Sobre el límite con Bolivia y Paraguay, y en el norte del departamento Rivadavia de la provincia de Salta, avanza el proceso de demarcación definitiva del terrtitorio comunitario de Lhaka Honhat. Son 643 mil hectáreas, que formaban parte de los ex lotes fiscales conocidos por su antigua nomenclatura catastral: 55 y 14.
El 6 de febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció un plazo de seis años para reparar derechos de las comunidades indígenas de este territorio vulnerados por el Estado argentino: a un ambiente sano, alimentación, agua e identidad cultural. Ya pasaron dos. Los miembros del tribunal internacional ordenaron llevar adelante procesos territoriales que la Nación y la provincia de Salta venían dilatando. Por lo tanto, de ahora en más y a medida que el plazo se acorta, se abren interrogantes a futuro. Uno de ellos: ¿cómo decidirán las comunidades nucleadas en Lhaka Honhat gestionar sus recursos del subsuelo como el petróleo?
La investigación que permitió elaborar este artículo comenzó a mediados de febrero de 2022. Las primeras indagaciones comenzaron en la Secretaría de Hidrocarburos y continuaron con consultas al secretario de la Delegación de Asuntos Indígenas del Estado salteño, Marcelo Córdova. Sus respuestas llevaron a conjeturar que la Constitución Nacional de 1994 podría no jugar a favor de las comunidades, particularmente en el tema de la gestión de los recursos del subsuelo en el territorio colectivo.
“Hasta donde tenemos entendido, los recursos naturales del subsuelo son de la Nación Argentina”, respondió entonces Córdova. La Delegación de Asuntos Indígenas depende directamente del Poder Ejecutivo provincial. Salta/12 se contactó con la filial argentina de la empresa Madalena Energy para saber si los cuatro pozos petroleros que tiene concesionados en los ex lotes fiscales 55 y 14 se encontraban activos. Desde sus oficinas en Buenos Aires, pidieron un mail para formalizar la consulta. No respondieron más.
Según el sitio web Datos Abiertos, del gobierno nacional, los cuatro pozos petroleros ubicados en el territorio comunitario fueron concesionados por última vez a la empresa Madalena Energy. De esa base de datos, las capas cartográficas disponibles permitieron conocer los viejos códigos de los cuatro pozos: YPF.St.ML.x-1; YPF.St.CM-1; YPF.St.SV-2; YPF.St.SV-2.
En primer lugar, indican que fueron perforados por la ex-empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, antes de que fuera entregada a multinacionales durante las privatizaciones de los años 90. Luego, la misma base de datos, indicó que se encuentran dentro del yacimiento Santa Victoria. Los pozos tienen una profundidad que oscila entre los 2546 y los 3895 metros. Finalmente, una base de datos de la Secretaría de Energía de Nación permitió establecer que los pozos no se encuentran activos, al menos desde enero de 2006 a la fecha.
Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a Lhaka Honhat ante la Corte IDH, precisó cuestiones puntuales del fallo de la Corte IDH que se relacionan directamente con la futura gestión de los recursos dentro del territorio comunitario. “La decision de la Corte tiene cuatro aspectos importantes. Uno de ellos es la imposibilidad del Estado argentino de avanzar con cualquier tipo de decisión, sin antes transmitirle a las comunidades”. Morales aclaró que esas decisiones pueden referir a aspectos diversos. Por ende, puede incluir cualquier tipo de medida preparatoria o de exploración de hidrocarburos en ese territorio.
“El tema explotación petrolera fue citado dentro de la decision de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Llhaka Honhat”, continuó Morales. Contó luego que “entre el año 2000 y 2001" les "llegó informacion de que una empresa que se llamaba Compañía General de Combustibles había realizado algunas picadas dentro del territorio. Eran tareas de exploracion. Ocurrió en el marco del caso. En ese momento estabamos en un período de solución amistosa”.
Morales brindó más detalles. Reclamaron al Estado nacional y se generaron reuniones en la Secretaría de Energía de Nación en Buenos Aires. “Finalmente nos informaron que la empresa realizaría esas tareas de exploracion fuera del territorio reclamado”. El abogado del CELS recordó que el hecho luego fue relevado por la Corte IDH, e integró los argumentos del CELS a favor de Lhaka Honhat ante tribunal internacional. “Durante mucho tiempo, sobre ese territorio se hicieron obras sin consultar a las comunidades. De ahora en más, no podrán conceder áreas de exploración o habilitar tareas previas de exploración como la construccion de picadas, sin antes discutirlo con las comunidades. En términos más coloquiales, estarán supervisados (el Estado nacional y el gobierno provincial) por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, recordó Morales.
Dos mundos, dos procesos, línea de por medio
La cercanía con Bolivia es otro de los aspectos que convierte al proceso comunitario de Lhaka Honhat en caso testigo. Un límite internacional divide dos procesos comunitarios. Cruzando la línea imaginaria al norte del territorio comunitario de Lhaka Honhat, Bolivia es un Estado plurinacional, descentralizado y con autonomías indígenas desde 2009. Implica que en el vecino país ya se reconocieron y titularon todos los territorios de las comunidades originarias. Es decir, es un tema cerrado.
Justino Zambrana, presidente de la Asamblea Nacional Guaraní, en la vecina Bolivia, dialogó con Salta/12 sobre el proceso de las comunidades bolivianas en los departamentos Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz con las empresas petroleras. Primero apuntó directo a cuestiones fundamentales. “El gobierno argentino debería aprobar cuanto antes una ley para asegurar los territorios de los pueblos indígenas, como tenemos en Bolivia”, dijo. “Debería mostrar su voluntad política de respetar los derechos de los hermanos en Argentina. Es urgente, pero son sugerencias, claramente”.
Sobre el manejo económico y el modelo de desarrollo de las comunidades del Lhaka Honhat en su territorio, fue aún más claro, “Lo primero que deben hacer es prepararse para no cometer errores, hacer bien las cosas. Ahí estaremos nosotros, prestos con los hermanos indígenas argentinos, guaraníes indígenas también, al momento que nos necesiten. Muchos hermanos han sufrido con esas empresas. Bolivia tiene bastante que contar”.
“¿Cómo se maneja el Pueblo Guaraní, dentro de sus territorios, con el extractivismo petrolero? ¿qué rol cumple el Estado boliviano?”, le preguntó Salta/12. “Actualmente las petroleras trabajan en varios territorios ancestrales titulados. Son transnacionales en coordinación con la empresa nacional, que es YPFB (por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos)”.
Zambrano comentó la experiencia en Campo Margarita,Tarija, vecino justamente al territorio de Lhaka Honhat. “En 2016 comenzó a explotar una empresa española Repsol, en territorio del Pueblo Guaraní Itika Guasu”, contó. Ese año, la comunidad se manifestó porque la extracción de gas causaba daños ambientales y socioculturales. “Lo que ocurre es que las empresas siempre han tratado de dividir a los pueblos indígenas”, explicó. “La estrategia del gobierno nacional, es ser parte de las divisiones”, dijo el dirigente. “No permite el desarrollo de nuestros pueblos en el marco de la autodeterminación”.
Zambrano definió las experiencias con las petroleras como “negativas. No respetan. Piden permiso para entrar y una vez que ingresan, prosiguen con su estrategia de silenciar al pueblo indígena. Eso ocurre hoy en Bolivia. En nuestros territorios, el gobierno es cómplice. No realiza el seguimiento de nuestras quejas. Imagine que de nuestro territorio extraen el 90 por ciento del gas que exporta Bolivia”, pero "resulta que no vemos desarrollo económico. No hay retorno. Cada gobierno que entra, trata de minimizar la pobreza especialmente, siendo que la pobreza esta ahí, del territorio donde sale el gas”, sostuvo.
Este medio también quiso saber quiénes otorgan los permisos de explotación en los territorios comunitarios, si las comunidades o el Estado boliviano. “Ambos”, aclaró Zambrana. “El Estado en la Constitución tiene la autorizacion de explotar, siempre y cuando se llame a consulta y participación de buena fe a los pueblos. Pero en los casos de las petroleras, el gobierno hace consultas camufladas”, se quejó, “Si no tiene más remedio, comienza a manipular la información y a las bases”.
Zambrano explicó que en Bolivia, “el Estado firma sus compromisos con las empresas extranjeras, especialmente YPFB”. Para el dirigente, es la razón por la que el gobierno del vecino país no monitorea las denuncias de las comunidades. “Los pueblos indígenas estamos hartos de soportar la situación con las petroleras. El gobierno dice estar a favor de los pueblos indígenas, pero en la práctica no lo está haciendo. El anterior gobierno de Evo Morales hizo lo mismo que éste (por el gobierno de Luis Arce)”. Añadió que “la justicia comunitaria no está en la agenda del gobierno nacional”, y recordó que en febrero de este año un relator de las Naciones Unidas monitoreó la situación de los pueblos indígenas en Bolivia.
De hecho, las conclusiones del relator Diego García-Sayán fueron publicadas el 22 de febrero último en la web del Centro de Prensa de Naciones Unidas. “La justicia está lejos de la gente. La construcción de un sistema de justicia independiente y accesible es un reto fundamental de la sociedad boliviana”, dijo.
Justino Zambrana fue enfático: “No somos sectores sociales, somos naciones indígenas que tienen su territorio propio. Al gobierno nacional le gusta discriminar y manejar a los pueblos indigenas. Que estemos callados, que no digamos nada”. Luego explicó que, para los pueblos guaraníes, el federalismo es una vía para la autonomía y la autodeterminación, “pero sin dividir al país”, aclaró. “Depende de como se piensa el desarrollo de los pueblos indígenas. No somos enemigos de nadie. Proponemos el bienestar social. Eso planteamos y estamos preparados jurídicamente para dar batalla en todos los escenarios. Estamos cansados del tema petrolero y del incumplimiento de los derechos indígenas. No hay justicia. No hay una voluntad política de buena fé: hay complicidad de los gobiernos con las empresas petroleras”.
Después de la entrevista con Zambrana, Salta/12 consultó al abogado del CELS, Diego Morales, sobre las regalías petroleras en el territorio comunitario de Lhaka Honhat. “La Corte Interamericana fijó tres garantías”, contestó. “Una es la consulta. Para hacerla, el Estado argentino deberá brindar toda la información necesaria a las comunidades. Se hará además, de buena fe. Además, deberá realizarse a través de mecanismos o medios que sean culturalmente adecuados”, profundizó. “La segunda cuestión es el informe de impacto ambiental. Y la tercera es definir cómo se benefician las comunidades en el caso que haya un acuerdo y no exista un impacto ambiental dañino. Esa garantía está detallada el párrafo 174 del fallo de la Corte de 2020”. La sentencia ordena: “se debe garantizar que las comunidades indígenas se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio”.
Las comunidades originarias del norte salteño esperaron décadas el desenlace del “Caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”. Patrocinadas por el CELS desde 1998, llegaron a instancias de la Corte IDH. El 6 de febrero de 2020 este tribunal emitió un fallo histórico: ordenó al Estado argentino otorgar un título de propiedad colectiva de 400 mil hectáreas a las comunidades integrantes de Lhaka Honhat. Por acuerdos alcanzados entre las 132 comunidades indígenas y las familias criollas que habitan los ex fiscales, 243 mil hectáreas serán distribuidas entre estas últimas.
Se trata de un caso testigo por muchas razones. Por primera vez, la Corte condenó a un Estado americano por violar los derechos a un ambiente sano, a la alimentación, al agua y a la identidad cultural. Por otro lado, en Argentina todavía no existe una ley de propiedad comunitaria de la tierra que titule y entregue definitivamente los territorios ancestrales a las comunidades indígenas distrinuídas por todo el territorio nacional. La ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, brinda un paraguas para que propietarios registrales no expulsen a estos pueblos de sus territorios mientras se lleva a cabo el relevamiento de la ocupación ancestral.
Como tampoco existe en el país una ley federal de consulta previa, libre e informada que asegura derechos comunitarios. En este caso, la Corte IDH obligó al Congreso nacional a generar los acuerdos necesarios para aprobar esos dos instrumentos legales y luego reglamentarlos.
La historia del primer territorio comunitario en Argentina se escribe en estos momentos. Es de prever que la administración de los recursos del subsuelo -gas y petróleo– en el territorio de Lhaka Honhat, generará discusiones en el futuro próximo. Será seguido de cerca por el resto de las comunidades originarias nacionales, mientras esperan que el Congreso cumpla y sancione las leyes de propiedad comunitaria y de consulta previa, libre e informada.
