El Gobierno español decidió bajar el IVA a los productos de salud menstrual, los preservativos y los anticonceptivos no medicinales del 10 al 4 por ciento, anunció este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que la rebaja quedara afuera de la nueva ley del aborto.
La medida, que se calcula tendrá un impacto de 24 millones de euros en las arcas estatales, se incluirá en el presupuesto de 2023, por lo que se necesitará de la aprobación del Parlamento para que entre en vigencia.
Tras el anuncio, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se manifestó "muy orgullosa" del acuerdo al que llegó su grupo, Unidas Podemos, con sus socios de Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
"La bajada del IVA al 4 por ciento de los productos de salud menstrual es justicia fiscal y feminista. Es una muy buena noticia que los Presupuestos Generales del Estado lo incluyan. Combatir la pobreza menstrual es un deber para proteger la salud de todas las mujeres", expresó Montero en sus redes.
En una entrevista en la cadena pública RTVE, la ministra detalló que "también se aplicará a anticonceptivos" por lo que se mostró "muy orgullosa" al considerarlos "productos de primera necesidad". "Estamos muy orgullosas de haber convencido al socio", añadió.
Un estudio reciente del instituto de investigación IDIAPJGol, con 22.000 entrevistados, concluyó que el 22,2 por ciento de las mujeres no pudo acceder en algún momento de su vida a productos de higiene femenina por dificultades económicas y hasta un 39,9 por ciento no puede pagar el producto de su elección, reveló elDiario.es.
Montero advirtió que la "pobreza menstrual es un gravísimo problema" y se declaró satisfecha al haber conseguido acordar con el PSOE esta rebaja que ya habían intentado incluir sin éxito en la ley del aborto.
La nueva ley del aborto
La nueva ley del aborto que, entre otras cosas, volverá a permitir a las menores de 16 y 17 años interrumpir voluntariamente sus embarazos sin permiso paterno, dio el mes pasado un paso más para su aprobación al salir del Consejo de Ministros para que la remita al Congreso, donde deberá ser debatida por los grupos parlamentarios, para después pasar al Senado.
España es un país considerado como uno de los pioneros en Europa en materia de feminismo desde la adopción en 2004 de una ley sobre la violencia de género.
Si bien el aborto se despenalizó en 1985 y se legalizó en 2010, continúa siendo un derecho difícil de ejercer en un país de fuerte tradición católica, donde los movimientos antiderechos son muy activos.
Desde la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que está autorizada hasta la semana 14 de gestación, un promedio de 100.000 mujeres por año han abortado en el país, aunque en los últimos años la cifra se ha mantenido por debajo de ese umbral, según datos oficiales.
