Las cuatro activistas transfeministas criminalizadas en San Juan por las pintadas realizadas durante la manifestación del 8 de marzo pasado en la Escuela Normal Sarmiento denunciaron al Estado provincial por violencia política basada en razones de género. La presentación fue en el fuero en lo contencioso administrativo cargo de Adriana Tettamanti, con el patrocinio de la abogada Alejandra Rojo Sanz y su colega Conrado Suárez Jofre. “La primera aspiración de mis representadas es recibir una protección judicial y preventiva tendiente a hacer cesar esto que significa la utilización del sistema punitivo para amedrentar y coartar la libertad de participación política”, le dijo Suárez Jofre a Las12. Que la jueza ordene al estado provincial deje de ser querellante en la causa penal por daño agravado contra un Monumento Histórico Nacional iniciada contra las cuatro referentes transfeministas, que el profesional consideró “un uso absolutamente desproporcionado e hipócrita del sistema penal, porque no apunta a salvaguardar el bien jurídico protegido sino a coartar la participación política”.
La causa penal contra las militantes se inició con una denuncia en sede policial de la directora de la escuela, Karla Analí Almonacid, el mismo día de la multitudinaria marcha, de seis cuadras de extensión. Dos días después, el director de Patrimonio Cultural de la provincia, Jorge Martín, inició la denuncia judicial ante la fiscal Claudia Yanina Galante y el 25 de abril, el fiscal de Estado Enrique Sánchez Pombo se presentó como querellante. Más tarde, la jueza Mabel Irene Moya las citó a indagatoria sin indicar cuál era el tenor de la acusación.
Ese es uno de los puntos de la denuncia que recoge todo tipo de irregularidades investigativas y procesales. “El 20 de abril, inmediatamente después de recibir el informe policial ‘negativo’ en cuanto a la identificación de las personas que habían efectuado pintadas en el muro de la Escuela Normal Sarmiento y que explícitamente individualizaba referentes sociales pertenecientes a distintas agrupaciones feministas locales, la jueza fijó fecha de audiencia para recibir declaración indagatoria. El mencionado proceder no mereció la más mínima expresión tendiente a justificar el acto de imputación delictiva”, expresa la denuncia.
Como ya se contó en este suplemento, antes de la marcha del 8M, el muro al que se le habría producido un “daño agravado” estaba repleto de pintadas y graffitis de toda índole, y así continúa tras la denuncia. Las acusaciones a tres de las cuatro imputadas están originadas en su militancia en colectivos como Ni Unx Menos San Juan y Las Hilarias, colectiva socorrista, ya que las pruebas fílmicas evidencian que no participaron de las pintadas. Pertenecer a estas colectivas transfeministas parecía ser el motivo del reproche penal. A una, incluso, se la señala por su actividad académica en los estudios de género. Otra de las imputadas fue tomada por las cámaras de seguridad cuento estampaba una leyenda que ocupa menos del 0,00001% por ciento de la superficie de la pared.
Ese es solo uno de muchísimos argumentos de la denuncia. Que el muro ya tenía pintadas con consignas políticas y afectivas desde mucho antes lo demuestran las capturas de pantalla tomadas de la aplicación Google Street View de los años 2014, 2017, 2018 y 2019. Pero también que el propio Estado vulneró el Monumento Histórico Nacional, al colocar equipos de refrigeración que modificaron la fachada e implicaron su perforación.
Como una de las activistas fue tomada por las cámaras de seguridad escribiendo “Desampa Antifa” en la pared, la denuncia detalla que esa inscripción “constituye la abreviatura de ‘Desamparados Antifascista’ denominación de una agrupación defensora de derechos humanos, libertades civiles, económicas, sociales y culturales, generada en el año 2019, cuyos objetivos generales con referencia a una institución deportiva de amplia trayectoria en el medio” y que “realiza actividades de concientización sobre la igualdad de género y una permanente lucha por la plena vigencia de los derechos humanos”. Y dejan claro que la acción de esta activista en particular “trasciende la promoción de su agrupación de pertenencia para inscribirse en un acto ilocutivo y traducirse en una acción comunicativa de protesta”.
Lo que molesta es el feminismo, no las pintadas. El director de Patrimonio Cultural, en el texto de su denuncia, dice que se estamparon “escrituras de contenido sexista, feminista, con frases apologéticas del delito de homicidio, y alegóricas a la pretensa lucha contra la figura masculina que enarbola cierto grupo social”. Para las referentes perseguidas, está claro "este sentido paradojal que exhiben las denuncias, donde lo primordial resulta ser la semántica en lugar de la afectación a la materialidad, utilidad o disponibilidad de la cosa y su disminución de valor, insinúa una extraña confusión en los bienes jurídicos protegidos por la ley penal vigente. La censura que da inicio a las presentes actuaciones parece estar orientada más a ofensas al pudor que a la finalidad específica del tipo penal” del daño agravado.
Las denunciantes señalan “la conducta perpetrada desde el Estado y por sus agentes que, usando indebidamente el derecho penal sin fundamento y con el objeto de criminalizar la labor de defensoras de derechos humanos y deslegitimar las causas que perseguimos, provoca deshonra, descrédito y persecución social hacia luchadoras sociales, limitando el desarrollo propio de nuestra vida política, desalentando nuestra actividad pública y menoscabando la participación política de la mujer, vulnerando así gravemente nuestro derecho y el de otras mujeres y disidencias al ejercicio de una vida política libre de violencia”. La denuncia está basada en la ley nacional 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y su complementaria, la ley 27533, de 2019, que agrega como tipo y modalidad a la violencia público-política por razones de género.
Por eso, solicitan “recibir protección judicial urgente y preventiva”. Además de solicitar que se ordene al estado provincial renunciar a intervenir como querellante, y que se abstenga de instar cualquier tipo de persecución a las manifestantes del 8M, las denunciantes también exigen que “se ordene la adopción en el ámbito de la denunciada de las medidas necesarias tendientes a promover la sanción y reeducación de quienes han ejercido y ejercen violencia política contra las mujeres”.
La presentación lleva el acompañamiento de más de 25 firmas de referentes sociales. “Finalmente, también procuramos mediante la presente denuncia visibilizar la violencia política que padecemos y sensibilizar a los distintos agentes públicos involucrados en la situación y, así, contribuir a prevenir y erradicar la violencia política contra otras mujeres y disidencias que puedan sentirse disuadidas en su participación política”, plantean.