Desde Santa Fe
Un acuerdo político entre el gobierno de Miguel Lifschitz y los senadores del PJ selló el destino del defensor provincial Gabriel Ganón y del fiscal regional de Reconquista Eladio García. La sesión conjunta de la Cámara de Diputados y del Senado prevista para hoy, a las 13, tratará dos dictámenes de la comisión bicameral de Acuerdos que proponen suspender a ambos hasta el final de sus mandatos, en abril de 2017, por supuesto "mal desempeño". "Los votos están", dijo uno de los legisladores que levantarán la mano. Pero la puesta en acto asoma como el revés de otra trama: una negociación política entre ambas partes y una reunión clave en la propia Casa Gris, donde se acordó "el remedio", como llamó un colega al cese anticipado de Ganón y García. Allí, Lifschitz fue asistido por sus ministros de Gobierno Pablo Farías y de Justicia Ricardo Silberstein y cuatro diputados: los socialistas Rubén Galassi y Eduardo Di Pollina y sus colegas de la UCR, Jorge Henn y Alejandro Boscarol. Y a la mayoría del PJ en el Senado, la representó el presidente de la comisión de Acuerdos, Raúl Gramajo (denunciante y acusador del fiscal) y su interino Ariel Calvo (un buen amigo del senador nacional Omar Perotti), según confirmaron a Rosario/12 fuentes responsables.
Ganón dedicó más de diez horas y tres jornadas a impugnar el proceso de remoción que le iniciaron el senador radical Lisandro Enrico y los diputados Oscar Pieroni, del socialismo y Norberto Nicotra, del PRO. Lo consideró otro "acto de hostigamiento" a la Defensa Pública "efectuados por miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial" -dijo‑ y parte de un operativo que viene de lejos, con "dos pedidos de remoción" en 2013 y 2014, que se repitió hasta en "sus causales" en 2016. Terminó su exposición el miércoles 9 de noviembre.
El jueves 10, se realizó la reunión en la Casa Gris, donde el gobierno y los senadores del PJ acordaron suspender a Ganón y a García. "Nunca estuvo en duda la salida de Ganón, así que la discusión giró alrededor de la situación de García, que era muy complicada", dijo uno de los testigos del acuerdo. Y mencionó a los protagonistas del diálogo: Lifschitz, el ministro Farías, en un momento se sumó Silbertein, los cuatro diputados del Frente Progresista y los senadores Gramajo y Calvo, aunque la lista es incompleta.
En la negociación, antes y después, participaron otros legisladores. "Nos hemos reunido en diferentes lugares, pero esa fue la única reunión en la Casa de Gobierno", reveló la fuente.
--¿Y cuál fue el rol de Silbertein? -preguntó este diario.
-‑Estuvo un rato. Le preguntaron un par de cosas y se fue -contestó. Ya se habían "zanjado las diferencias" y acordado el "remedio", como lo llamó el periodista Mario Cáffaro en su columna del sábado 12, en El Litoral: suspender a Ganón y García "hasta el final de sus mandatos, que se producirá en abril". Los dictámenes "se empezarán a escribir en la semana, bajo la atenta mirada de la Casa Gris y del Palacio de Tribunales, que validarían la salida encontrada", escribió el colega.
El martes, Rosario/12 publicó esos dictámenes que a la tarde firmaron Gramajo, Calvo y dos diputadas del Frente Progresista, Inés Bertero y Alicia Gutiérrez, en línea con el acuerdo de la Casa Gris. El interrogante es si los dos radicales de la comisión de Acuerdos, el senador Rodrigo Borla y la diputada Patricia Tepp, sumarán sus firmas, porque el tercero, Julián Galdeano, está fuera del país.
Los despachos responden a la misma matriz, son idénticos y hasta repiten párrafos enteros. Le reprochan a García una supuesta "falta de temple y equilibrio emocional" y a Ganón un presunto "mesianismo incompatible e impropio" con su cargo. "No es un 'bill' que legitime cualquier accionar con desapego a las normas", le dice al magistrado. Un agravio que revierte la mirada sobre el autor de los escritos.
Ganón dijo que el mecanismo de remoción violó las garantías constitucionales del "derecho de defensa, debido proceso, imparcialidad (porque los denunciantes, acusadores y juzgadores son los mismos), plazo razonable, non bis in ídem, presunción de inocencia, contradicción, proporcionalidad, derecho al recurso y legalidad". Y pidió ser escuchado por un "tribunal imparcial". "Privar al denunciado de este derecho implica someterlo a una 'Corte Canguro'", como se llama en Estados Unidos a la "farsa legal" donde la sentencia se conoce de antemano. Es un mecanismo que se utiliza para "asegurar la condena" y "negar, obstaculizar o impedir el debido proceso de los derechos en nombre de la 'conveniencia'. Llevar adelante un procedimiento de esta calaña implica un proceder arbitrario, irrazonable y contrario a un estado democrático", concluyó.
