Son tiempos duros para Shakira. En medio de su escandalosa separación de Gerard Piqué, la situación de la cantante colombiana en la Justicia española se complica. Este martes, una jueza de Barcelona acordó la apertura del juicio oral por presunto fraude fiscal.
Piqué, Shakira y el “Waka Waka" de la evasión fiscal
La fecha del juicio todavía no fue estipulada. Cuando se establezca, la estrella pop tendrá que responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que en julio pasado la Fiscalía pidió que sea condenada a una pena de 8 años y dos meses de prisión, además de pagar una multa de 23,8 millones de euros.
La acusación contra Shakira
Shakira está acusada de defraudar al fisco español por 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España. La Hacienda le reclamó esa suma a la cantante, al ver indicios de que en 2012 ya vivía en ese país y estaba obligada desde entonces a tributar. Algo que no ocurrió debido a que supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.
Según los magistrados, la artista tenía conocimiento de las leyes locales, que establecen un máximo de 183 días de permanencia en el país para poder tributar en otra jurisdicción, cuando en verdad su domicilio permanente se encontraba en Barcelona. Si bien ya pagó esos 14,5 millones de euros, más intereses, irá a juicio.
El caso se remonta a 2017, cuando los denominados "Paradise papers", una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que vivía en Barcelona junto a su entonces marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.
La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.
Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004, pero los años siguientes tuvo que viajar "sin parar" y que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar.
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