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El presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, sugirió la posibilidad de hacerle juicio político y detener a Cristina Fernández de Kirchner al revisar —junto con sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— un procesamiento que había dictado Claudio Bonadio contra la vicepresidenta por el supuesto uso de la flota de aviones presidenciales para hacer traslados de objetos hacia El Calafate. Llorens —a quien CFK se refirió como el “arquero del Liverpool” después de que Página/12 revelara que jueces y fiscales jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri— ya había reclamado que se unificaran las causas contra la vicepresidenta.
Cuando llevaba la causa de los “cuadernos”, Bonadio usó determinadas declaraciones para armar una nueva causa contra CFK. En esa oportunidad decía que la expresidenta había usado los aviones presidenciales para trasladar diarios y muebles al sur del país. Por este hecho, CFK tuvo que declarar en la jornada maratónica que incluyó ocho indagatorias.
El juez la procesó por peculado y la Cámara Federal lo convalidó parcialmente al tiempo que rechazó anular todo lo actuado por Bonadio —porque había sido el mismo juez quien denunció a CFK y luego evaluó su conducta—. En mayo pasado, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal —con los votos de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques— anuló la resolución de la Cámara y ordenó que se volvieran a analizar los planteos de la vicepresidenta.
Los tres integrantes de la Sala I —llegados todos al tribunal durante el macrismo— insistieron en confirmar el procesamiento de CFK. Sin embargo, dijeron que no correspondía procesarla por el envío de diarios o resúmenes que hacía la Secretaría de Prensa porque era parte de su tarea como presidenta. Solo sostuvieron el procesamiento por el supuesto envío de muebles o de ropa blanca.
A Oscar Parrilli, Bonadio lo había procesado en su calidad de secretario general de la Presidencia y porque, como tal, era su responsabilidad el presupuesto para la flota de aviones y el manejo de la Casa Militar. En su caso, la Cámara Federal le dictó falta de mérito y le ordenó al juez que tiene el caso que continúe con la pesquisa.
Lo singular del fallo fue el tono que empleó Llorens, que no omitió ningún tipo de “reproches” e hizo consideraciones sobre un “esquema de corrupción estatal”, bastante a tono con la acusación que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron en el juicio de la obra pública en Santa Cruz, donde pidieron que se condene a CFK a doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Llorens no evitó involucrar a los hijos de la expresidenta en la resolución —que no son parte de la investigación—. “Tanto ella, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional”, escribió. Si bien dijo que el traslado de diarios no ameritaba un reproche penal, sí uno ético y se despachó con una serie de disquisiciones que derivaron en sugerirle al juez que tiene el expediente —Sebastián Casanello— que evalúe si CFK no puede obstaculizar la investigación y, por ende, no debe evaluarse su detención.
El camarista no se ató al mástil del expediente, sino que pidió ver otras causas e incluso mencionó hechos de “público conocimiento” a la hora de evaluar la conducta de CFK. “Tampoco puede desconocerse que una perspectiva integral y conjunta de todos esos expedientes pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre 2003 y 2015 con distintas manifestaciones”, sostuvo sin especificar cuál fue la revisión integral y conjunta que menciona.
Llorens dijo que su voto pretendía ser una “orientación” para solucionar el “daño estructural generado” por hechos como los que se investigan en ese expediente. “Evidenciaron un quiebre permanente de la prudencia, la mesura y la austeridad como guías indiscutibles del comportamiento que deben asumir aquellos a quienes les es confiado el ejercicio de la función pública, y cuyos orígenes pueden reconocerse en nuestra gesta revolucionaria, reveladora de un enérgico repudio por la ambición”, escribió sin refrenarse. “Frente a ellos es nuestra obligación, la de los jueces, pronunciar esa verdad y revelar la real dimensión de los hechos que conocemos en el ejercicio de nuestro rol”, reclamó.
En Comodoro Py —que no suelen asombrarse por casi ningún fallo—, varios colegas de Llorens llamaban la atención sobre el tono incendiario. "Una resolución así no deja bien parado a nadie", evaluaba un magistrado que no puede ser encasillado por ningún tipo de simpatía con el Frente de Todos.
Antes de firmar esta resolución, Llorens rechazó unificar la investigación sobre Revolución Federal —el grupo que reclama “bala para el kirchnerismo” y lleva guillotinas y antorchas a sus protestas— con la del intento de asesinato a CFK. En julio, junto a sus dos colegas, sobreseyó a Macri considerando que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espió a los familiares de víctimas del ARA San Juan, pero que lo hizo porque estaba en juego la seguridad presidencial e interior. En diciembre del año pasado, había dicho que los espías macristas fueron cuentapropistas y que no hubo un plan sistemático de espionaje durante la gestión Cambiemos, rechazando ver los casos en su conjunto como pregona ahora con CFK.
