El debate sobre el impacto de la acción humana en ecosistemas vitales para el medioambiente volvió a instalarse con fuerza en el último tiempo, en un contexto en el que distintos sectores, con organizaciones ecologistas a la cabeza, claman con más ímpetu que nunca por la sanción de una Ley de Humedales que también es objeto de discusión en el ámbito universitario.
En Argentina, la superficie ocupada por humedales se estima en 600 mil kilómetros cuadrados, lo que representa un 21,5 por ciento del territorio nacional. Semejante porcentaje adquiere valor si se toma en cuenta que esas áreas son fundamentales por su capacidad de brindar agua, mitigar sequías, suministrar alimentos, almacenar carbono y albergar una rica biodiversidad.
A pesar de su distribución en varios puntos del país, el noreste concentra la mayor superficie de ese tipo de ecosistema. En Corrientes, 15 mil kilómetros cuadrados de los 88 mil que componen la provincia son áreas protegidas de humedales.
Asimismo, un total de 38 mil kilómetros cuadrados en la región son inundados por el río Paraná que, por cierto, atraviesa la bajante más larga de su historia con variadas consecuencias. Es en ese marco que la discusión sobre los humedales vuelve a estar en la agenda, en especial, ante las incesantes quemas e incendios de campos que tienen una gravedad extrema también para quienes habitan en ciudades recostadas sobre las riberas.
El interés que despierta la problemática es tal que, semanas atrás, viajaron a Santa Fe siete investigadoras e investigadores de diferentes especialidades, quienes integrarán la primera cohorte del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral (IEA), de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Provenientes de Estados Unidos, España, Francia, Brasil y Colombia, los especialistas trabajan en torno a un tema central: “Habitar el humedal: ciudades al borde del río y ciudades humedal”. El objetivo, según destacaron desde la UNL, es aprovechar sus valiosos aportes académicos para avanzar en la construcción de vínculos sólidos con diferentes sectores sociales, económicos, productivos, científicos y educativos.
¿Hay voluntad de encontrar y penar a quienes participan de esas quemas? ¿Cuál es la capacidad real de intervención por parte del Estado? ¿Es necesaria una Ley de Humedales? ¿Qué impacto ecológico veremos en la próxima década de no producirse cambios reales? “Colapso” y “delito ambiental” son algunos de los conceptos planteados por los investigadores consultados por el Suplemento Universidad para tratar de responder esos interrogantes.
Territorio vasto e intereses poderosos
Con una trayectoria de más de 30 años dedicados a la investigación, el licenciado en Geología y doctor en Ciencias Naturales Carlos Ramonell señaló la dificultad por parte del Estado de llevar a cabo un control territorial eficaz en una gran extensión de kilómetros cuadrados –en algunos casos considerados “tierra de nadie”–, que se ubican sobre la llanura de inundación del Paraná, es decir, entre Buenos Aires y Chaco.
“Se trata de una superficie enorme que prácticamente carece de caminos, salvo estructuras viales como puede ser Zárate-Brazo Largo o la conexión Rosario-Victoria, con un acceso difícil y un paisaje marcado tanto por pantanos como por áreas lagunares”, señaló Ramonell, profesor titular en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL.
Sobre este punto, subrayó que existe un “dominio fragmentado” del Paraná por parte de las provincias, con una consecuente aplicación de criterios distintos –independientemente de cuál sea el mejor– y que en muchos casos no están “a tono” con las especies o zonas que se desean proteger: “Hay zonas que están bajo el control del Ministerio de Obras Públicas; otras, como el cauce principal, bajo la órbita de la Policía que responde al Ministerio de Seguridad; en tanto, la cartera de Ambiente es responsable de una fracción diferente. La única realidad es que hablamos de un territorio único, con humedales que funcionan sistémicamente, pero como una unidad, aunque administrativamente las miradas sean distintas”.
Según Ramonell, es en ese contexto que adquiere dimensión el concepto de “tierra de nadie” que permite la introducción de quienes desean sacar provecho con la ganadería, la extracción de arena o la pesquería industrial, apropiándose de porciones de tierra y ocasionando incendios descontrolados.
Florencia Rus, becaria del CONICET y docente en una cátedra de Urbanismo de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), explicó que la Asamblea Multisectorial “Basta de Quemas”, conformada en Corrientes a partir del incremento de los incendios en la provincia, intenta que la sociedad conozca a quienes tienen injerencia en la problemática, además de acompañar el reclamo de otras organizaciones por la promulgación de una Ley de Humedales.
“Lo que hemos visto es que, pese al incremento de la crisis socioambiental en el Litoral y el Delta, la ley no ha avanzado y en buena parte se debe a cierto paradigma desarrollista, al peso que tienen los agentes económicos que impulsan otras formas de producción más extractivas, con un fuerte lobby y presión para frenar cualquier normativa”, enfatizó Rus.
Un gran interrogante, a su entender, es cómo transformar esas dinámicas de poder instaladas en algunas ciudades o provincias “tan coloniales como Corrientes”.
Para completar el panorama, el doctor en Ciencias Biológicas Juan José Neiff, docente durante varios años en la UNNE y hoy vinculado al CONICET a través de trabajos colaborativos, remarcó que los “grandes desastres inmobiliarios” son otro factor de alta incidencia sobre el bienestar de los humedales: “El problema está en la venta de terrenos que supuestamente no se anegan en períodos de sequía como los actuales. Cuando viene una inundación la gente debe comenzar a hacer canales y diversas modificaciones que impactan en el ambiente”.
Neiff sostuvo que “cualquier sociedad que desee utilizar un sistema natural debe adecuarse a su variabilidad”. Cuando eso no sucede, las consecuencias, tarde o temprano, quedan en evidencia.
Ley sí, ley no
En un contexto en el que comenzaron a debatirse en la Cámara de Diputados nacional distintos proyectos que buscan proteger los humedales, con fuertes reclamos encabezados por organizaciones ambientalistas, la mirada de los académicos sobre una normativa general es disímil.
“La realidad es que Argentina ya tiene una Ley de Ambiente, de manera que acá no necesitamos leyes o decretos nuevos, sino una correcta aplicación de normas que ya existen”, aseguró Ramonell.
Para el investigador, la falta de control de los Estados provinciales sobre los territorios, en parte por las dificultades para el acceso o por ser espacios abandonados, condujo a una inacción evidente ante la problemática de las quemas.
Para Neiff, la discusión directamente es infructuosa: “La ley no es necesaria, básicamente, porque una única normativa no es suficiente para cubrir las distintas realidades de Argentina. Una cosa es lo que ocurre en Corrientes, la provincia con más humedales en el país, y otra es lo que pasa en Misiones o Tierra del Fuego, de manera que al ser general corre riesgo de no servir para nada”.
“¿Cómo vas a manejar con una ley nacional lo que sucede con los humedales rurales por un lado y los urbanos por el otro, que no tienen nada de contacto?”, se preguntó y consideró que cada geografía debe generar su propio inventario de humedales, tal como ocurre en Corrientes, porque una normativa única “solo traerá conflictos”.
En cambio, Rus se mostró a favor de una ley de presupuestos mínimos para la protección de esas áreas “como un primer paso necesario, aunque no debe ser el único”, y como parte de un reconocimiento fundamental para avanzar en la definición de ecosistemas “históricamente muy desvalorizados”, que incluya un análisis de sus alcances, escalas y situación actual.
En consonancia con lo expuesto por Neiff, resaltó la importancia de impulsar un ordenamiento ambiental que obligue a las provincias a hacer un inventario de humedales –un tema contemplado en el debate parlamentario–, aunque alertó que la prioridad debe ser evitar “la realización o ampliación de nuevas actividades en los territorios”.
“Es por ello que la ley sería un buen mecanismo, en caso de ser aplicada como se debe, para limitar el avance de estas prácticas que impactan a nivel socioambiental”, sintetizó la investigadora, magíster en Urbanismo, quien se encuentra en la fase final de su Doctorado en Arquitectura.
“El colapso ya llegó”
Cuando se analizan problemáticas ecológicas, se suele hablar de destrucción o deterioro a largo plazo. La mirada de los investigadores consultados, a pesar de que admitieron ciertas mejoras, dista de ser lo necesariamente favorable como para asegurar que el camino transitado en la actualidad es el ideal.
Como aspecto positivo, Ramonell subrayó que la bajante que se aprecia en el Paraná “no llegó para instalarse indefinidamente, sino que pasará y el río volverá a tener caudales ordinarios”. Sin embargo, marcó como un punto fundamental desarrollar “una convivencia más armónica con el río”, algo que incluye poner atención sobre ciertos desechos que se arrojan en él.
El punto en común de esta práctica con los ecosistemas analizados es directo. Si bien visualmente los incendios generan un impacto mayor, los humedales enfrentan otros enemigos silenciosos como son las canalizaciones empleadas para drenar áreas y volverlas productivas, al igual que el vertido de agroquímicos nocivos.
No solo la flora y la fauna padecen los efectos de la contaminación en los humedales. Los habitantes de las ciudades que se ubican sobre los márgenes del Paraná sufren en forma directa por la misma causa.
“Al contar hoy el río con la cuarta parte de volumen que suele tener, la cantidad de contaminantes que hay y se producen a orillas de las ciudades se diluyen en una cantidad menor de agua. Por lo tanto, la concentración de sustancias tóxicas, junto a desechos provenientes de las cloacas, determina un aumento del fósforo de nitrógeno que produce concentraciones grandes de algas verdes llamadas cianobacterias, capaces de generar un gusto y olor desagradable en las aguas”, precisó Neiff.
Estas prácticas ocasionadas por el accionar humano obligan a realizar operativos costosos de tratamiento. La otra dificultad que evidencia la bajante se da en el terreno de la navegación, con sus consecuencias económicas para la región.
Quemas intencionales, desarrollos inmobiliarios imprudentes y vertido de contaminantes sin reparos llevaron al investigador a hablar de un “delito ambiental que debe ser penalizado con todo el peso de la ley, porque el ambiente es de todos y no de dos o tres irresponsables”.
¿Hasta qué punto el daño infringido tiene solución? Según Rus, en términos de ciertos autores analizados en el campo académico, “el colapso ya llegó”.
Tras referirse a un escenario crítico en el que los fenómenos climáticos extremos se vuelven cada vez más recurrentes, alertó que “no poder respirar en una ciudad a causa de un incendio ya habla de un colapso” que profundiza las desigualdades sociales “al golpear a los sectores más vulnerables”.
“No nos enfrentamos a la caída de un meteorito, pero estamos viendo un deterioro paulatino y generalizado en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Resulta urgente pensar en otras formas de vida colectiva y consumo”, advirtió.
Ciudades sostenibles y cambio climático son ejes que figuran en la Agenda 2030 aprobada en septiembre del 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy, a mitad de ese camino trazado, los interrogantes sobre el futuro plantean desafíos que parecen imposibles de resolver.
