En las primeras horas del 9 de marzo de 1977, cientos de hombres del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell y del Regimiento de Infantería 7 de La Plata llegaron hasta el barrio Foecyt de Villa Elisa, donde vivían en un dúplex Griselda Betelú –que estaba embarazada de tres meses– y su compañero Raúl Martín Alonso. Los dos eran militantes de la Juventud Peronista- Montoneros. Los militares ordenaron a los vecinos que dejaran sus viviendas y dieron aviso en la estación de que no podrían pasar los trenes. Todo eso fue el preámbulo de un operativo brutal en el que incluso llegaron a usar una bazuka contra la casa para así provocar un incendio y extinguir cualquier posible resistencia ante el ataque. Por los homicidios de los dos militantes, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla ordenó la detención de cinco militares retirados.

La orden de detención inicialmente también incluía a Álvaro Marcos Carlés, que en 1977 oficiaba como jefe de sección de la Compañía A del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell. Carlés aparentemente murió años atrás en Venezuela, pero, por el momento, no hay registros oficiales de su deceso. Carlés es, de alguna manera, un protagonista central en la trama que permitió a la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata y al juzgado reconstruir el operativo de Villa Elisa.

Carlés fue herido en la madrugada del 9 de marzo de 1977. Tanto por el tratamiento que debieron darle y por la condecoración que le otorgaron después por “valor en combate” quedaron registros que permiten reconstruir cómo los militares llegaron a esa casita en la que vivían Betelú y Alonso, donde todo indica hubo inteligencia previa antes de que llegaran las unidades militares y el refuerzo policial.

Según esos documentos, un grupo operativo de la Central de Reunión de Información (CRI) del Área 113 llegó pasadas las 12 de la noche al Batallón de Comunicaciones para pedir apoyo para un allanamiento. Hacia allá fueron las unidades del Batallón y del Regimiento. Una vez en Villa Elisa, cercaron el edificio en el que vivía la pareja, desalojaron a los vecinos e interrumpieron el paso de los trenes. A Carlés le ordenaron ocupar el edificio. En eso estaba cuando fue herido –no queda claro que no haya sido fuego amigo, dicen los investigadores de la causa–. Después, activaron armas de mayor porte y terminaron incendiando la vivienda. Eso fue alrededor de las 3.30 de la mañana. 

La Policía bonaerense tomó conocimiento a las 0.45 de que había un tiroteo en el barrio de Villa Elisa y también estuvo presente: mandó seis patrulleros, dos grupos "antisubversivos" y una ambulancia. La información surge de un libro de novedades de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que aportó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a la investigación. Por el despliegue, el daño y la violencia desmedida, el operativo de Villa Elisa recuerda al de la casa de la calle 30, donde vivían el hijo y la nuera de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani y de donde se robaron a su nietita Clara Anahí.

Después de llamar a los bomberos, los represores sacaron los dos cuerpos de los militantes –según la versión que apareció plasmada en los documentos militares pero que también dio un vecino del barrio–. Griselda Betelú tenía 29 años, era psicóloga y trabajaba en la Dirección General Impositiva (DGI) de La Plata. Estaba embarazada de tres meses. Su compañero, Raúl Martín Alonso, tenía 26 años y era de Bolívar. Se había mudado a La Plata para estudiar Ciencias Económicas y trabajaba en los tribunales de esa ciudad.

Si bien sus restos nunca pudieron ser recuperados, la fiscalía pudo reconstruir --gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)-- que los cuerpos fueron enterrados una semana después en el cementerio de La Plata. Los certificados de defunción decían que habían muerto por los impactos de balas en sus cabezas. En mayo de 1982, los restos de Griselda y de su compañero fueron pasados al osario --lo que hizo imposible su identificación--.

Represores detenidos

Por sus homicidios, Ramos Padilla detuvo a Augusto Edmundo Caselli Gracés –que era el jefe de la Compañía B del Regimiento de Infantería 7– y a Carlos Felipe Maisonnave –que era el oficial de Personal del Batallón de Comunicaciones–. Los dos estaban en libertad, fueron arrestados en un operativo que estuvo a cargo de la Prefectura y ya fueron indagados por el juez. Únicamente Caselli Gracés aceptó declarar: reconoció haber estado ese 9 de marzo en el operativo, según pudo reconstruir Página/12 a través de fuentes judiciales. 

El juez también ordenó detener a otros integrantes del Batallón de Comunicaciones de City Bell: Carlos Bazán –que era su segundo jefe–, Francisco Fleba –que era el oficial de inteligencia de la Plana Mayor– y Eduardo Laciar –que era el oficial de operaciones–. Los tres ya estaban detenidos a disposición del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata. El último en ser indagado será Bazán, que declarará el 4 de octubre próximo porque está en prisión domiciliaria en Córdoba.

Bazán, Fleba y Laciar fueron condenados a prisión perpetua en 2019 por un operativo --comandado desde el Batallón de Comunicaciones– en el que arrasaron con otra familia. El 6 de septiembre de 1977, llegaron a una casita prefabricada del barrio Villa España de Berazategui en la que vivían María Nicosia Rodríguez, sus tres hijos –Marcela, Sergio y Marina– y un compañero de militancia, Arturo Alejandro Jaimez. Después de una resistencia inicial, los militares mataron a los dos integrantes de Montoneros. Cuando ingresaron a la vivienda, uno de ellos bramó al ver a los chicos: “Hay pichones en el nido”. A Sergio y a Marina los terminaron devolviendo a la familia, pero a Marcela –que tenía doce años– se la llevaron secuestrada. Pasó por centros clandestinos como Vesubio, Sheraton y el Regimiento de La Tablada– donde sufrió tormentos y abusos–.