En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se aprobó un proyecto de ordenanza que promueve la inclusión laboral de personas que han sido víctimas del delito de trata en todas sus modalidades. Además, se establece un sistema de incentivos impositivos para las empresas privadas radicadas en el municipio que empleen a estas personas. 

El autor del proyecto, el edil Guillermo Kripper (Unidos por Salta), sostuvo que es una iniciativa de integración y reinserción social para quienes  han padecido "una experiencia traumática y, quizás, la más dolorosa que puede tener una persona al ser sometida y alejada de su mundo sin saber qué pasa al día siguiente". 

La ordenanza obliga a la Municipalidad de Salta, el Concejo Deliberante, el Tribunal Administrativo de Faltas y el Tribunal de Cuentas a emplear hasta el 1% del personal de cada organismo a personas que sufrieron la trata. En ese sentido, Kripper destacó que el proyecto no sólo busca garantizar un trabajo estable, sino también brindar una serie de herramientas referidas a la formación y capacitación en distintos oficios. 

Es por ello que la ordenanza dispone la celebración de convenios con otros organismos estatales, empresas y organizaciones civiles para facilitar la inclusión laboral; la creación de un registro de puestos de trabajo disponibles en el ámbito privado; la asistencia a las personas para su contratación y ante cualquier inconveniente que pudiera surgir con la parte contratante. En el caso de las empresas privadas, se contemplará la creación de un sistema de incentivos impositivos para aquellas que ocupen a víctimas de trata en todas sus modalidades.

Además, se habilitó la puesta en marcha de actividades para difundir y alentar las modalidades de contratación en los distintos sectores de la administración pública y privada previstas en esta ordenanza. También se incentiva dar prioridad a las personas víctimas del delito de trata en la inscripción para realizar capacitaciones en la escuela de Arte y Oficios. 

"Queremos colaborar con la restitución de derechos", expresó el concejal. Por lo que destacó que la aprobación del proyecto es "un avance muy importante para un sector muy vulnerable". La ordenanza tendrá como órgano de aplicación al Ejecutivo municipal. "Asumimos un compromiso y vamos a trabajar juntos para crear un sistema de becas de capacitación laboral", agregó Kripper. 

El proyecto también establece que se deberá articular con organismos del estado provincial, como la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Derechos Humanos, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, y todo organismo competente para tener acceso a la base de datos de las víctimas de trata de personas en sus distintas modalidades.

Además, se deberán difundir los mecanismos a través de los cuales las personas pueden denunciar delitos de trata en forma gratuita y anónima. También los de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la ciudad que trabajan en la promoción de los derechos humanos de las víctimas del delito de trata en todas sus modalidades.

La concejala Soledad Gramajo destacó la importancia de la iniciativa, por lo que implica en la defensa de los derechos humanos. 

Mientras que la edila Paula Benavides (Salta Independiente) aseguró que el tratamiento del proyecto en las comisiones fue de manera responsable, atendiendo a la sensibilidad de la problemática. "Este proyecto no sólo busca lograr un cupo de inclusión laboral, sino también la articulación con el sector privado y poder brindar herramientas de capacitación", reiteró. 

La concejala Emilia Orozco (JxC+) señaló que la provincia de Salta está entre las ocho que reciben mayores denuncias por delitos de trata. El 90% de las víctimas son niñas, adolescentes y adultas mujeres. Aseguró que, a pesar de la legislación que ya existe en el mundo y en el país, aún "queda un largo camino para erradicar esta problemática". 

Mientras que la legisladora Carolina Am (Unidos por Salta) manifestó que la inclusión se dará de manera eficiente si existe una "fuerte decisión política" de hacerlo. Si bien hay legislación en el país, para la concejala "no se han ejecutado (las políticas) de acceso al empleo digno". Recordó que la trata es el tercer negocio ilegal más rentable, detrás del narcotráfico y al tráfico ilegal de armas, según informó Naciones Unidas. 

Para José García (Unidos por Salta), además de decisión política, también se requiere de valentía. "Esperemos que esta ordenanza no quede plasmada solamente en un papel, sino que podamos volcarla en la realidad y en los hechos", expresó.