El camarista federal Mariano Llorens será el encargado de resolver quién investiga a la organización de ultraderecha Revolución Federal después del rechazo de la jueza María Eugenia Capuchetti, para quien hasta ahora no hay relación entre esa agrupación y el intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. La posible vinculación había sido señalada en la causa por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir de un informe que presentó en el expediente sobre el atentado. La realidad es que entre planteos, rechazos y algunos vaivenes, cuando se está por cumplir un mes del ataque, hay interrogantes claves de la investigación que siguen sin respuesta, por ejemplo, quién estuvo detrás --ejerciendo influencia-- del grupo que ya está detenido: Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó gatillar, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Gabriel Carrizo. Recién este lunes está pautado el inicio del análisis del teléfono de Díaz, quien según los mensajes del celular de Uliarte estaba al tanto del plan de magnicidio y le recomendó borrar todo y cambiar de dispositivo tras el atentado. Aún falta analizar los celulares obtenidos en ocho allanamientos de personas vinculadas al grupo.
La denuncia sobre acciones que implicarían incitación al odio y la violencia política de parte de Revolución Federal tramitaba en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. El punto de partida fue una publicación de la organización que decía: "Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas". Después se supo que este grupo estaba detrás de varias manifestaciones violentas antigobierno, una donde exhibieron una guillotina, otras en las asunciones de Silvina Batakis y Sergio Massa con agresiones verbales y al auto del actual ministro, otra con antorchas en la puerta de la Casa Rosada, en el Instituto Patria. Un hilo conductor es que profieren amenazas de muerte dirigidas a funcionarios. "Al kirchnerismo cárcel o bala" es una de las consignas frecuentes. La AFI hizo su presentación en el juzgado de Capuchetti donde aludía, con audios incluidos, a una transmisión en vivo que hizo el grupo con el título "hay que pudrirla?". Allí el líder Johnatan Morel hablaba con otros miembros de infiltrarse entre la militancia, atacar a Alberto Fernández y también a Máximo Kirchner.
El titular de la AFI, Agustín Rossi, había señalado que "el deseo expresado y la forma de realizarlo, es exactamente lo que ocurrió en el atentado, es decir una persona infiltrada entre el grupo de simpatizantes que aprovechó la oportunidad en que la mandataria bajo a saludarlos para realizar su conducta criminal". Después la Unidad de Información Financiera (UIF) aportó un documento confidencial que decía que Morel había recibido una transferencia de 1.760.000 pesos antes del atentado de un fideicomiso que estaría vinculado al Grupo Caputo, por un supuesto trabajo de carpintería en Neuquén. Morel tiene carpintería pequeña desde el año pasado y dice que aprendió el trabajo por Youtube.
Capuchetti se basó en un dictamen del fiscal Carlos Rívolo y rechazó la existencia, al menos por ahora, de un vínculo entre Revolución Federal y el atentado. Dijo que a las personas que están detenidas por el intento de asesinato no se les ha encontrado por ahora nada que los vincule a Revolución Federal ni a sus miembros o líderes "ni que permitan sostener que el hecho específico que intentaron consumar hubiese sido planificado y organizado por o con los miembros de ese grupo”. Agrega que el hecho de que Uliarte haya concurrido a la marcha de antorchas el 18 de agosto no liga a la agrupación con el intento de homicidio "llevado a cabo por Sabag Montiel y Uliarte el 1° de septiembre" contra la vicepresidenta. Según el dictamen del fiscal y lo que deduce de las quejas de Brenda Uliarte en los mensajes (del estilo "los liberales me tienen podrida", "basta de hablar hay que actuar" y "mandé un tipo para que mande a Cristi") hacen suponer "un designio criminal propio dirigido a dar muerte a la vicepresidenta".
Este punto está muy a contramano de lo que expresó la vicepresidenta el viernes cuando, en el alegato por el juicio sobre la obra pública vial en Santa Cruz, trazó un nexo entre la acusación del fiscal Diego Luciani --quien pidió 12 años de prisión para ella-- y la escalada de violencia que terminó con el intento de magnicidio, pero a la vez dijo sobre los cuatro detenidos: "Son la banda de autores materiales, lo tengo clarísimo a eso. Nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron". También llamó la atención sobre los abogados defensores, en particular aludió a Gastón Marano, el de Carrizo: "Sus abogados defensores eran asesores de un senador de la Nación. Su asesor defiende al que me quiso matar". En la línea de circunscribir los hechos al tratamiento de un delito común, sin evaluar si afecta al orden constitucional --por ejemplo--, es a lo que parecen apuntar los defensores oficiales de Sabag Montiel y Brenda, Juan Martín Hermida y Gustavo Kollmann, respectivamente.
La jueza dijo que tampoco el informe de la UIF muestra relación con el atentado. Capuchetti dejó una pequeña puerta abierta al decir que "tras un razonado análisis de las constancias", se advierte "un claro estado de incertidumbre sobre la supuesta vinculación pretendida". Pero los señalamientos de Martínez de Giorgi, quien señaló incluso que nadie sabe si no habría otro atentado, para ella son insuficientes e incluso le recriminó que no adoptó medidas probatorias. "En definitiva, será trabajo de los magistrados a cargo de cada una de las pesquisas, el esclarecimiento de una u otra hipótesis que, de momento, no parecen interferir entre sí. De esta forma, como hipótesis de máxima, será una adecuada investigación la que pueda establecer (sólo en caso de que exista), una vinculación suficiente entre ambos objetos procesales, que amerite su tramitación conjunta". Para la jueza, ahora la acumulación de causas "conspiraría contra una ágil y eficaz administración de justicia".
Por lo pronto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria tenía previsto extraer este lunes el contenido del celular de Agustina Díaz, que como reveló Página/12, cuenta con la particularidad de tener el chip de la línea a nombre de Brenda Uliarte. La explicación es extraña, porque Díaz dijo que se lo dio ella porque era menor y la madre afirmó que ella y el padre se la pagaban. Ya están bajo análisis los celulares de Sergio Orozco --quien vivía con Carrizo--, Leonardo Volpintesta, Miguel Ángel Castro Riglos y Lucas Acevedo, que integraban el grupo de supuestos vendedores de algodón de azúcar. Todavía no se pudo precisar si alguno/s de ellos participaron de la inteligencia previa en la zona ni qué nivel de conocimiento tenían de lo que ocurriría o cuán involucrados estaban. Hay otros celulares a analizar de personas que hablaban con Carrizo y tenían con él conversaciones llamativas: ante algunos él se jactaba de estar orgulloso de Sabag Montiel e incluso decía que terminaría "el trabajo" de matar a CFK; ante otros intentaba desligarse.
