Existen dos maneras de reducir el déficit: aumentando la recaudación o achicando el gasto. El problema surge cuando la cantinela de bajar el déficit se combina con la de bajar impuestos. En ese punto se genera una contradicción insalvable que solo puede explicarse con un sofisma.
La renegociación de la deuda con acreedores privados de 2020 equivalió a un ahorro de 37.700 millones para el periodo 2020/30, despejando el horizonte de vencimientos de corto plazo. A su vez, la reducción de la tasa de interés del 7 al 3 por ciento redujo la insostenibilidad de la deuda, lo que hubiese redundado en un mayor déficit financiero e indefectiblemente en una cesación de pagos.
No es cierto que Argentina tenga un elevado déficit fiscal, lo que el país tiene es una alta evasión fiscal, equivalente al 9 por ciento de la recaudación o al 2,74 por ciento del Producto Interno Bruto según Celag. De acuerdo con la ONG británica Tax Justice Network, sólo la evasión de individuos y multinacionales en Argentina equivale a 2.685 millones de dólares por año.
La cantinela
La insistencia de los sectores dominantes con sus representantes políticos por bajar el déficit oculta sus verdaderas motivaciones y, para legitimarse, se parapeta en una supuesta reducción de la inflación. Sin embargo, la metodología que proponen para reducir el déficit es siempre la misma: achicar el gasto.
El gasto público busca subsanar las inequidades que el sistema no resuelve por sí solo, dado que existen actividades que no son rentables desde el punto de vista economicista y es el Estado el que debe garantizarlas en pos del bien común.
En ocasiones la intervención del Estado genera crowding out, es decir, un corrimiento del sector privado por el sector público en actividades que sí son rentables. La ortodoxia sostiene que es el sector privado es el que está más capacitado para llevarlas a cabo, porque es el que asigna los recursos de manera más eficiente. Y esa capacidad es indiscutible, pero ello se realiza sobre la base de la maximización del beneficio. Si el Estado no interviniese por medio del gasto o, mejor dicho, la inversión pública, sólo las actividades más rentables serían las que se llevarían a cabo, mientras que las que no generan una ganancia efectiva carecerían de sentido económico y, por lo tanto, no tendrían oferta.
Entre 2016 y 2019, por ejemplo, rigió una lógica de mercado sobre los servicios públicos. Las tarifas a valores internacionales, sin relación alguna con el poder adquisitivo, provocaron una transferencia de ingresos desde la sociedad a las empresas energéticas. El sentido social que impera en el concepto de los bienes y servicios públicos desvela a los sectores que ven las cuantiosas ganancias que podrían obtener con el corrimiento absoluto del Estado.
Por otro lado, el 66 por ciento del gasto público lo compone el sistema de seguridad social: jubilaciones, pensiones, asistencia social, entre otros. Otra contradicción en la que se incurre cuando se arguye la imperiosidad de reducir el gasto, pero se hace demagogia reclamando aumentos en los haberes. Sin un sistema público de reparto es muy probable que los ingresos de los sectores más desfavorecidos no puedan siquiera cubrir las necesidades básicas, tal como ocurrió cuando las AFJP se hicieron cargo del sistema previsional.
El déficit en el mundo
En 2021 Argentina tuvo un déficit financiero del 4,5 por ciento como porcentaje del PBI, muy por debajo de países como Estados Unidos (16,7 por ciento), Bolivia (9,5 por ciento), Japón (7,6 por ciento), Islandia (8,9 por ciento), Australia (7,8 por ciento), Chile (7,5 por ciento), Italia (7,2 por ciento), Colombia (7,1 por ciento), España (6,9 por ciento), Francia (6,5 por ciento) o el Reino Unido (6 por ciento).
Con el 4,5 por ciento de déficit registrado en 2021, la inflación en Argentina cerró en 50,9 por ciento, mientras que en los países mencionados la inflación fue: 7 por ciento en EEUU, 0,9 por ciento en Bolivia, 0,8 por ciento en Japón, 5,1 por ciento en Islandia, 3,5 por ciento en Australia, 7,2 por ciento en Chile, 6,5 por ciento en España, 2,8 por ciento en Francia y 5,4 por ciento en Reino Unido.
El déficit no es causal de inflación. En tal sentido, la inflación se explica por la emisión monetaria con la que se financia parte del gasto y por la tasa de interés que se paga por el dinero prestado. Por ello sigue siendo necesaria una reforma tributaria progresiva que cubra eficientemente las erogaciones que realiza el Estado y una reducción en la tasa de política monetaria consistente con el crecimiento económico.
Discurso privatizador
En épocas de crisis resurge con virulencia el discurso privatizador para achicar gastos. Discurso en el que Aerolíneas Argentinas es una abonada casi exclusiva. Según los estados contables de la empresa, en 2021 la asistencia del Estado nacional fue 72.798 millones de pesos, equivalente al 0,16 por ciento del PBI. Sin embargo, el resultado del Producto Bruto Aeroportuario generado por Aerolíneas equivalió a 861 millones de dólares, el beneficio económico para los pasajeros alcanzó los 331 millones de dólares, los turistas receptivos internacionales y los turistas internos transportados aportaron un total de 977 millones de dólares y, de acuerdo al indicador de conectividad Aerolíneas Argentinas, implicó una contribución a la economía argentina que alcanzó los 611 millones de dólares para todo 2021. Un impacto positivo total de 2.780 millones de dólares, o un 0,4 por ciento del PBI.
Además las externalidades positivas de contar con una aerolínea de bandera quedaron de manifiesto con la irrupción de la pandemia, cuando la emergencia sanitaria obligó a comprar de urgencia material sanitario y vacunas. Y, posteriormente, para la recuperación del sector turístico, uno de los más afectados por el virus. En efecto, Aerolíneas Argentinas fue clave para los 99.000 millones de pesos generados por el Pre Viaje en 2021.
La reducción del déficit hoy no es sólo una demanda de los sectores económicos que se beneficiarían con el corrimiento del Estado, sino que es una imposición directa del FMI como garante del capitalismo financiero global. La economía es un ámbito de constante disputa de intereses y lo que en apariencia puede resultar lógico desde una perspectiva individual, no aplica a nivel agregado en un país.
Las situaciones de superávit fiscal y financiero no son la norma, son la excepción. Reducir el déficit por medio del ajuste en el gasto público es una defensa solapada de la desigualdad. En economía es importante el cómo, pero mucho más importante el para qué.
* Economista. Auxiliar docente de Historia Económica y Social Argentina (UBA).
