Este martes por la noche, familias denunciaron que la Policía de la Ciudad visitó los domicilios de los estudiantes para notificar a los padres durante las tomas de colegios.
Para el Director de Justicia y Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Tufró, con esta medida el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta "disciplinar la protesta".
Según el investigador, hay una intención del Ejecutivo porteño de "judicializar y criminalizar la protesta" apelando al artículo 60 del Código Contravencional, que establece el derecho de admisión en un edificio público.
"Obviamente es muy discutible: ¿quién tiene el derecho de admisión y quién decide? Además, la toma se votó de manera democrática. O sea, aplicar esa idea a una medida de protesta es muy problemático", explicó en Aquí, allá y en todas partes.
Por otro lado, Tufró destacó que también "es inviable trasladar la responsabilidad de los chicos a sus padres en el caso de una medida contravencional".
Además, el integrante del CELS señaló que otra de las vías por las que el gobierno porteño pretende desarticular las protestas es a través de la carátula de "denuncias por destrozos" en las escuelas tomadas. Sin embargo, hasta el momento no hubo notificaciones en ese sentido.
Por último, Tufró aseguró que "no hay precedentes de un hecho de estas características en democracia". Y agregó: "Es uno de los efectos de estas medidas que toma muchas veces el Gobierno de la Ciudad, que en lugar de calmar los reclamos y cerrar los conflictos con instancias de negociación, redobla el conflicto y lo agudiza, lo alimenta. Y terminamos hablando de la violencia estatal y no de las demandas".
