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A las tomas de escuelas secundarias que se multiplican en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño respondió por la vía de la intimidación a las familias y la judicialización del conflicto: después de anunciar que había iniciado acciones penales contra padres del Mariano Acosta, el procedimiento se repitió en algunas otras escuelas tomadas, con notificaciones a las familias, inclusive a cargo de la Policía de la Ciudad, asistiendo en patrulleros a los domicilios particulares, según denunciaron familias de colegios como el Lengüitas, el Lorca y el Liceo 5.
El Gobierno de la Ciudad le pedirá dinero a los padres del Mariano Acosta por la toma
En otra inédita reacción, la ministra Soledad Acuña informó ayer que, a través de la Procuración General, "pedirá" a los padres del Acosta 1 millón y medio de pesos por día de toma. La noticia se extendió a un particular tarifario: la Ciudad reclamaría 876.000 pesos por día a los del Moreno; 820.410 a los de la escuela de Cerámica, 554.000 a los del Liceo 5; 291.000 a los del Pugliese; $ 377.585 a los del Claudia Falcone y 374.000 a los del García Lorca. El repudio de un amplio abanico de legisladores, funcionarios y referentes de derechos humanos y la defensa de las infancias y adolescencias --entre elles Taty Almeida y Nora Cortiñas-- no se hizo esperar. La comunidad educativa organizó para hoy a las 12.30 un "Gran Abrazo al Mariano Acosta" "para decir NO a la persecución".
¿Cuáles son los motivos de las tomas de colegios?
En una escalada que el Gobierno porteño parece tener ajustada por pasos, y que fuerza el impacto de las decisiones estudiantiles (en el Lengüitas, por ejemplo, les estudiantes decidieron antes de anoche una "pernoctada" y no una toma, pero tanto la ministra Acuña como las autoridades decidieron tratarla de igual forma, suspendiendo el martes las clases de primaria), las tomas de colegios en la Ciudad de Buenos Aires se instalaron ayer como tema predominante de agenda.
Tras la toma del Mariano Acosta el viernes, se sucedieron varias más entre el lunes y martes: en el Esnaola, el Lengüitas, el Padilla, el García Lorca, el Cortázar, la Pugliese, la Falcone, el Normal 8, la Escuela Superior de Cerámica, el de Artes Visuales Rogelio Yrurtia, el Avellaneda y el colegio universitario Carlos Pellegrini. El pedido de diálogo es la demanda que aglutina varias más: el desfinanciamiento, la falta de inversión en infreaestructura y mantenimiento, la calidad y cantidad de las viandas, la decisión inconsulta de hacer trabajar a los docentes el sábado, las prácticas laborales obligatorias, entre varias.
La extraña propuesta de "pasar la gorra" de Acuña fue justificada "con un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios del 'personal'" —no hay alusión alguna a la palabra "docente" en ninguna comunicación— de cada escuela. Y apunta a hacer efecto en ese sentido común (que, como se sabe, siempre madura por derecha) multiplicado en estos días por los medios.
"El costo de las tomas lo pagan los chicos con días perdidos de clase y los ciudadanos que sostienen la educación pública con sus impuestos", tuiteó anoche la ministra, cuya cartera volvió a remitir a sus redes ante la consulta de este diario. "Son ellos quienes tendrán que asumir con su patrimonio el costo de los salarios por cada jornada escolar perdida. En la Ciudad queremos a nuestros estudiantes en las aulas y no estamos dispuestos a poner a cuenta de todos los ciudadanos el costo de escuelas cerradas a la fuerza", fue el razonamiento. De los motivos de las protestas y la respuesta al pedido de diálogo, ni noticias.
Repudios a Soledad Acuña
"Ministra, abandone la provocación y escuche", pidieron, en ese sentido, las y los legisladores porteños del Frente de Todos. Salieron a desmentir una de las primeras acusaciones de Acuña, que habló de "manuales que están circulando con instrucciones para tomar colegios, que está repartiendo el kirchnerismo a través de su sindicato UTE (sic) y de sus legisladores del Frente de Todos".
Con las firmas de Taty Almeida y Nora Cortiñas a la cabeza, una larga lista de referentes y organizaciones que trabajan por los derechos humanos y la defensa de las infancias y adolescencias sumó su "repudio a la persecución del Gobierno de la Ciudad al movimiento estudiantil". "El ejercicio de un derecho no puede constituirse en un delito, ni por parte de quienes ejercen ese derecho, que son les pibis, y menos aún, por parte de sus familias, ya que no hay norma legal que ampare semejante atropello", razonaron. "No es con el Código Penal, ni las amenazas contra los golpeados presupuestos familiares que van a resolver los reclamos de larga data del movimiento estudiantil, sino gestionando políticamente estas demandas y abriendo espacios de diálogo y consenso con les adolescentes", dice el texto que lleva cientos de firmas.
"En un contexto democrático, el derecho de lxs estudiantes a organizarse, manifestarse y ser escuchadxs debería ser la base a partir de la cual iniciar cualquier conversación", manifestó por su parte el numeroso Colectivo Familias x la Escuela Pública.
Las amenazas del Gobierno de la Ciudad a padres y madres
En el Mariano Acosta —acusado por la ministra por ser "el iniciador de la ola de tomas", aunque cada escuela levanta sus demandas específicas, con el común denominador de la denuncia de desinversión— un solo padre había recibido vía telefónica la notificación de contravención hasta el martes, y no nueve como informó el Gobierno porteño. Ninguno hasta el cierre de esta edición había recibido alguna sobre el inédito reclamo económico que se sumó el martes.
Asesorados por un grupo de abogados junto con el Ministerio Público Fiscal, los padres y madres del Acosta repasan la notificación que las familias de varias escuelas recibieron el 21 de septiembre. Allí, antes de que se inicie conflicto alguno, desde el Ministerio de Educación se advertía que "las oportunidades de aprendizaje se verán perjudicadas ante la hipotética toma del establecimiento" y se recordaba que "se encuentran vigentes las 'Pautas para la Convivencia Escolar', aprobadas por resolución 643", que "establecen la responsabilidad de las familias sobre el cuidado de sus hijos/as mientras dura la toma de la escuela y prevé, en caso de no retirarlos/as, su exclusiva responsabilidad sobre estos por los hechos y daños que pudieran ocasionar".
Esta resolución viene de vieja data: como una novela que se repite en tiempos preelectorales (aunque ahora adelantada en el contexto de la interna opositora), en 2017 fue originalmente presentada como un "protocolo anti tomas" que incluía la autorización a la Policía para ingresar a las escuelas. Tras un fallo en contra de la jueza Elena Liberatori, la Ciudad apeló, fue a Casación y llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia local. Tras los diversos fallos quedó en pie esta resolución que sigue resultando una forma de amenaza para les estudiantes y las familias, y que algunas conducciones —no todas— reproducen acríticamente.
La del colegio Carlos Pellegrini, sin ir más lejos, informaba a las familias vía Instagram el martes por la noche: "Lamentamos la medida estudiantil e informamos (que) esta impide garantizar las condiciones laborales mínimas del personal (...) Les informamos que las autoridades no podemos hacernos cargo de la integridad de los estudiantes ni de las acciones que éstos tomen en la escuela mientras dure la toma. Considerando la responsabilidad del deber parental de cuidado, son las familias las garantes por su integridad y sus actos".
Como en los viejos tiempos: las amenazas de la Policía de la Ciudad
"Todo esto es legalmente inviable pero opera como un claro amedrentamiento a las familias. Y sobre todo como un castigo ejemplificador, una advertencia a otras escuelas", lamentó Marian, integrante de la cooperadora del Acosta. "Las familias obviamente lo estamos viviendo con angustia e incertidumbre, más cuando estamos apoyando a nuestres hijes. Las de les pibes son en definitiva las voces que hay que escuchar, el maltrato a los padres es una provocación más para correr ese eje", concluye.
El panorama era en la noche del martes gravemente evocativo. Mientras distintas familias denunciaban que había llegado la polícia hasta sus casas para notificarles que estaban imputados, en escuelas como el Pellegrini y el Liceo 5 se veían entre tres y cuatro patrulleros estacionados frente a la entrada, y policías de la Ciudad pretendían obtener datos de los menores que participaban de las tomas.
