El alegato de la defensa de Cristina Kirchner, incluyendo lo dicho por ella misma, deja el enorme interrogante que ya estuvo planteado al final de los tres años y tres meses de juicio: ¿de dónde sacaran los jueces la prueba para condenarla? En las audiencias, a lo largo de 39 meses, nadie siquiera nombró a CFK, pero en el alegato, Carlos Beraldi contrapuso video con video: imagen de lo dicho por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, enseguida imagen de la respuesta de la defensa. Punto por punto. En ese marco, Beraldi y la propia Cristina no sólo afirmaron que no se puede asimilar un gobierno a una asociación ilícita, sino que no hubo un solo funcionario que dijera que recibieron instrucciones, indicaciones o sugerencias fuera de la norma o lo habitual. En ningún caso -dijeron los testigos- hubo alguna indicación para favorecer a Austral Construcciones y los fondos pasaron todos por el Congreso. En segundo lugar, frente a la acusación de fraude, el letrado probó que no se le pagó nada a Austral-Lázaro Báez que no hubiera estado construído. “Sólo con esa demostración queda descartado el fraude”, aseguró Beraldi. Además quedó en evidencia que fueron falsas las afirmaciones de que hubo rutas que no terminaban en ningún lado o que estuvieran mal hechas o que los atrasos fueran mucho mayores a los registrados por otras empresas y en otros distritos.

Por lo tanto, el mayor interrogante que queda planteado es qué harán los magistrados con su fallo, tal vez a fines de noviembre o en diciembre. Cristina ha dicho que la condena está firmada y también quedó en claro la amistad entre el presidente del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Luciani, así como las visitas a la Casa Rosada de Jorge Gorini (otro magistrado) y el fiscal Mola.

1 La imputación de la asociación ilícita

En términos coloquiales, significa conformar una banda, en este caso, para quedarse con fondos del estado. Lo impactante es que los fiscales sostuvieron que no se necesitaba dar ninguna instrucción, que bastó con “exportar” desde Santa Cruz el equipo de funcionarios de Vialidad que tenía Néstor Kirchner cuando fue gobernador e instalarlos en el gobierno nacional.

Lo que probó Beraldi caminó por distintos carriles:

*Que todos los gobiernos se nutrieron de funcionarios que habían acompañado al presidente en sus cargos anteriores.

*Que no hubo un mail o un chat con alguna indicación y que ningún testigo -diez empleados de bajo rango de Vialidad- dijo que le dieron alguna instrucción a favor de Báez.

*La supuesta asociación ilícita tuvo instrumentos con lo cuales es iba a concretar el fraude. El más importante, el presupuesto nacional, votado por el Congreso. O sea, tendrían que imputar a los diputados y senadores. Pero lo más grave es que los fiscales sostuvieron que hubo fondos que no pasaron por el Congreso, originados en un fideicomiso en base a un impuesto al gasoil. La defensa demolió a Luciani-Mola: demostró que esos fondos sí figuraban en el presupuesto.

*Uno de los mayores impactos, es que Beraldi y Ari Llernovoy exhibieron un proyecto de presupuesto alternativo de la oposición en 2011 y 2012. En ambos casos figuraban las mismas obras para Santa Cruz y a los mismos precios.

*Finalmente, quedó probado que una presidenta no tiene facultades respecto de la administración del presupuesto. Los responsables son los jefes de Gabinete y esos mismos funcionarios firman, por ejemplo, la reasignación de partidas.

2 La imputación de fraude contra la administración pública.

Las primeras cuestiones con las que Beraldi, y también Cristina, le respondieron a los fiscales es que Vialidad es un ente autárquico, de manera que toma sus propias decisiones. Pero más importante que eso es que las obras se licitaron, asignaron y controlaron en Santa Cruz. Allí intervinieron el gobernador, los ministros, la legislatura, el tribunal de cuentas y hasta el poder judicial de la provincia. Por lo tanto, en el juicio se está violando “el pacto federal”, explicó CFK.

Pero más allá de ese enfoque, en el juicio y en el alegato se probó lo siguiente:

*Entre lo pagado y lo construido apenas hubo un 0,06 por ciento de diferencia. O sea, no se pagó nada que no se haya construido. Entre otros, lo testimonió el auditor de Vialidad, Justo Pastor Romero, convocado a hacer una auditoría por el macrismo.

*No hubo rutas que terminaran en la nada ni rutas mal hechas. Los atrasos fueron los habituales comparando las de Austral con otras empresas y otros distritos. Beraldi exhibió el testimonio de numerosos empresarios, incluyendo el primo de Macri, Calcaterra, cuya empresa -Iecsa- tenía atrasos en más de la mitad de sus obras.

*Lázaro Báez ganó 51 de las 81 rutas. “Las empresas localizadas en la provincia tienen fuertes ventajas competitivas”, declaró el propio Calcaterra. Pero los fiscales no pudieron sostener la acusación de que las licitaciones fueron amañadas y Beraldi, además, demostró que las adjudicaciones se hicieron dentro de los valores del pliego o levemente por arriba, lo que está permitido por la ley.

*Báez obtuvo las 51 adjudicaciones en materia de rutas, pero perdió todas las de energía en su provincia y todas las de rutas fuera de Santa Cruz. En 12 años se le asignaron obras por unos mil millones de dólares, a unos 80 millones de dólares por año. Perdió -aliado con el grupo Macri- la licitación más importante de Santa Cruz, la relacionada con las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. Ese contrato era por casi 5.500 millones de dólares.

*Finalmente, Beraldi exhibió un demoledor análisis sobre las pericias para sostener que no hubo sobreprecios en las obras. De todas maneras, una presidenta no tiene ni facultades ni responsabilidades sobre cuestiones como el detalle de los precios o si los terraplenes tenían o no la medida que corresponde.

3 Los próximos pasos.

Por supuesto que a partir de este lunes continúan los alegatos. El que sigue es de la defensa de Carlos Kirchner, un primo de Néstor, que no tenía la menor relación con las obras viales de Santa Cruz. Intervendrán los abogados Enrique Arce y Nicolás Guzmán. Carlos Kirchner estuvo preso dos años, esencialmente por portación de apellido. La acusación contra él es tan débil que los fiscales lo sacaron de la asociación ilícita en el alegato y sólo le pidieron una pena condicional por abuso de autoridad: dos años en suspenso. El martes alegará Santiago Finn, defensor oficial de José López, el exsecretario de Obras Públicas que tiró nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. En este expediente la fiscalía presentó muy poca prueba y concretó una maniobra escandalosa: mencionó cuatro mensajes entre José López, un gerente de Austral y un secretario de CFK, mientras ocultó los contactos con quienes parecen haber estado más cerca del funcionario que acopió la coima: Nicolás Caputo, el amigo de Macri, y Eduardo Gutierrez, un empresario vinculado al macrismo.

4 Tras los alegatos

Un interrogante está en si Luciani-Mola quieren responder a los alegatos. El código procesal prevé que sólo pueden hacerlo si los defensores introdujeron elementos nuevos. Hasta el momento eso no ocurrió, pero ya se sabe que, como dijo Beraldi, se juega con cancha inclinada. Si los fiscales replican, los letrados -y la vicepresidenta- pueden volver a contestar. 

En Comodoro Py afirman que Luciani se queja: “me dejaron solo”. Es decir que nadie le contesta, aunque sea a través del periodismo, a los argumentos de las defensas. Es que el método de Beraldi fue casi imposible de responder. No interpretó nada: expuso lo que dijeron los fiscales con los videos de los fiscales y respondió con los videos de los testigos. Tal vez lo más inesperado es que la defensa de Cristina respondió a cada detalle, incluso sobre las obras, aunque no fueran competencia de la entonces presidenta.  

Pese a la contundencia, parafraseando a lo dicho por CFK, el Poder Judicial ha creado un clima en el que ella se siente "en estado de sitio" e "indefención".