La Fiscalía pidió al Tribunal Oral Federal 1 que imponga penas de entre 20 años y prisión perpetua a los tres oficiales retirados del Ejército que actuaron en el centro clandestino que funcionó en la Comisaría de Ramos Mejía durante la última dictadura cívico militar. En dos jornadas, la fiscal María Ángeles Ramos desarrolló los argumentos sobre los que consideró probadas las responsabilidades de Rodolfo Godoy, Roberto Godoy y Francisco Novotny, que integraron el Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, por el secuestro y torturas impuestas a una decena de personas que permanecieron encerradas y el asesinato de otra.

La fiscal pidió que los hechos que desde mayo pasado son eje del debate oral, público y virtual fueran considerados crímenes de lesa humanidad y que los imputados sean condenados en calidad de coautores mediatos de las acciones que cumplieron en el marco del plan sistemático de represión, tortura y exterminio desplegado durante la última dictadura. “Los imputados cumplieron tareas porque estaban comprometidos con ellas”, aseguró en el pasaje de su alegato destinado a desechar que Godoy y Novotny sean evaluados en base a la obediencia debida.

La comisaría

La fiscal Ramos comenzó su alegato hace una semana, cuando expuso sobre la inserción del Grupo de Artillería en el plan sistemático, su injerencia en el funcionamiento del centro clandestino y el vínculo con la subcomisaría de Villa Insuperable, conocido como Sheraton y que operó bajo la órbita de la misma unidad del Ejército. De hecho, dos de los acusados –Roberto y Rodolfo Godoy– fueron condenados en el juicio del Sheraton que culminó en 2019. Además, la Fiscalía describió los hechos sufridos por las víctimas.

Como primer punto, la Fiscalía solicitó que los hechos fueran considerados crímenes de lesa humanidad, “hechos de gravedad extraordinaria” que “dejaron secuelas a las víctimas y a sus familias que son inconmensurables”, apuntó Ramos. “¿Cómo podemos medir el daño causado a las personas que fueron violentamente secuestradas, sometidos a condiciones inhumanas y humillantes de vida, privándolos de innumerables condiciones necesarias para la vida durante largos períodos de tiempo, asesinadas? Esto debe tenerse en cuenta” en las condenas, consideró.

Las historias

Las diez víctimas del juicio permanecieron secuestradas en Ramos Mejía o fueron víctimas de las patotas que actuaron en su órbita. Muchas tuvieron paso previo o posterior por el Sheraton. El cineasta Pablo Szir, por ejemplo, militante de Montoneros, tenía unos 30 años cuando fue secuestrado el 30 de octubre de 1976, en la vía pública de la localidad donde vivía, Ramos Mejía. Fue trasladado a la comisaría donde estuvo detenido de manera clandestina y torturado hasta mediados de diciembre, cuando fue trasladado a Sheraton. Permanece desaparecido. María Cristina Ferreiro fue secuestrada en diciembre de 1976, tenía 27 años, estaba casada y tenía una bebita de seis meses. Militaba en la Juventud Peronista y vivía en San Justo, La Matanza. La llevaron al Sheraton y en enero del 77 la trasladaron a la comisaría de Ramos Mejía. En marzo de ese año fue obligada a exiliarse.

Alcira Camusso y Gabriel Rodríguez tenían 19 y 20 años para febrero de 1977. Militaban en Montoneros, estaban casados y tenían una bebé de siete meses. Alcira estaba embarazada tempranamente. A fines de ese año, personal del Grupo de Artillería 1 los fueron a buscar a su casa en Ituzaingó “con el objetivo de secuestrarlas o asesinarlas en el caso de que no pudieran detenerlas”, aclaró Ramos. “Fueron casa por casa en busca del paradero de esta pareja”, añadió. Sin orden de detención u orden de allanamiento. Durante el operativo, Gabriel intentó escapar y lo balearon. Fue trasladado al hospital militar de Campo de Mayo, pero murió. A Alcira la llevaron a Ramos Mejía, lugar que reconoció en el marco de este juicio durante una inspección ocular.

Héctor Ratto también reconoció la Comisaría en la misma inspección. Ratto, obrero de Mercedes Benz donde colaboraba con los delegados de la fábrica, fue detenido en agosto del 77 desde la automotriz. Primero estuvo en la Comisaría de San Justo y luego en Ramos Mejía. De allí, lo llevaron a El Campito, en Campo de Mayo, donde lo torturaron varios días. Fue devuelto a Ramos Mejía en septiembre y allí fue dejado hasta marzo de 1979.

María Victoria Joloidovsky permaneció secuestrada en Ramos Mejía más de un mes. Fue capturada el 22 de febrero del 78 en la casa donde vivía con su marido y su bebé de 11 meses, en Capital Federal. Y permaneció detenida hasta septiembre de ese año.

La fiscal analizó también los casos de los hermanos Marcelo y Daniel Olalla de Labra, de Osvaldo Scarfia y de Alfredo Chaves. “Los hechos se produjeron en circunstancias similares, los secuestros y los traslados se produjeron en las mismas fechas”, aclaró la fiscal. Los Olalla de Labrá eran mellizos y tenían 18 años, militantes de la UES. Sobrevivieron al genocidio, pero no a la demora de la Justicia en tratar su caso: están fallecidos. Los secuestraron de su casa el 9 de mayo de 1978. La madrugada de ese mismo día fue secuestrado Osvaldo Scarfia, de 19 años, también militante de la UES. Alfredo Chaves tenía la misma edad y había estudiado el secundario hasta 1977 en el Carlos Pellegrini, donde había sido delegado del centro de estudiantes. También fue secuestrado el 9 de mayo, en su casa de Villa Ballester. Las cuatro víctimas fueron trasladadas al Vesubio, donde fueron torturados. Luego pasaron por la comisaría Pablo Podestá y después, a Ramos Mejía, donde permanecieron dos meses más.

Los acusados

Para Ramos, “la presencia y la acción mancomunada” de cada acusado, así como en el capítulo del plan sistemático que se escribió desde el Grupo de Artillería 1, “era necesaria para asegurar el resultado delictivo”. La Fiscalía confirmó la calificación de la participación de cada uno emitida por el Ministerio Público Fiscal en la elevación a juicio, tras la instrucción de la causa.

Rodolfo Godoy fue, entre mediados de 1976 y de 1979 –período analizado bajo juicio– segundo jefe y jefe de plana mayor de aquel grupo, y, en tanto tal, “planificó, dirigió y supervisó las operaciones, desde su posición de poder dio las órdenes y dirigió al personal subalterno que operaba en Ramos Mejía para que los hechos se fueran llevando a cabo tal y como ocurrieron”, apuntó Ramos, fiscal y titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) del MPF. Para él, Ramos pidió 20 años de prisión como coautor mediato de la prisión ilegítima y tormentos de Ratto, Joloidovsky, los hermanos Olalla de Labra, Scarfia y Chaves.

En su rol de teniente primero y auxiliar del Grupo de Operaciones de la Compañía Comando y Servicios en el Grupo de Artillería, Francisco Novotny fue coautor mediato y a la vez autor directo. Fue “retransmisor de órdenes y a la vez se involucró personalmente” en los hechos pues, dijo, “nada impide que quien tiene todo el poder elija involucrarse en algún momento en alguna parte del plan criminal”. Por su vinculación en la privación ilegítima de Szir, Ferreiro, Camusso, Ratto, Joloidovsky, los hermanos Olalla de Labra, Scarfia y Chaves, además de los tormentos, solicitó 25 años de cárcel para Novotny.

El pedido de pena más grave fue para Roberto Godoy, oficial de operaciones de la plana mayor del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, a quien señaló como quien “planificó, organizó y supervisó la ejecución de los operativos” que emanaron de la Comisaría de Ramos Mejía, que culminó con el homicidio de Gabriel Rodríguez y el funcionamiento del centro clandestino. Para él, la condena solicitada fue de perpetua.