Este martes declararán como testigos dos jóvenes que iban con Valentín Blas Correas en el auto contra el cual dos policías dispararon y causaron la muerte del adolescente de 17 años, en agosto de 2020, en Córdoba.
Los testimonios serán aportados ante la Cámara 8va. del Crimen y el jurado popular en el juicio que se sigue a 13 policías acusados por el homicidio y su posterior encubrimiento.
Las declaraciones del conductor del vehículo, Juan Cruz Camerano Echavarría, de 21 años, y de Camila Tosi, de 19, se sumarán a los testimonios aportados la semana pasada por Mateo Natali y Cristóbal Bocco Cámara, ambos de 19.
Una noche de gatillo fácil
La instrucción de la causa elevada a juicio determinó que en la madrugada del 6 de agosto del 2020 Camerano Echevarría conducía un Fiat Argo. En el auto iban cuatro amigos y compañeros de colegio, entre quienes estaba Blas. Los adolescentes habían acordado encontrarse para ir a un bar.
Cuando circulaban por la avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, en el barrio Colinas, del sur de la capital provincial, los jóvenes siguieron de largo en un control policial de prevención.
Tras eso, el cabo 1° Lucas Damián Gómez, de 37 años, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el auto “con intención de matarlos”, según el requerimiento de elevación a juicio.
En el puesto de control también se encontraba el cabo 1° Javier Catriel Alarcón, de 33 años. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, Alarcón “en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo”, efectuó dos disparos sobre el vehículo en marcha “a sabiendas que no había justificación legal para ello”.
En el testimonio que brindó durante la instrucción de la causa, el conductor Camerano Echavarría dijo que cuando estaba por frenar el automóvil en el control vio que uno de los efectivos “levantó el arma" y le "apuntó", por lo que se asustó y aceleró.
Conductas "en contra de la normativa"
Gómez y Alarcón desplegaron conductas "en contra de la normativa que regula el debido uso de las armas reglamentarias por parte de las fuerzas de seguridad”, asegura la acusación.
Los peritajes establecieron que uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas, lo que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho. Por ello, los expertos determinaron que la causa de muerte del joven fue traumatismo de tórax, causado por el proyectil.
Los demás jóvenes que iban en el auto no sufrieron heridas. Sin embargo, otro de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha de Bocco Cámara, a milímetros de su cráneo.
Posteriormente, los policías intentaron simular que había habido un enfrentamiento con un grupo armado, para lo que "plantaron" un arma en las cercanías del lugar donde fue interceptado el auto de los adolescentes, en la intersección de Chacabuco y Corrientes, donde Correas ya había muerto, añade la acusación.
Ante de llegar a ese lugar, los amigos habían llevado a Correas hasta el sanatorio Aconcagua, en donde se negaron a atenderlo. Por esa desatención, se tramita otra causa que ya fue elevada a juicio oral. Tres empleados de ese sanatorio (Sergio Casalino Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo) están imputados por "abandono de persona" y "omisión de auxilio".
"Coautores de homicidio"
Los policías Gómez y Alarcón llegan al juicio acusados de ser "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos”.
Los otros once policías acusados son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Todos ellos enfrentan cargos de "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público".
