Por el momento no se investigará si Revolución Federal tuvo alguna participación en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se seguirá analizando si el grupo de ultraderecha cometió algún delito como una pesquisa separada. Así lo resolvió el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, que tenía que saldar una contienda entre el juez Marcelo Martínez de Giorgi –inicialmente a cargo del expediente sobre Revolución Federal– y la jueza María Eugenia Capuchetti –que lleva adelante la causa sobre el intento de homicidio a CFK– acerca de quién debía llevar adelante la pesquisa sobre el grupo que sale a las calles a manifestarse con guillotinas, antorchas y reclaman “bala para el kirchnerismo”.

Una semanas después de que Fernando Sabag Montiel gatillara a centímetros de la cara de CFK, el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal (PFA) recibió una denuncia de una persona que advertía que el perfil de Instagram de Revolución Federal difundía mensajes contrarios a la democracia. La denuncia estuvo inicialmente en manos de Martínez de Giorgi, que ordenó tanto a la PFA como a la PSA que realizaran algunas tareas vinculadas a las redes del grupo que supuestamente se conformó en mayo de este año.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) después presentó una denuncia en la que advertía que Revolución Federal podría estar involucrada en el atentado porque días antes había hecho un Twitter Space en el que su fundador, Jonathan Morel, describía una metodología similar a la que usó Sabag Montiel cuando intentó matar a CFK: infiltrarse entre la militancia y así atentar contra la vicepresidenta. A raíz de esa presentación, el fiscal Gerardo Pollicita le pidió a Martínez de Giorgi que enviara el expediente sobre Revolución Federal para que Capuchetti lo investigara dentro de la trama del intento de homicidio.

Sin embargo, ni la jueza ni el fiscal Carlos Rívolo estuvieron de acuerdo y devolvieron la causa al juzgado de Martínez de Giorgi, que está de licencia en estos días. Julián Ercolini, el juez que lo subroga, trabó una contienda de competencia con Capuchetti, que terminó saldándola Llorens en sintonía con la magistrada. “Las constancias hasta ahora reunidas en esta incipiente pesquisa resultan insuficientes para sostener el vínculo pretendido y afirmar la conveniencia del trámite conjunto de los expedientes”, escribió Llorens.

En Comodoro Py, hay una causa anterior sobre Revolución Federal: una que tramita en el juzgado de Ariel Lijo por las detenciones que se produjeron el 23 de agosto en las inmediaciones del departamento de CFK. Allí fue demorado Leonardo Sosa por resistencia a la autoridad y portando material inflamable, según fuentes judiciales. Una posibilidad es que Lijo termine atrayendo la investigación sobre el grupo.