La Justicia Especial para la Paz (JEP) otorgó la libertad condicional o canceló órdenes de detención a 403 miembros de las fuerzas públicas colombianas, y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo esperar “definiciones muy rápidamente” sobre otros 1400 casos, mientras miles de ex guerrilleros presos están en huelga de hambre porque no se hace efectiva su libertad en aplicación de la Ley de Amnistía.

“Son más de 1.800 (miembros de la fuerza pública) los que se han puesto en consideración de la Secretaría General de la Justicia Especial para la Paz”, declaró el ministro tras presidir un acto oficial en Bogotá, por lo que dijo que esperaba una rápida solución de otros 1.400 casos.

No obstante, reconoció que los atrasos en los procesos para otorgar la libertad condicional a los uniformados que esperan beneficiarse de la JEP se deben a la falta de personal de las administraciones y organismos competentes. “Entiendo que ya están en proceso de contratación los expertos, auxiliares de la justicia y el nombramiento de los magistrados en los próximos días. Tendremos una nueva cantidad de personas beneficiadas”, aseguró.

Asimismo, Villegas precisó que a lo largo de este año la JEP se pondrá en funcionamiento pleno para dar salida a todos los casos en trámite, entre los que hay, según reconoció, preguntado por la prensa, acusados de “falsos positivos”, como se conocen las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares que presentaban a las víctimas como guerrilleros abatidos para ser premiados por sus superiores.

La JEP será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto entre el gobierno y la guerrilla de las FARC bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH) o el Derecho Internacional Humanitario, entre otros. “No es un sistema para la impunidad, sino para la reconciliación. Los que han sido beneficiados con libertad condicionada lo han sido porque ya han cumplido condenas de por lo menos cinco años”, aclaró el responsable de la cartera de Defensa.

Por su parte, Rodrigo Granda, miembro del Secretariado de las FARC, reclamó que se cumpla con la aplicación de la amnistía aprobada hace ya más de seis meses en el Congreso y que hasta ahora sólo ha beneficiado a algo más de 800 presos de los 3400 que deberían ser liberados. Por ese motivo ya son 1486 presos por delitos políticos y conexos los que están en huelga de hambre desde hace una semana en 23 cárceles del país, a la que se sumó Jesús Santrich, uno de los jefes de las FARC, y otros 1760, se encuentran en desobediencia civil, según informó el diario local El Espectador. Pese a la urgencia en aplicar la ley de amnistía y a los reiterados llamados que han hecho diferentes organizaciones sociales y movimientos políticos, la norma está siendo sometida a estudio por parte de la Corte Constitucional, lo que bloquea su aplicación.

Mientras tanto, un censo socioeconómico divulgado ayer por la Universidad Nacional de Colombia concluyó que las FARC cuenta con al menos 10.015 miembros, el 66 por ciento de ellos de origen campesino, el 19 urbanos y 15 mezcla urbano-rural. El estudio, realizado en cuatro semanas, fue recibido por el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), antes conocida como Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Joshua Mitrotti, así como por el líder guerrillero Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias “Pastor Alape”. Ambos lo utilizarán para concretar las políticas de reincorporación de los insurgentes a la sociedad colombiana una vez terminado el conflicto. El censo abarcó las 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) en las que están reunidos los ya ex combatientes, 38 cárceles y 9 casas de acogida para los niños que estaban en la guerrilla y forma parte del acuerdo de paz firmado por las FARC y el gobierno colombiano.

El censo mostró que hay menos de un centenar de extranjeros: 54 venezolanos, 16 ecuatorianos y ocho brasileños, así como “uno o dos” nacionales de Chile, Argentina, Holanda, República Dominicana, Panamá y Francia, explicó a la prensa el coordinador general del estudio, Javier Jiménez. El recuento también señala que de los miembros de las FARC el 55 por ciento son guerrilleros, el 29 por ciento milicianos (colaboradores sin uniforme) y el 16 por ciento restante están privados de la libertad en centros penitenciarios del país andino.

Por escolaridad, se estableció que el 90 por ciento de los censados sabe leer y escribir. De éstos, el 57 por ciento tiene educación básica primaria, el 21 tiene educación básica secundaria, el ocho educación media vocacional (técnica) y un tres educación superior o universitaria.

De los 2267 embarazos en la guerrilla, el 77 por ciento recibieron atención prenatal en los sitios en los que se encontraban. Por rango de edad, se estableció que el embarazo es más frecuente entre las mujeres de entre 23 y 27 años.