El Ministerio de Economía tiene definido avanzar en los próximos días en detalles finales de un bono que asistirá a personas que en situación de indigencia, afectados seriamente por los niveles de inflación, y que no están alcanzados por otro tipo de ayuda del Estado. Según adelantaron fuentes oficiales a PáginaI12, ya está el fondeo para pagarlo y el 1º de octubre se planea una reunión del ministro de Economía, Sergio Massa, con la titular de Anses, Fernanda Raverta, para definir el monto del mismo, el universo a alcanzar y por cuánto tiempo se aplicará.

La fecha no es caprichosa. Tal como se explicitó en el decreto que reglamentó el beneficio cambiario del dólar soja, una parte de los derechos de exportación ingresados por ese concepto irían a fondear las necesidades de ese bono. Y como el dólar soja vence el 30 de septiembre, recién al día siguiente se sabrá cuánto es el total del dinero obtenido para el bono, y allí se podrá calcular su valor final. Si bien eso está atado a la evolución del ingreso de dólar soja, buscan que el número sea elevado, más cerca de los 50 mil pesos por persona alcanzada y por un período de varios meses.

Hasta el miércoles, y según confiaron a este diario quienes trabajan en el tema, las retenciones cobradas a los que exportaron usando dólar soja habían alcanzado un total de 170 mil millones de pesos, faltando tres días aún de liquidaciones. De ese total, 75 mil millones de pesos (el incremental de exportaciones) son para el bono, pero el volumen de ese fondo crecerá con lo que ingrese hasta el 30 de septiembre.

La idea inicial de asistir a indigentes estaba puesta en el beneficio del dólar soja como una especie de concepto redistributivo. De este tema charlaron en las últimas horas Massa y la vicepresidenta, Cristina Fernández, que metió presión en las redes sociales expresando su preocupación y urgencia en resolver los problemas que la inflación genera en los sectores indigentes, los que no pueden acceder con sus ingresos a comprar los bienes básicos. Se refirió concretamente a una asistencia que cubra sus necesidades, a la vez que consideró que hay que ser más duros con las empresas que remarcan precios.

El decreto del dólar soja, técnicamente denominado Programa de Incremento Exportador”, tiene en su artículo 9 destacada la creación de este bono para asistencia a sector en la indigencia. Ese punto dice, concretamente, que se crea el “Fondo Incremento Exportador, con la finalidad de financiar ciertos gastos bien determinados”. En primer lugar, “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad. A tal efecto, se tendrá en cuenta, al momento de establecerla, si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgado por el gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios”. Luego, se destaca que otra parte del dinero será usada para “programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales”.

Los números del Indec que generaron la reacción de la vice son de impacto, porque además abordan el asunto de aquellos que no cubren con sus ingresos ni la comida básica diaria. El organismo que comanda Marco Lavagna reflejó que la la tasa de pobreza urbana se situó en el primer semestre del año en el 36,5 por ciento de la población, solo 0,8 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en la segunda mitad de 2021 y 4,1 puntos menos que el mismo periodo del año pasado. Mientras que la tasa de indigencia se ubicó el primer semestre en el 8,8 por ciento, 0,6 puntos por encima de la segunda mitad del año pasado, aunque con 1,9 puntos menos que en el mismo periodo de 2021.

En síntesis, hay hoy en la Argentina 17,3 millones de personas en situación de pobreza y 4,2 millones de personas en situación de indigencia. De todas maneras, cuando se conozcan los números del período siguiente, como la pobreza en el país se mide por inflación, serán bastante peores que los actuales. Por eso en el Gobierno están seriamente preocupados por los niveles de precios y remarcaciones que enfrentan este año. Escenarios posibles: si la inflación de aquí a fin de año rondara el 5 por ciento todos los meses, habría un alza general cercana al 95 por ciento. Si fuera de 6 por ciento, una suba cercana al 100 por ciento. Pero por encima de eso, ya se habla de aumentos generales de 110 por ciento, sobre todo observando que en julio hubo una inflación de 7,4 por ciento, en agosto del 7 por ciento y en septiembre no se observa una desacaleración por debajo de esas cifras.