Salta es una de las cuatro provincias, junto con Chubut, Mendoza y Jujuy, que tiene una Ley de “Ficha Limpia”, normativa que impide el acceso a un cargo público electivo provincial o municipal, a aquellas personas condenadas judicialmente en segunda instancia y mientras dure la condena por delitos asociados a la corrupción en la administración pública, homicidios, delitos contra la integridad sexual, los cometidos contra el estado civil de las personas y contra la libertad individual.

El proyecto tuvo media sanción en Diputados y pasó en revisión al Senado, donde se introdujeron modificaciones para que se aplique cuando haya una sentencia judicial firme. En la Cámara Alta argumentaron que, de lo contrario, la ley podría ir contra la garantía constitucional de presunción de inocencia. Sin embargo, la Cámara Baja insistió en su iniciativa, y en 2021 la convirtió en ley con 56 votos a favor y solo uno en contra, de Claudio del Plá (Partido Obrero).

Cuando impulsó el texto, la diputada Laura Cartuccia (PRO), sostuvo que era “imprescindible para recuperar la confianza pública en las instituciones” y para “que la política y la función pública no sean un medio para delinquir”. A su vez, la legisladora macrista Silvia Lospennato hizo lo propio en el Congreso de la Nación y, en una sesión, pidió un apartamiento del reglamento para tratar el proyecto, algo que no prosperó. Cartuccia y Lospennato recogieron la idea del autodenominado “movimiento ciudadano ficha limpia” que hace lobby por la ley en todo el país elogiando a sus adherentes y señalando a legisladores que advierten la posible inconstitucionalidad. En Juntos por el Cambio hicieron del proyecto una bandera.

Ahora bien, ¿la ley pone límites a la corrupción en la función pública o es una medida que en la jerga popular se la atribuye “para la tribuna”?

Legisladores provinciales de distintas extracciones políticas, coincidieron ante la consulta de Salta/12 en que es un primer paso para transparentar la gestión pública, que servirá como un filtro y que una condena en segunda instancia es suficiente para interpretar la conducta de quien aspira a obtener un cargo por el voto popular, aún cuando la sentencia no esté firme.

“Todas las leyes que reglamenten el accionar del hombre político y ante la administración de los recursos del Estado, es buena. Lo que antes se acostumbraba como una cuestión moral y de honorabilidad, hoy lamentablemente por los casos que se denunciaron públicamente, nos vemos obligados a sacar leyes de este tipo”, afirmó el diputado Germán Rallé, presidente del bloque justicialista Gustavo Sáenz Conducción.

Además, el legislador de General Güemes destacó que “lo importante es siempre la presunción de inocencia hasta que la justicia determine lo contrario” y recordó que él ha enfrentado un proceso judicial: “A mí me toco gobernar un pueblo, tuve denuncias penales y me llevó 8 años demostrar ante la Justicia mi inocencia. Eso en lo personal me dió una tranquilidad y una mirada distinta de poder caminar mi pueblo tranquilo, de pedirle a la gente el acompañamiento y saber que pude demostrar ante el sometimiento judicial que yo era inocente”.

Para Isabel De Vita, del Partido de la Victoria, en la interpretación de la ley se debe aplicar “mucho criterio no solo desde lo jurídico sino también desde lo político” porque “la información, la comunidad, las redes hoy hacen que un ciudadano esté informado mucho más rápidamente que una década atrás sobre una persona”. “Para mí la corrupción es un tema que va con la práctica de la democracia, es decir, no es sinónimo de que todos los políticos son corruptos, no creo que sea eso, ni que todos los políticos no lo son. Si analizamos al político como un ciudadano y a la ley como la ley que es aplicable a todos por igual, vamos a entender el análisis profundo de lo que es la ficha limpia”, añadió la diputada provincial.

El legislador del partido Ahora Patria, Roque Cornejo Avellaneda, consideró que la sentencia judicial en segunda instancia “da cierta certeza al ciudadano respecto a la conducta” de quien se candidatea. Y agregó: “Es un filtro muy justo y necesario; además es un tema que nos tiene que llevar a pensar sobre la demora que tienen los procesos judiciales. Cuando la administración de justicia es lenta, no hay justicia posible por administrar. No podemos tolerar procesos que sean de 8, 12 o 14 años. El mismo imputado tiene derecho a acceder a una justicia rápida, expedita, lo más cierto y antes posible”.

Mientras que Bernardo Biella Calvet, del partido Salta Independiente y legislador por Capital, afirmó que “es un primer paso” para transparentar la administración pública, de manera tal que “es necesario tener una ficha limpia para poder participar en las elecciones”. Al ser consultado si la ley evitará que se susciten casos de corrupción, Biella respondió: “Ojalá que sí. Por lo pronto va a haber ya un sesgo para poder acceder a un cargo”.

Controversia judicial

La ley de “ficha limpia” ha despertado un debate en torno a la constitucionalidad o no. Tanto es así que se impulsó una acción popular de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta. Entretanto, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, emitió un dictamen pronunciándose a favor: “la sanción de la ley fue la consecuencia de una necesidad y demanda social dirigida a concretar un cambio de paradigma en materia de lucha contra la corrupción, como así también la integridad e idoneidad de aquellos que aspiren a ocupar funciones en la vida democrática de una organización social, demanda imperativa si las hay, de nuestra sociedad contemporánea”, sostuvo.

El jefe de fiscales argumentó que la “segunda instancia” reconoce “la garantía infranqueable del derecho a la “doble instancia” en materia penal a favor del imputado, "derecho que se encuentra en lo más alto del ordenamiento jurídico”. “El hecho que la sentencia aún no se encuentre firme por la posibilidad de interposición de otros recursos, que habiliten otras vías ulteriores de revisión hasta adquirir firmeza, no resulta un obstáculo constitucional en relación al requisito definido en la ley 8275, ni contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, afirmó.

En la práctica

Mas allá del debate jurídico-político, existen ejemplos para analizar la ley de ficha limpia desde su aplicabilidad. Se puede mencionar el de Kuldeep Singh, el diputado que fue suspendido de su banca luego de que lo denunciaran por robo y privación ilegítima de la libertad cuando fue parte de un “golpe comando” a una empresa. Si bien el exlegislador de Rosario de la Frontera fue desplazado a fines de 2018 y posteriormente detenido, en 2021 fue electo concejal de la ciudad termal, ahora preside el cuerpo deliberativo y ya piensa en la intendencia. 

Singh utilizó el mismo partido que llevó como candidato al expolicía y actual diputado Gustavo Orozco, quien debe enfrentar un juicio por vejámenes, torturas y apremios ilegales. Con la ley no se hubieran podido impedir estas candidaturas, pues en ninguno de los casos hubo resolución judicial pese al transcurso de los años. Tampoco se podría aplicar contra Julio Jalit, el ex intendente de Pichanal que se encuentra imputado por un mix de delitos, todavía sin enfrentar juicio, ni se podría aplicar en el caso del ex intendente de Salvadro Mazza, Rubén Méndez, que está siendo investigado. Hay otros casos de políticos y políticas sometidos a proceso penal que siguen en condiciones de postularse a cargos electivos. 

Así las cosas, la ley de “Ficha Limpia” parece ser un proyecto más bien declarativo, presentado en la agenda pública como un eslabón más de la “lucha contra la corrupción”. Si el espíritu es impedir que personas utilicen cargos públicos para evitar ser juzgados por algún delito o bien para delinquir, tal vez se debería primero mejorar el servicio de justicia. Esto también evitaría la fabricación y difusión de noticias falsas y dejaría atrás la naturalización de las acusaciones sin pruebas, algo que contribuirá a recuperar la confianza de una parte de la ciudadanía desencantada con quienes ejercen la política partidaria.