La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Red Viva denunció que ya son tres los años que la niña Sol no puede estar con su mamá: el Poder Judicial de Córdoba le quitó la custodia a la madre en favor de la familia del padre, imputado desde mayo por abusar sexualmente de la niña. Las organizaciones señalaron que se trata de "una grave arbitrariedad judicial y patriarcal", y anunciaron que el caso fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas de protección de los derechos de la niña y la restitución a su madre.

La niña Sol presentó en el año 2018 indicios de haber sido abusada por su progenitor, hecho que fue denunciado por la madre de la niña en la Justicia. Esto se confirmó con peritajes tanto médicos como también en los realizados en el ámbito educativo, explicaron en una conferencia de prensa de la que participaron y brindaron su apoyo Diana Maffía, Dora Barrancos, Mónica Macha, Nelly Minyersky, Carlos Rozanski, Enrique Stola y Liliana Hendel, entre otras referentes feministas que trabajan por los derechos de las llamadas “madres protectoras”. 

La madre de la niña no pudo participar porque tiene una prohibición expresa de la jueza del caso para hablar, así como sus abogados. “Es una mujer que está resistiendo los pedidos de revinculación que hace la jueza civil. La madre fue perseguida, sobre ella pesa un juicio de impedimento de contacto y multas. La actitud de la jueza tiene que ver con una decisión misógina de favorecer desde un primer momento al progenitor. Con una mirada parcializada y un no creer en las madres y no valorar la gravedad que tiene la presunción de abuso sexual en la infancia”, dijo María Elena Naddeo, vicepresidenta de APDH.

La presentación ante la CIDH solicita una medida cautelar en favor de la niña y su madre: “La inmediata restitución a su centro seguro de vida, junto a su madre, siendo esta la necesidad y el derecho de la niña, en consideración de los hechos probados de abuso sexual perpetrados por su progenitor en el lugar donde se somete a la niña a residir actualmente”.

Además se solicita el cese de la violencia ejercida hacia Sol y su madre, ya que la jueza “nos somete nuevamente a la privación forzada de contacto y la continuidad de la niña a residir en el ámbito donde fue abusada”. Pide “medidas urgentes de protección frente al riesgo permanente de afectación de la integridad sexual de mi hija”. “Téngase en cuenta la gravedad de la situación que significa el serio impacto de la acción de arrancamiento de la niña de su ámbito de vida en el que se le brindaba protección y el ser trasladada al ámbito en el que ha sido abusada sexualmente”, dice el escrito.

El texto denuncia, entre otras cosas, que en la guarda actual (a cargo de la madre del padre de Sol) “la niña ha tenido mordedura y quemadura por falta de cuidado, ha sido intimidada por su guardadora para guardar silencio y abandonada en una crisis de llanto, requiriendo por esto acción preventiva o tutelar para ser rescatada de ese ámbito que la está sometiendo al acostumbramiento a ser victimizada”.

En septiembre de 2019, un fallo de la jueza Romina Sánchez Torassa ordenó sacar a la niña Sol de la vivienda que compartía con su madre. Desde entonces, Sol está bajo un régimen de guarda provisoria a cargo de su abuela paterna. Y mientras la madre litiga para para poder ver a su hija, le han sido rechazadas todas sus presentaciones.

En la justicia penal, finalmente, el 26 de mayo de este año el progenitor fue procesado por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante doblemente calificado” y “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado y corrupción de menores calificada”, “lo cual muestra claramente que las denuncias realizadas por la madre y la institución educativa a la que asistía la Niña Sol eran fundadas", dijo Sara Barni, de la Red Viva.

Este giro en la causa penal, sin embargo, no tuvo impacto en la civil. A pesar de que los motivos por los cuales le habían quitado la guarda de la niña a la madre fueron desestimados, la jueza mantiene suspendido el regimen de comunicación entre madre e hija.

“Hay que empezar por llamar a las cosas por su nombre: la jueza está cometiendo graves delitos. Las medidas que se fueron dictando contra la niña son delitos. O sea, el propio juzgado encargado de proteger niñeces comete delitos graves contra la niña y la mamá. Porque hay medidas que han llevado a la niña a ser víctima de nuevos abusos. Lo que no está funcionando es el sistema judicial, son los jueces, la ley. Y es una de las peores cosas que le puede pasar a una sociedad”, apuntó el ex juez Carlos Ronsanski. 

“Hay un desconocimiento por la justicia, que todavía nos consideran incapaces a las madres. Y un desconocimiento de las leyes. Está comprobado por especialistas que el índice de denuncias falsas es mínimo. Es uno de los elementos que todavía usa el patriarcado contra las mujeres y niñas”, dijo la jurista Nelly Minyersky. 

“Venimos trabajando con las denuncias de lo que hoy se llaman madres protectoras desde hace diez años. Por supuesto que las denuncias duermen en un cajón. Nos encontramos frente a una situación de cierta indiferencia de organismos y organizaciones. Sol es la descripción de lo que pasa con muchas niñas en todo el país. Es decir niñas, niños con fisuras anales comprobables que los jueces no toman en consideración porque dicen que las madres mienten. Creo que un juez una jueza no tiene derecho a esgrimir ignorancia, es mala praxis, es un delito”, apuntó Liliana Hendel, secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza.