En diciembre se cumplirán 45 años desde que sus madres fueron secuestradas por un grupo de tareas y llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde fueron torturadas hasta ser trasladadas en un vuelo de la muerte. Sus cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Pese a los años transcurridos y al camino hecho, Mabel Careaga y Cecilia De Vincenti sienten que aún les resta saber mucho sobre lo ocurrido con las dos fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. A partir de que Página/12 revelara que hubo una integrante del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) infiltrada en ese organismo de derechos humanos, las dos mujeres se presentaron ante el juez federal Ariel Lijo para que investigue si la espía estuvo involucrada en las desapariciones de Esther Balestrino de Careaga y de Azucena Villaflor de De Vincenti.

Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, fueron secuestradas doce personas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz para coordinar las tareas para buscar a sus familiares desaparecidos. Entre ellos se infiltró el capitán Alfredo Astiz, simulando ser hermano de un detenido-desaparecido. Astiz –bajo el nombre de Gustavo Niño– se ganó la confianza de las Madres, que lo cuidaban como a un hijo más y solían recomendarle que no se expusiera. Astiz logró adentrarse y saber que ese 8 de diciembre se iban a reunir en la iglesia de la calle Estados Unidos para juntar fondos para pagar una solicitada que iban a publicar en el diario La Nación. A Azucena Villaflor la secuestraron dos días después en Sarandí cuando había salido a comprar el periódico.

Sin embargo, Astiz no fue el único integrante de las fuerzas represivas que se mezcló entre los militantes. El legajo de una exintegrante del Cuerpo de Informaciones de la PFA demuestra que ella estuvo infiltrada en lo que la fuerza llamaba “Madres de Terroristas”. A la mujer también la mencionó un exmiembro de la PFA, Luis Alberto “Japonés” Martínez, que la vinculó a los secuestros de la iglesia de la Santa Cruz. En 1981, desde Suiza, Martínez habló de “Isabelita” como una mujer que el Cuerpo tenía infiltrada en los grupos de activistas de derechos humanos. En el legajo de la mujer, figura que había sido mencionada en una denuncia hecha por un exintegrante de las fuerzas en el exterior.

Con estos elementos, Careaga y De Vincenti –junto con los abogados Luis Alén y Mariano Duhalde– pidieron a la justicia que investigue a Isabel Correa. La exagente ya había sido denunciada en 2013 por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré después de que el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) hallara su legajo. El juez Sergio Torres dispuso una serie de medidas pero, al no encontrar elementos concluyentes, archivó parcialmente la investigación.

Después de la investigación de Página/12, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) pidió el desarchivo de la pesquisa. El fiscal Eduardo Taiano estuvo de acuerdo y el juez federal Ariel Lijo –a cargo actualmente de la megacausa ESMA– dispuso la reapertura de la investigación. Ya se presentó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires para pedir que investiguen a Isabelita –graduada en Ciencias de la Educación– y ahora hicieron lo propio las hijas de dos de las Madres fundadoras.

“Nuestra sensación es que siempre hay cuestiones ocultas, que nunca se terminan de saber y que tenemos que ser los familiares quienes estamos detrás de estos temas”, le dice a este diario Mabel Careaga después de que hicieran la presentación ante el juzgado que subroga Lijo.

“Lo más duro de pensar en una infiltración es que las Madres confiaban unas en otras. Yo iba a Familiares y a la Plaza antes de irme al exilio y podías ver esa comunión. Lo terrible es pensar que esta mujer se haya ganado la confianza y seguramente el cuidado de nuestras Madres”, agrega Careaga. “Necesitamos una justicia que acompañe y que estos hechos de infiltración sean realmente investigados”, pide.

Cecilia De Vincenti aún conserva la sorpresa de haberse enterado de la existencia de una infiltrada más allá de la actuación del marino Astiz. “Afectivamente estas cosas son muy movilizantes porque tuvimos que esperar tantos años para saber y se remueve ese sentimiento de cuántas cosas aún no sabemos”, cuenta la hija de Azucena Villaflor.

El juez Lijo está recabando información que le permita entender el rol que jugó la infiltrada dentro del Cuerpo de Informaciones. Después de la dictadura, Isabelita pasó al Departamento de Protección del Orden Constitucional (POC), que tuvo como primer jefe al represor Pedro Santiago Godoy –uno de los espías policiales que se deshizo en halagos hacia la mujer cuando le tocó calificarla–. Fue, además, una de las elegidas por el procurador Andrés D’Alessio para investigar el ataque a La Tablada y, a mediados de los ‘90, participó de una serie de detenciones de militantes. Para dar con ellos, los espías de la PFA volvieron a infiltrarse en marchas de las Madres de Plaza de Mayo porque las consideraban un “caldo de cultivo”. Con los años, se convirtió en la jefa de estudios de la Escuela Federal de Inteligencia –donde se formaban los efectivos de la PFA que se iban a dedicar a esa especialidad–. Pasó a retiro a los pocos meses de que asumiera Néstor Kirchner.

“Pasaron 45 años y siguen apareciendo cosas porque la represión fue clandestina. Por lo que falta aún saber es que la justicia tiene que actuar”, reclama Careaga.