Tras la denuncia penal que presentó contra los padres de los alumnos que tomaron escuelas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anticipó que además prepara “una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases”. La ministra de Educación, Soledad Acuña, se negó así a abrir un diálogo con los estudiantes secundarios que cuestionan las prácticas laborales obligatorias no rentadas y reclaman mejoras en las viandas. Además de cerrar la puerta a una negociación, Acuña dobló su apuesta por el conflicto. El enfrentamiento con docentes y estudiantes otra vez se sube al escenario político, como una de las estategias preferidas del PRO para perfilarse electoralmente. 

En el caso del colegio Mariano Acosta, el ministerio demandó a ocho padres. En el comunicado de prensa con el que anunció las denuncias se refirió a ellos como “ocho adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma”, equiparando la protesta a un delito. “Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares. Además, se está preparando una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela”, señala el texto distribuido a los medios. De esta forma, el Ejecutivo porteño les pediría a las familias de los estudiantes 1 millón y medio de pesos por día de ocupación del colegio. 

Críticas y rechazos

El vicerrector del Marino Acosta Julio Pasquarelli criticó la decisión tomada por Acuña desde el sentido común: “No estoy a favor de la toma de ningún edificio, pero preguntaría si la ministra puede visitar las escuelas, recorrerlas. Sería mucho más simple porque podría hablar con los estudiantes y además ver el estado edilicio en el que se encuentran las instituciones”, dijo a Página/12.

Pasquarelli no pasó por alto que “en las medidas que viene impulsando el Ministerio de Educación porteño está la búsqueda de cierto disciplinamiento, de cierto castigo, cierta tendencia a generar que las personas no se expresen”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que no se pueden criminalizar estas protestas en las escuelas, que son parte del derecho de expresión y de reunión asegurados por muchas convenciones, entre ellas, la de los Derechos del Niño.

“Hacer una toma pacífica, pernoctar, es una acción de protesta que está garantizada, existe el derecho de reunión y el derecho a manifestarse de les niñes. Hay también una ley sobre los centros de estudiantes que los habilita a tomar acciones para reclamar por sus derechos”, señaló Diego Morales. El abogado del CELS agregó que los menores son sujetos privilegiados, lo que “vale no sólo cuando son víctimas, vale también cuando reclaman”.

Por otra parte, explicó que el planteo de responsabilizar penalmente a un padre por lo que hizo un hijo no tiene sustento legal. “No existe el trasvasamiento de responsabilidades por generación. Es algo inviable en términos jurídicos”.

Es decir que se trata de denuncias que no tienen los elementos legales mínimos para avanzar. Son presentadas como una forma de amenaza: la criminalización como modo de desarmar un reclamo.

Todo este debate ya se dio entre 2017 y 2018, y sigue abierto. Durante aquellas tomas de colegios, la jueza Elena Liberatori le recordó al gobierno porteño que estaba poniendo las cosas patas para arriba: “En el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad se ordena al gobernante que debe asegurar la participación de la comunidad educativa y la democratización en la toma de decisiones”. Liberatori indicó -en 2018-, que lo que originaba las tomas era “un déficit en el derecho a la participación”: hay tomas porque las autoridades niegan la posibilidad de un diálogo.

Luego la Cámara de Apelaciones de la Ciudad avaló al Ministerio de Educación y le permitió aplicar su protocolo antitomas, en el que se basa ahora para hablar de “adultos que consintieron la participación de sus hijos” en la protesta y criminalizarlos.

En realidad, el protocolo dice que si los padres no los retiran del colegio durante una toma, serán responsables de los daños que puedan sufrir (los menores). Esto es porque dentro de las escuelas, los responsables de su cuidado son los directivos y docentes. En las tomas ese orden queda suspendido.

En uso de este protocolo, el Ministerio de Educación entiende que si llama a un padre para que retire a su hijo, el padre se notifica y consiente la toma. Desde esa idea de hacerse responsable de lo que pueda sufrir su hijo durante la toma, salta a atribuirle responsabilidades penales y civiles. Arma desde ahí la idea de un delito, asociando la toma a la violencia, a daños en los edificios -es paradójico que uno de los reclamos sea por su estado de abandono- y hoy a la novedad del pago de las horas de clase perdidas.

“Ningún protocolo cambia el Código Penal”, aclaró sobre este punto Morales. “Lo que un protocolo puede fijar son reglas, normas de convivencia. Y es importante ver cómo se elabora, con la participación quiénes”.

Los estudiantes del Mariano Acosta levantaron la ocupación durante la mañana, aunque esta noche está previsto un pernocte. En el ámbito de la Ciudad hay tomas en otras seis escuelas y para la noche otros colegios también organizan pernoctadas en apoyo a los reclamos.