"Con hambre no se puede estudiar", es una de las consignas que se repite en las secundarias de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran tomadas por sus estudiantes. La frase remite a un reclamo que arrastran hace años: la escasa cantidad y la mala calidad de las viandas alimenticias que reciben. Haciendo oídos sordos a la denuncias de las comunidades educativas, organizaciones sociales y hasta de la Auditoría General de la Ciudad, hace dos meses el Gobierno porteño renovó el control del servicio a las mismas empresas que lo manejan desde hace décadas, en un esquema que garantiza esa continuidad sin evaluar denuncias previas. La oposición porteña, en tanto, presentó un proyecto para modificar el servicio pero no recibió apoyo del oficialismo. 

Sánguches con una feta de queso y otra de jamón o paleta; una mandarina, una barrita de cereal o una magdalena. Todo en raciones escasas que en muchos casos no abastecen a la totalidad de los estudiantes en jornadas que, con actividades a contraturno, se extienden de la mañana a la tarde. Así lo graficó Carla Andrade, presidenta del centro de estudiantes del Mariano Moreno, que en rueda de prensa advirtió que "en la escuela somos 850 y nos llegan 180 viandas". Su compañera Isabella Spatola, coordinadora del centro, agregó: "Si no llegás antes del recreo a agarrar una vianda te quedás sin desayuno si sos de la mañana, o sin almuerzo si sos de la tarde. También reclamamos la calidad de las viandas, no tienen valor nutricional". 

El reclamo no es nuevo. A fines de junio los y las estudiantes movilizaron a la Legislatura con varias consignas que ahora se repiten en las tomas: "Con hambre no se puede estudiar" era una de los principales. Sin embargo, el GCBA no escuchó y un mes después, a principios de agosto, oficializó la noticia que temían las comunidades educativas: las mismas 18 empresas que operan el servicio desde hace décadas seguirían a cargo hasta fines de 2025 pese a las múltiples denuncias acumuladas. 

"Hay una falta de control de las empresas que se encargan de la elaboración y transporte de alimentos, llegando a extremos como la falta de presentación de la documentación relativa a Habilitación y Certificado de Registro Nacional de Establecimiento en la AGC, o que las plantas elaboradoras de las empresas Caterind, Arkino y Equis Quince no fueran inspeccionadas por el ente, tal como dispone el propio GCBA”, señaló el auditor general de la Ciudad por el FdT, Lisandro Teszkiewicz, sobre el último informe de la Auditoría por el período 2018-2019.

Ante la falta de control del GCBA, las propias comunidades se organizan para saber qué alimentos llegan. En un trabajo realizado por docentes de biología de la institución, la Comisión de Comedor de la Media Nº3 del Distrito Escolar Nº7 logró detectar, por ejemplo, que supuestas "tortillas de verdura" estaban "compuestas principalmente por arroz" y los "medallones de pescado" mezclados con almidón. Según Federico Lavagnino, presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, una de las que se encuentran tomadas, "todes les que estudiamos en la Ciudad sabemos de al menos un caso de intoxicación por el mal estado de la comida. Incluso algunos casos de hospitalización”.  

En marzo de 2020, por caso, casi cien alumnos se intoxicaron por alimentos en mal estado en escuelas de Caballito y Palermo, y las legisladoras del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry y Myriam Bregman, llevaron ese y otros casos a la Justicia en una causa que derivó en denuncias de desvíos millonarios y fallos que instaron sin éxito a que el GCBA garantizara la alimentación saludable. El servicio de esos colegios estaba a cargo de Lamerich, una de las empresas que ahora volvió a ser adjudicada. 

Es que el esquema licitatorio del GCBA presenta un extraña particularidad: no se evalúan incumplimientos ni denuncias previas y se priorizan los años de antigüedad de las concesionarias operando el servicio. Si se suman los altos costos anticipados por entrar al proceso, que rondan los 800 mil pesos, el círculo se cierra fácilmente sobre las mismas empresas. Este año, en efecto, solo se presentaron las 18 que terminaron siendo adjudicadas. 

"Es evidente que poner la alimentación de nuestros niñes y adolescentes en manos de un negocio cartelizado cuya única preocupación es la ganancia aleja la alimentación saludable, como lo muestra la baja calidad y cantidad de las raciones", señaló a Página/12 Matías Barroetaveña, legislador del FdT que junto a Ofelia Fernández presentó en abril un proyecto para modificar el sistema. El legislador agregó que "Larreta y Acuña deberían haber escuchado nuestra propuesta. Se hubiese evitado este justo reclamo basado en numerosas denuncias de los organismos de control y de la propia comunidad educativa".

Entre otros puntos, el proyecto prevé la universalización y la gratuidad del servicio, que en la actualidad es pago y los sectores que no pueden abonarlo deben solicitar becas para acceder. La universalización, en tanto, supondría que todos los niveles reciban la misma comida, con desayuno/merienda, almuerzo/cena, refrigerio y vianda incluido. Además, prevé que las empresas que incumplan no puedan volver a participar e incorpora a la economía popular y a las cooperadoras como posibles gestoras, priorizando alimentos agroecológicos.