La garita de seguridad situada en la puerta de los tribunales federales de Rosario en Oroño al 940, fue baleada durante la madrugada de ayer por una persona que pasó caminando y, a cara descubierta, efectuó un disparo, lo que para el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, constituye “una crisis de seguridad extrema”.
El nuevo ataque armado contra un edificio judicial, ocurrido a las 3.20 y la cara de su autor quedó registrada por las cámaras de vigilancia del lugar, atento a que el prefecto que estaba de guardia no se encontraba en la garita, distante a unos quince metros de la puerta principal de ingreso a la casona señorial judicial.
También quedó sobre la vereda interna una bala percutada del arma del agresor, por lo que se sospecha que el primer disparo no salió, a pesar de que la munición fue apestillada, y que el tirador debió accionar la corredera para poder efectuar un nuevo tiro.
Este único impacto, efectuado después que el atacante pasara su mano y el arma por entre las rejas del portón de ingreso, impactó estratégicamente en dos de los vidrios de la garita de fibrocemento, para terminar su recorrido sobre una de las paredes laterales del colegio católico que linda con el tribunal federal. Es más entre los testimonios recabados, se cuenta el de la monja que dormía plácidamente en el interior de esa institución religiosa, y que dijo haber escuchado un ruido similar a un disparo en medio de la noche, pero que igual siguió durmiendo.
La investigación por el ataque armado quedó en manos del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, quien está en turno. El principal elemento de la pesquisa lo constituye el video que captó el momento en que el agresor disparó contra la garita de seguridad. Aún no se sabe si contaba con apoyo para movilizarse, puesto que en la filmación se lo ve a pie desde calle Rioja, hacia donde regresó con tranquilidad una vez concretado el mensaje mafioso.
En agosto pasado, el mismo fiscal Arzubi Calvo requisó las celdas de los presos Mario Segovia –conocido como el “rey de la efedrina”– y Julio Andrés Rodríguez Granthon –condenado por narcotráfico– ante la sospecha de que planificaban desde el penal federal de Ezeiza atentados contra la Justicia federal de Rosario. Segovia actualmente está condenado a 16 años de cárcel y Rodríguez Granthon cumple dos penas por venta de droga, una por 12 años y la otra por 10 años de prisión. Justamente en este operativo en el penal de Ezeiza fue secuestrado un teléfono celular del Peruano , como se lo conoce al piloto de esa nacionalidad que fue descubierto tripulando una nave con cocaína "El aparato celular de Rodríguez Granthon puede deparar algunas sorpresas" deslizó ayer ante este diario uno de los investigadores.
Una vez conocido el hecho con las primas luces del día, se sucedieron las declaraciones. En este caso el camarista Pineda explicó que el custodio, miembro de Prefectura Naval, se encontraba adentro del edificio. En esa línea el funcionario federal explicó que “en todos los edificios de tribunales hay custodia, pero el número no es suficiente para controlar adentro y afuera".
“Estamos en una crisis de inseguridad extrema. Si no abordamos este tema de forma distinta y rompemos esta inercia, sobre cómo se plantea el Estado sobre la criminalidad compleja, entraremos en instancias peores”, aseguró el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que posee facultades de superintendencia sobre el edificio atacado. “Ayer fue otro edificio, hoy (por ayer) fue el Tribunal Federal y mañana será peor”, abundó Pineda, para quien el hecho “tiene que llevar a la reflexión, no sólo a los gobiernos de turno, sino a todos actores institucionales de los poderes judicial y legislativo, del oficialismo y de la oposición”.
Así, el camarista sostuvo que “si no trabajamos entre todos en forma coordinada frente al crimen organizado, sin dudas estas bandas se van a constituir como actores sociales y vamos a perder todos”.
La balacera contra los Tribunales Federales de Rosario tiene como antecedentes decenas de ataques armados a edificios judiciales provinciales y al Concejo Municipal de esta ciudad. hechos similares, ocurridos a lo largo de 90 días en 2018, en septiembre del año pasado fue condenado a 22 años de prisión Ariel “Guille” Cantero, jefe de una facción de “Los Monos”, quien junto a otras 6 personas fue encontrado responsable de varias balaceras a inmuebles del Poder Judicial.
También el capo narco local y rival de “Los Monos”, Esteban Alvarado, fue condenado en junio pasado a prisión perpetua por homicidios, lavado de activo y asociación ilícita, y también por organizar ataques a tiros a edificios judiciales y a la vivienda particular de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Sobre el motivo del ataque, el camarista Pineda dijo hoy que “hay varias causas sensibles en estos tribunales, pero no podría identificar esto con alguna en particular”. “No tuvimos amenazas, y el motivo surgirá después de la investigación”, agregó.
El hecho generó el repudio de organizaciones de jueces federales y provinciales y del gobierno santafesino. La Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República de Argentina (AJUFE) repudió “enérgicamente el atentado perpetrado contra las instalaciones de la justicia federal de la ciudad de Rosario” y exigió “a las autoridades nacionales y provinciales que garanticen las condiciones de seguridad para ejercer la función judicial y protección de sus integrantes”.
La delegación sur del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe también condenó el ataque y sostuvo que “constituye una hecho de suma gravedad institucional, en tanto pretende interferir y comprometer el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado”.
Por su parte el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, afirmó por su parte que el ataque “fue un amedrentamiento por parte de bandas criminales hacia la Justicia, el Gobierno y la actuación de la policía”. Además, consideró que “es un acto extorsivo, es una reacción al accionar de la policía” por parte de organizaciones criminales.
El ataque puso también en alerta a la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). Frente al atentado, el secretario general de la región, Lisandro Casale, advirtió: “Todos estamos muy expuestos”.
Al igual que los propios uniformados que estaban dentro del edificio, el sindicato se enteró de la balacera a la mañana siguiente, cuando el personal fue a trabajar y se encontró con la garita rota. “Tratamos de bajar tranquilidad para no entrar en una situación de pánico. Vamos a tener que estar atentos a las medidas”, comentó el representante del gremio.
Casale confirmó que sienten preocupación luego del ataque en Oroño al 900. Asimismo, ratificó que no alcanzan las fuerzas de seguridad disponibles para vigilar el lugar.“L os edificios de los tribunales federales son muy vulnerables, ya sean fiscalías o defensorías”, apuntó el dirigente de la UEJN ante la consulta de Radio 2. De esta manera, coincidió con el reclamo de los magistrados locales por la falta de recursos.
Finalmente desde la fisclai a cargo de la pesquisa se informó quese convocó a personal del área Criminalística de la PFA con el fin de la preservación de la escena del hecho, el levantamiento de rastros y evidencia, obteniéndose material balístico que será analizado en los Gabinetes PFA de la Ciudad de Buenos Aires. Así como que también se dio intervención a la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) de la Procuración General de la Nación a fin de mejorar la nitidez de las imágenes obtenidas.
Se requirió a la Central de Emergencias informe si en la franja horaria del hecho se registraron incidencias en la zona del tribunal.
