caso de un "ulterior arrepentimiento (...) no podría atribuirse resultado alguno a la conducta de Miranda Ruiz mediante la categoría jurídica de la comisión por omisión -que es, en definitiva, la que contextualiza la mencionada imputación fiscal-". 

El magistrado añadió en esta línea que la gestante había tomado entre 4 y 8 pastillas "antes del eventual arrepentimiento", y que los especialistas que respondieron en la causa como peritos coincidieron en que "la existencia de un procedimiento para revertir el aborto ya iniciado no se encuentra sustentado por evidencia científica". Es decir que "aún de haber existido posterior retractación por parte de la paciente, no existen parámetros científicos que permitan concluir que una conducta distinta a la desarrollada por Miranda Ruiz -sea activa u omisiva- podría haber cambiado, de acuerdo con el curso natural y ordinario de las cosas, el resultado constatado".

Ante ello descartó que existan circunstancias suficientes para imputar el delito a la médica. 

Una joven sola 

Martini también evaluó la primera imputación de Vega, sobre el incumplimiento de la ley al realizarse el aborto luego de la semana 14 de gestación. Observó entonces que no fue solo Ruiz en su calidad de residente (y por tanto a cargo de otros profesionales jerárquicos) quien evaluó la situación de la joven, sino que lo hicieron otros profesionales.

"Surge con meridiana claridad que existían factores sociales y familiares que ponían en riesgo la salud" de la mujer que accedió al aborto, "lo cual es confirmado no sólo por Miranda Ruiz sino por otros profesionales tanto de las ciencias médicas como de las demás disciplinas que hacen a la cuestión", sostuvo el juez. 

Indicó que en uno de los informes se da cuenta de que la joven "fue abandonada, existen antecedentes VIF (violencia intrafamiliar)", además de otras denuncias de vecinos que indicaban que se encontraba en riesgo. Añadió que la joven tiene "una hija sin que el padre aporte a la cuota alimentaria, vive con tíos, primos y su hija, y pernoctó en refugios para mujeres víctimas de violencia". 

Aunque en más de una ocasión Salta/12 consultó a los organismos oficiales sobre la contención a la mujer que accedió a este derecho, las respuestas fueron imprecisas.

"Una causa ridícula"

Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentaron como amicus curiae en la causa contra Miranda Ruiz. 

Al celebrar ayer el sobreseimiento de la médica, la coordinadora de Clínica Legal del CELS, Lucía de la Vega, consideró que este "fue un proceso sumamente injusto".

"Este es por fin el cierre de una causa que era ridícula", como se planteó desde un primer momento, cuando las asociaciones, defensores, el Ministerio de Salud provincial y el de Mujeres y Diversidades de Nación afirmaban que se había actuado conforme a la Ley, sostuvo. 

Para la referente del CELS, es necesario reivindicar a Miranda en su calidad de médica residente pero también de médica rural, quien visita los territorios más inhóspitos para garantizar los derechos de mujeres, adolescentes y niñas criollas y originarias. A lo que se agrega su trabajo en territorio también para prevenir las muertes de las infancias wichí por causas evitables. "Tiene que ser reparada por todo lo que sucedió", afirmó De la Vega. 

Añadió que el proceso que llevaron adelante en la Justicia salteña estuvo "plagado de irregularidades por una cuestión que no era delito", y entendió que la insistencia en la causa contra Miranda tenía por objetivo "dar mensaje atemorizante a trabajadores y trabajadoras de la Salud" que garantizan el derecho a las mujeres.

Mariela Galeazzi, coordinadora de litigio en Amnistía Internacional Argentina, coincidió con De la Vega e indicó que la médica nunca debió estar encausada y mucho menos privada de su libertad. 

El "sobreseimiento reivindica el accionar de profesionales que garantizan la ley. La Ley es muy clara", aseguró al sostener que "es deber de los operadores judiciales actualizar sus capacitaciones y no judicializar acciones que son legales". 

Tanto Miranda Ruiz como sus abogados decidieron abstenerse de hablar hasta el lunes, para cuando convocaron a una conferencia de prensa a partir de las 10.30, en el salón auditorio del hospital tartagalense.