El exsecretario de Salud de Córdoba, Pablo Carvajal, fue imputado por el presunto delito de "omisión de los deberes de funcionario público" en la causa que investiga la muerte de cinco bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, ubicado en la capital de esa provincia, informaron fuentes judiciales.
El fiscal a cargo de la investigación, Raúl Garzón, ya había imputado por el mismo delito al exministro de Salud, Diego Cardozo, y al exvicedirector del hospital, Alejandro Escudero Salama, con el fin de determinar si estaban al tanto de las muertes y no denunciaron.
Hasta el momento, suman siete las personas imputadas. Por los delitos de "omisión de los deberes de funcionario público" y "falsedad ideológica" también están acusadas la exdirectora, Liliana Asís, y las exjefas de áreas del neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.
En tanto, la enfermera Brenda Agüero (27) es la única detenida y está acusada de "homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso" --sospechada de haber inoculado intencionalmente sustancias tóxicas a los bebés fallecidos--, "homicidio en grado de tentativa" --por ocho bebés que también habrían sido inyectados y sobrevivieron--, y "falsedad ideológica".
El caso
El 11 de agosto pasado, se hizo público que la justicia de Córdoba estaba investigando la muerte de cinco bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, entre marzo y junio de este año, a raíz de la denuncia de familiares. Los fallecimientos ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y, otros dos, el 6 de junio.
Posteriormente, la cartera de Salud resolvió separar de sus cargos a 23 empleados del hospital, incluidas la exdirectora, Liliana Asís, y las exjefas de áreas del neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, y la enfermera Brenda Agüero.
El 19 de agosto, Brenda Agüero fue detenida en la localidad de Río Ceballos, en las Sierras Chicas, a unos 20 kilómetros de la capital provincial, acusada de "homicidio calificado reiterado por el uso de un medio insidioso". Según el expediente, se trataría de una "sustancia tóxica incompatible con la vida inyectada de manera intencional", ocasionando la muerte en niños sin una patología evidente y previsible.
Los informes periciales preliminares determinaron que la muerte de dos bebés, nacidos el 6 de junio, ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia", causado por "por exceso de potasio inyectada de manera intencional", descartándose otras patologías, error y mala praxis.
El entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, renunció el 25 de agosto, tras ser cuestionado por no haber denunciado las muertes. Según la investigación, Cardozo tomó conocimiento de los casos desde marzo, por lo cual había iniciado un sumario administrativo interno. En su lugar, asumió Gabriela Barbás, quien estaba al frente de la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de esa cartera.
El 6 de septiembre, madres, padres y familiares de los bebés fallecidos y sobrevivientes se movilizaron para exigir "justicia" y "cambios en las políticas de salud que garanticen la vida de los recién nacidos".
Durante la indagatoria, Agüero declaró que es "inocente" y dijo que ya había "alertado sobre pinchazos en manos de bebés el año pasado". Su defensa, a cargo de Luis Pareja, afirmó que ella había "brindado en forma exhaustiva un claro y manifiesto cuadro generalizado de conocimiento dentro del hospital de la situación", pero que "siempre hubo una actitud de encubrimiento y ocultamiento".
