La Mesa de Barrios Populares de Salta también pidió la reforma de la ley 27.453, conocida como Ley de Barrios Populares, aprobada por unanimidad en 2018. Sus integrantes se manifestarán hoy, desde las 10, frente de la Legislatura provincial, exigiendo seguridad jurídica a las miles de familias que viven en estos barrios. 

El proyecto de ley modificatoria, que se empezó a discutir en las comisiones de la Cámara de Diputados de Nación, pretende actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renapab) y prorrogar 10 años la suspensión de desalojos, que precisamente vence el próximo 10 de octubre. 

Una de las referentes de la Mesa de Salta, Dina Guaymás, dijo a Salta/12 que el objetivo principal es que se les conceda seguridad jurídica a las familias que viven en los 5.687 barrios populares del país. En el caso de Salta, existen 154 barrios populares inscriptos en el Renabap.

Guaymás manifestó que las familias que residen en estos barrios viven permanentemente con miedo porque "nada nos dice que son nuestras tierras, a pesar de que estamos desde hace años a la espera" de la entrega formal de las escrituras. Algunos de los barrios populares de la provincia tienen al menos 30 años de existencia. 

"Queremos dejar de vivir con miedo", expresó la referente vecinal, quien también sostuvo que otro pedido puntual es que se declaren de "utilidad pública, sujetas a expropiación, las tierras de los barrios populares que se incorporaron e incorporarán a Renabap", además de insistir con la prórroga para evitar los desalojos.

Si bien Guaymás dijo que los desalojos no son tan frecuentes en la provincia, sí suceden de manera reiterada en provincias del sur del país. "Ese es el miedo que uno tiene cuando vive acá", sostuvo. Y exhortó a los legisladores nacionales a que "entiendan la situación que vivimos y peleamos todos los días". Manifestó que por esto debe ser permanente una ley que "nos otorga derechos". 

Otros de los ítems que acompañan el pedido de reforma son la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental con el objetivo de agilizar procesos administrativos en ejecución de proyectos y de acceso a los servicios; la necesidad de garantizar una tarifa social adecuada para las comunidades de los barrios populares; la incorporación de la perspectiva de género como criterio para titularidad de viviendas, y el fortalecimiento e incremento de las obras a través de cooperativas para su ejecución. 

Este último punto se contempla en el actual Programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares, dependiente de la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, que prevé obras de envergadura en los barrios populares del país. 

No obstante, Guaymás dijo que en la provincia no se cumple en su totalidad, ya que aseguró que no se respeta la resolución nacional 925/20, que ordena que un 25% de las obras, como mínimo, deberán adjudicarse a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por vecinos y vecinas de los barrios.

Recientemente, la Municipalidad de la ciudad de Salta anunció que se pondrá en marcha la ejecución de una primera etapa de obras que beneficiarán a 390 familias del barrio Ampliación 20 de Junio. Este primera etapa tendrá una inversión de $80 millones y se sumará a los 300 millones que ya se están invirtiendo en los barrios Sanidad II y San Justo I, Juan Manuel de Rosas y 23 de Agosto.

Sin embargo, la referente de la Mesa dijo que "no se está respetando la contratación" de vecinos pertenecientes a esos barrios. "En Sanidad II no lo hicieron, y en 23 de Agosto sólo nos dijeron que entraron dos", contó a modo de ejemplo. "Estamos pidiendo que se respete el programa Argentina Unida", insistió. 

En el caso del gobierno provincial, se informó que desde que la política nacional empezó a ejecutarse se destinaron $437 millones al barrio Libertad, de Orán; otros $374 millones fueron al barrio Nueva Esperanza, de General Güemes; en el barrio 9 de Julio, de Tartagal, se recibieron $580 millones, y en el barrio Las Malvinas, $222 millones. Mientras que el 16 de agosto se abrirán los sobres licitatorios para el barrio Parcela 37, de Tartagal, que será beneficiario de $320 millones ya asignados.

Servicios deficientes

De acuerdo al decreto nacional 358/17, se considera barrios populares a aquellos comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento. 

Y también padecen un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos, como red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal. 

En ese sentido, Guaymás dijo que el acceso a los servicios básicos sigue siendo deficiente, llegando a la insalubridad. "Estamos con aguas clandestinas, con la luz también, y sabemos la peligrosidad de ello, pero las obras no llegan", sostuvo. Cuestionó que la intendencia de Bettina Romero está priorizando la construcción de plazas por sobre las obras de infraestructura de agua y cloacas. 

"No digo que estamos en contra de las plazas, sino que necesitamos primero los servicios", explicó. Recientemente, el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional de Salta, en convenio con el Ministerio de Economía de la provincia de Salta, dio a conocer el Monitor de la Economía Popular. Radiografía de Barrios Populares, que cuenta con un análisis de la distribución territorial de las familias y el acceso a los servicios públicos en la provincia.

Allí se mostraron los resultados de un relevamiento en 233 barrios populares de Salta, hasta mayo de este año, en el que se exhibió que el servicio de cloacas es el que menos cobertura tiene. "Solamente 955 familias tienen acceso formal a la red cloacal, lo que representa el 3,5% del total provincial", sostiene el informe. En el caso de aquellas familias que no tienen acceso a la red cloacal, el 48,7% tienen desagüe a cámara séptica y pozo ciego y el 51% tiene sólo desagüe a pozo ciego u hoyo.

Otra preocupación que ya asoma en las familias es la llegada de la temporada de lluvias. Guaymás contó que desde mayo han solicitado a la Municipalidad de Salta que permita la circulación de camiones con ripio por los barrios de la ciudad que más sufren las inundaciones por el mal estado de las calles. "El vecino está cansado y desesperado porque va a volver la lluvia y los chicos se resbalan en el barro y se lastiman", sostuvo. 

Por eso esperan que legisladores provinciales los reciban hoy y que luego se expresen sobre el pedido del proyecto de reforma que se está discutiendo a nivel nacional. "Para nosotros es urgente encontrar el apoyo y tratamiento del proyecto porque faltan días para que se venza la ley que evita los desalojos", indicó la referente.