Los senadores del Frente de Todos votaron a favor del proyecto que amplía a 15 el número de integrantes del máximo tribunal nacional basándose en la necesidad de las medidas necesarias para lograr una administración de justicia independiente de los otros poderes y que dé respuestas a los requerimientos de la sociedad. El senador de la oposición lo consideró solo una medida sin mayor relevancia.
El jueves último, en una reñida votación, el oficialismo logró la aprobación del proyecto que amplía el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
La senadora nacional Nora Giménez (FdT), que votó a favor, destacó que esta iniciativa busca dar una "respuesta efectiva a este gran problema de la Nación argentina, que nos atraviesa a todos como sociedad", añadió que particularmente los legisladores tienen la "enorme responsabilidad política de asumir las medidas necesarias para recuperar una justicia independiente y confiable para el pueblo argentino".
Consideró que la ampliación mejorará la administración de justicia, mejorá la representación ciudadana y garantizará la imparcialidad de los jueces y juezas.
"La realidad nos marca que no podemos continuar con esta Corte, la Corte de los cuatro miembros, que no pueden ni quieren administrar justicia, porque se ha perdido la esencia de la función que es la de administrar justicia para mayorías y minorías garantizando en tiempo debido, porque la justicia a destiempo deja de ser justicia", añadió.
Y cuestionó que la Corte Suprema se convirtió en un tribunal "con una mirada sesgada que no incorpora la mirada de género, es decir, conserva la mirada desigual que es la herencia misma del patriarcado", peor aún en un país "donde los femicidios y la violencia ejercida contra las mujeres y las familias nos atraviesan". Es además un tribunal que "resuelve desde una mirada absolutamente centralista desconociendo la realidad de la Nación".
Por otro lado, recién llegado a Salta luego de la sesión, el senador Sergio Leavy dijo a Salta/12 que el proyecto en cuestión busca que se democratice la justicia en el país.
“Hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 418 juzgados y en el resto del país hay 127, para que tengamos noción de cómo se centraliza la justicia del país, y actualmente, se presentan 27 mil casos por año y solo el 1% llega a sentencia, por lo que la justicia necesita una transformación y eso tiene que ver con aumentar los jueces de la Corte y distribuirlos en regiones”, detalló.
Ante las críticas de la oposición que hacen mención a que el gobierno nacional pretende nombrar y designar jueces de su riñonada, Leavy afirmó que “para nombrar un juez necesitas la aprobación de dos tercios del Senado, y el jueves conseguimos 37 votos para aprobar el proyecto, entonces para aprobar el pliego de un juez se necesita el voto de 48 senadores”.
Tomando como antecedente el inicio del gobierno de Mauricio Macri, recordó que "parece que se olvidaron que dos jueces de la Corte fueron nombrados por decreto por el gobierno nacional anterior cuando la Constitución dice que a los jueces los nombra el Senado de la Nación”.
“Es un proyecto que se está pensando a largo plazo y en el que se va a necesitar muchos consensos, o sea que no se va a aplicar en los próximos meses”, concluyó.
No habrá consensos
En cambio, Juan Carlos Romero, senador de Juntos por el Cambio, no dudó en reiterar, como buena parte de la oposición, que con este proyecto el gobierno busca tener "jueces militantes".
En cuanto al argumento de federalizar el servicio de justicia, el exgobernador de Salta invitó a tener "presente que los senadores tienen la representación de todas las provincias y participan en la elección de los ministros de la Corte, entonces el show que están armando no tiene razón de ser".
Ya con la media sanción consumada, para Romero “este proyecto si no muere en la Cámara de Diputados, no va a haber jamás condiciones para el diálogo político ni para el consenso para la designación de los jueces”.
Antes de la sesión del jueves, el proyecto sufrió modificaciones, ya que originalmente pretendía llevar a 25 la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia propuesta que contó con el visto bueno de 16 gobernadores del país, y fue presentado por los legisladores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti. Tras negociaciones internas con la oposición, ese número se redujo a 15.
El proyecto establece que la SCJN pase a tener diez miembros más, los cuales pasarían a estar divididos por regiones, y también se busca que ninguno de los dos géneros pueda tener más de 8 representantes, buscando que efectivamente tenga perspectiva de género el servicio de la justicia, que hoy cuenta solamente con la presencia de cuatro hombres, luego de la renuncia de Elena Highton de Nolasco en noviembre del año pasado.
