A través de un proyecto de ordenanza de la concejala capitalina Carolina Am (Unidos por Salta) se pretende incorporar la perspectiva de género al código tributario de la ciudad de Salta. El proyecto tiene como objetivo adoptar políticas fiscales para sumar una herramienta más en la prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia contra la mujer. 

"Si se tiene en cuenta esta mirada en el gasto, también se debe contemplar en la recaudación”, dijo Am en un encuentro que mantuvo con integrantes de la Comisión de la Mujer y Juventud del Concejo Deliberante, junto a la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia, Itatí Carrique, y a la subsecretaria de la Mujer de la Municipalidad de Salta, Gabriela Gaspar. 

La edila explicó que algunas de las modificaciones consisten en establecer beneficios fiscales marcados por la perspectiva de género, y que impactarían en el Impuesto Inmobiliario, el Impuesto a la Radicación de Automotores, la Tasa General de Inmuebles, la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene, entre otros. Esto implica beneficiar a mujeres, personas transexuales, travestis o transgénero, que sean víctimas de violencia doméstica por razones de género, o a tutores o guardadores que hayan quedado a cargo del o los hijos menores de edad de una víctima de femicidio, transfemicidio o travesticidio. 

De acuerdo a la iniciativa, los beneficios serán por única vez con el objetivo de ampliar la equidad social y la inclusión. Por ejemplo, en el caso del Impuesto Inmobiliario, se pretende incorporar el inciso t al artículo 115, de la ordenanza N° 15.921, de Código Tributario, que establece la exención del cobro de impuesto. 

De acuerdo a la propuesta de Am, se insta a incorporar tres situaciones puntuales. La primera es la exención del impuesto por el plazo de dos años a "la parcela que sea única propiedad de una mujer, persona transexual, travesti o transgénero que sea víctima de violencia doméstica por razones de género". 

La segunda situación contempla a aquella mujer, persona transexual, travesti o transgénero, que esté alquilando un inmueble, "y que de acuerdo a las cláusulas contractuales del mismo, esté a su cargo el pago de este tributo, por el plazo máximo que dure el contrato da locación y por única vez". Por último, también se establece la exención sobre aquella "parcela que sea única propiedad del familiar, tutor o guardador, que haya quedado a cargo del a los hijos menores de edad de una víctima de femicidio, transfemicidio o travesticidio, hasta que estos alcancen la mayoría de edad". 

En todas las situaciones las personas que quieran acceder a este beneficio deberán presentar ante la autoridad de aplicación un informe de la Subsecretaría de la Mujer de la ciudad de Salta, o del órgano que lo reemplace en el futuro, que demuestre la condición de vulnerabilidad de la víctima por violencia doméstica por razones de género. 

La concejala dijo a Salta/12 que la iniciativa tiene el fin de mostrar el tributo como "una herramienta que genera igualdad de oportunidades", lo que además, representará un cambio en la política tributaria, convirtiéndose "en un precedente de políticas púbicas con perspectivas de género". En esa línea, recordó que la provincia está en emergencia social en materia de género desde 2014, por lo que consideró preciso mirar con "otros anteojos" todos los espacios, actividades y roles que ocupan las mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+. 

En la formulación del proyecto se recordaron algunos avances en materia presupuestaria que en otras provincias aplicando una perspectiva de género en la distribución de gastos. La propuesta es que se adopte una lógica de manera integral también en la ciudad de Salta, en la que se tenga claro que "los mismos esfuerzos se deben volcar en materia de recaudación de tributos para lograr un sistema que contemple a la mujer y persona LGTBIQ+". 

Como antecedente, se encuentran diferentes políticas nacionales ya establecidas, como la inclusión del artículo 6 de la Ley N° 27.630, que reforma la Ley de Ganancias de Sociedades y que permite una mayor deducción de honorarios en el caso de tratarse de puestos de dirección ocupados por mujeres, travestis, transexuales o transgéneros. 

En ese sentido, se sostuvo que el análisis desde una perspectiva de género sobre el Código Tributario Municipal de la ciudad de Salta "implica examinar cómo el sistema tributario refuerza o no patrones y estructuras que contribuyen a la desigualdad de género". Para ello, "es necesario determinar el impacto de los tributos de manera desproporcionada y la influencia de los mismos sobre las elecciones, decisiones y comportamientos del sector productivo y empresarial". 

Durante el análisis, Gaspar, quien estuvo acompañada de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de ARMSa, puso de manifiesto el acompañamiento del Ejecutivo Municipal al proyecto. También indicó que con la incorporación de estas modificaciones, “se ayuda a paliar la violencia económica que sufren muchas mujeres”. Los funcionarios además realizaron propuestas de orden técnico a la redacción, las cuales serán analizadas en próximos encuentros de la Comisión.

Por su parte, Itatí Carrique dio detalles de los lineamientos que están llevando a cabo desde su área en relación a un proyecto de ley presentado en la Legislatura que tiene como fin trabajar en la prevención y reeducación de hombres que ejercieron violencia. Resta que la iniciativa de Am, siga el curso de discusión en las diferentes comisiones para recién ingresar y ser tratada en el recinto del Concejo Deliberante de Salta. 

Una desigualdad latente

En el proyecto se reseña la desigualdad social existente y la violencia ejercida de manera sistemática sobre mujeres y personas LGBTI+, por su condición de género, y la profundidad que alcanzó con la llegada de la pandemia. "El impacto del Covid-19 ha sido desproporcionadamente mayor en las mujeres, particularmente las más vulnerabilizadas", subraya citando estudios de ONU Mujeres (2020) y el CEPAL (2021). 

La ONU Mujeres manifestó que la pandemia ha profundizado las desigualdades y que esto atenta contra la autonomía de las mujeres, principalmente en cuatro aspectos: la desigualdad económica y pobreza con un fuerte impacto negativo en los niveles de empleo y en sus emprendimientos; la división sexual del trabajo que significó un aumento desproporcionado del tiempo dedicado a tareas del cuidado para las mujeres; la concentración del poder, y los patrones culturales patriarcales que impactaron en un incremento de niveles de violencia contra las mujeres y su participación política.

"Por tanto, no habrá respuesta eficaz a la crisis si no se abordan los impactos diferenciados en las mujeres y se integran las dinámicas de género en la respuesta", se argumenta en la iniciativa de Am. Destaca que las políticas económicas no son neutrales en materia de género y que el Estado tiene la capacidad de ampliar la equidad social del ámbito donde ejerce su potestad, más aún en un contexto donde la gran mayoría de las regulaciones sociales carecen de perspectiva de género, "repitiendo el patrón patriarcal". 

En el proyecto también se sostiene que las políticas tributarias actuales no contribuyen a la autonomía económica de los grupos tradicionalmente más vulnerables, como las mujeres o personas LGTBIQ+, debido a que "las regulaciones establecidas en la legislación tributaria tienen consecuencias diferentes para la persona según su condición de género". 

Por ello, expresa que la política fiscal posee un rol fundamental en el ámbito económico y es un punto clave para la generación de igualdad de género, a través de una distribución equitativa de los recursos y también desde una recaudación equitativa de los ingresos que se perciben de los ciudadanos a través de impuestos, tasas y contribuciones. 

La Encuesta permanente de hogares del INDEC para el tercer trimestre de 2020 destacó que las mujeres participan en condiciones más precarias en el mercado de trabajo, con tasas de empleo menores, tasas de actividad más bajas y tasas de desempleo mayores. De manera general, también se observan trayectorias laborales más inestables, con más entradas y salidas del mercado laboral, mayor presencia en la subocupación horaria e ingresos promedio inferiores a los de los varones. 

Además de que se constató que existe una gran problemática en aquellos hogares en los que la mujer víctima de violencia de género debe hacerse cargo por completo de su hogar, soportando todas las cargas impositivas, a diferencia de otros hogares en donde la carga es compartida. 

En ese sentido, el proyecto insta a que se adopten políticas fiscales para sumar una herramienta más en la prevención, sanción y erradicación toda forma de violencia contra la mujer. "Constituye una positiva contribución a proteger los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+ y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarles", sostiene.