“José López ya fue condenado por enriquecimiento ilícito. Y lo condenaron a la mayor pena: 12 años. El disvalor de un delito no puede extenderse a todo lo que hizo. Porque también, con su trabajo, puso un grano de arena para transformar la realidad también en un sentido positivo”. Con esta frase, el defensor oficial Santiago Finn prácticamente cerró el alegato en el que pidió la absolución del exsecretario de Obras Públicas, aquel que tiró los 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez. 

En esa conclusión final, Finn admitió que casi cualquier acto de López quedó sospechado, pero a lo largo de tres horas exhibió con solidez que el entonces funcionario no firmó ni un documento relacionado con las obras de Santa Cruz; no hubo un testigo que lo señalara dando una instrucción para favorecer a Lázaro Báez; de sus 28 mil mensajes de chat apenas nueve fueron dirigidos al titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, y ninguno se refiirió a obras viales o licitación o adjudicación de rutas, menos todavía en Santa Cruz. 

Los nueve mensajes con el titular de Vialidad tuvieron que ver con inauguraciones. El alegato de Finn podría sintetizarse así: efectivamente López cometió actos de corrupción, cobró coimas, pero no lo hizo ni lo podía hacer respecto de las rutas de Santa Cruz porque casi no tenía injerencia.

A lo largo de tres horas, el miembro de la Defensoría Pública fue enumerando los elementos que —según sostuvo— desvinculan a López del caso de las rutas de Santa Cruz.

* No intervino en ninguna licitación de la provincia.

* No tenía relación con los fondos.

* No tenía control sobre la adjudicación de las licitaciones.

* Vialidad Nacional era un ente autárquico y sólo podía intervenir si había alguna denuncia. No la hubo.

* No tenía poder jerárquico sobre Vialidad Nacional y menos todavía sobre la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz que es la que licitó, adjudicó y controló. Todo quedó en la órbita provincial: incluso intervinieron el Tribunal de Cuentas y la Justicia santacruceña.

* Ninguna licitación de las ganadas por Austral Construcciones fue impugnada ni se presentaron denuncias de ningún tipo en la Secretaría de Obras Públicas.

Finn cuestionó que se incorporaran los chats de López al alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Sostuvo que no se debatieron en ningún momento en el juicio y que las defensas no participaron de ningún peritaje para verificar la forma en que se obtuvo la prueba. Aún así, Finn dio explicaciones: hizo un análisis de los 28 mil chats y, por ejemplo, afirmó que no hay uno solo con los imputados que estaban más relacionados con las licitaciones. Se refirió así a los funcionarios de Santa Cruz: no apareció ningún vínculo. 

Uno de los argumentos del defensor oficial es que la Secretaría de Obras Públicas abarcaba una cantidad inmensa de áreas. Se construyeron 400 mil viviendas, había obras hídricas, construcción de escuelas, incluía AYSA, todo lo referido al transporte, prevención de terremotos, obras en más de 400 ciudades, saneamiento de ríos, energía, represas y una enumeración muy extensa de funciones. 

Por lo tanto, la secretaría a cargo de López sólo diseñaba estrategias generales, no estaba en el control de cada obra. De eso —dijo Finn— se ocupaban la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, que funcionaban incluso dentro del Ministerio de Planificación que lideraba Julio De Vido. Hubo una especie de reivindicación de Finn a lo hecho entre 2003 y 2015 en aquella frase sobre el grano de arena y "la transformación de la realidad en un sentido positivo".

Sí sobrevoló un punto que surge de las anteriores investigaciones que se hicieron sobre López: el secretario tenía intervención directa, por ejemplo, en la megaobra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Todo indica que los 9 millones de dólares que acumuló en un cuartito al lado del tanque de agua de su casa de General Pacheco provenían -al menos en parte- de coimas que le pagaron las empresas que ganaron aquella licitación: la brasileña Odebrecht, Iecsa -del Grupo Macri-, la italiana Ghella y la española Comsa. Pero, justamente, como en la procedencia de esas coimas había empresarios macristas, Comodoro Py no profundizó demasiado la investigación: se conformaron con condenar a López, pero no buscaron el origen del dinero.

Consciente de las sospechas sobre su defendido, Finn insistió en el concepto de que no se puede criminalizar sin pruebas todo lo que hizo durante su gestión. Sucede que, pese a la invocación del defensor oficial, todo lo hecho por López está manchado. Fue un personaje extraño cuando estuvo en Planificación y también después cuando fue preso. Lo que cuentan quienes convivieron con él en la función pública es que era más bien maltratador, se llevaba mal con todos, le decían “retuerzo” porque lo consideraban retorcido en las relaciones con los demás, al punto que monitoreaba, con una especie de servicio de inteligencia interno, quién visitaba el ministerio y para qué. 

En la cárcel de Ezeiza, intentaron preservarlo de los otros exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que lo consideraban un traidor-coimero. Con ese objetivo lo pusieron en el Hospital Penitenciario, aunque otros adujeron que estuvo ahí por problemas iniciales con el alcohol. Cuando salió del hospital, lo ubicaron en un sector alejado de los demás y siempre se comportó como si estuviera ido, zombie. Después, cuando declaró como arrepentido, directamente lo sacaron del penal, seguramente a una vivienda como las que proveyeron a otros arrepentidos. 

El juicio se reanudará el lunes próximo, 3 de octubre, con el alegato de la defensa de Báez. Está a cargo de un joven abogado, Juan Villanueva, que en los tres años y tres meses de audiencias sorprendió por su conocimiento detallado del expediente y porque participó de manera muy activa. Ya adelantó que su alegato abarcará tres audiencias, lo que significa que va a tratar de manera pormenorizada lo que ocurrió con cada licitación y adjudicación de obras. 

Seguí leyendo