La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra los funcionarios políticos y judiciales de Jujuy involucrados en la infiltración y espionaje ilegal a organizaciones sociales que derivó en una decena de allanamientos irregulares. 

La denuncia, radicada en la Fiscalía Federal a cargo de Federico Zurueta, es contra el ministro de Seguridad de Jujuy, Luis Alberto Martin; el jefe de la Policía, Héctor Horacio Herbas Mejía, y el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía jujeña, Marcelo Rodríguez. También alcanza al juez Rodolfo Fernández, del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, y al fiscal Diego Funes, de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración.

La titular de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Gabriela Carpineti, patrocinante de la denuncia, explicó que se la presentó en la Justicia Federal porque es contra "funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo provincial, particularmente funcionarios del área de Seguridad y policial, que violaron dos leyes fundamentales que rigen para la vida democrática para todo el territorio nacional que son las leyes de inteligencia y de seguridad interior”.

“La primera acción de esta empresa ilícita, ilegal, de espionaje, fue infiltrar. Luego, el fiscal Funes solicita los allanamientos. Y a partir de eso fueron construyendo la hipótesis delictiva. ¿Y qué hace el juez de control? Interviene tres meses después. O sea que los allanamientos y las infiltraciones se realizan aparentemente sin conocimiento del juez de control”, añadió la funcionaria.

Detalló que en la presentación describieron que se cometieron delitos contra el "derecho a la privacidad, a la intimidad, son derechos escritos en nuestra Constitución nacional, y fueron violados por estos funcionarios”. “Y tal vez haya otros, inclusive con responsabilidades mayores que estos cuatro”, añadió.

Esta denuncia es consecuencia de visitas anteriores a la provincia de la Comisión, integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales, organizaciones sociales y sindicales. Esta es la cuarta vez que llegan a la provincia, donde vienen relevando vulneraciones a los derechos humanos denunciadas por organizaciones sociales, sindicales y de la economía popular que sufrieron allanamientos y represión. 

Este relevamiento fue parte de un informe presentado en el Congreso de la Nación en agosto pasado. Contiene 58 casos de graves violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Gerardo Morales.

En la denuncia se recuerda que quienes están al frente de un gobierno tienen la obligación de "garantizar la convivencia democrática". "Infiltrar, allanar, imputar ilegalmente a ciudadanos y ciudadanas por pertenencias políticas consolida un esquema antidemocrático. Eso denunciamos”, se sostiene. 

En la conferencia de prensa que miembros de la Comisión y militantes perseguidos dieron tras presentar la denuncia, Carpineti sostuvo que en Jujuy "hay funcionarios judiciales fiscales y del Ejecutivo que cuando se encuentran con personas que piensan diferente tienen la estrategia de aniquilamiento y para eso montaron una empresa ilegal de espionaje".

“Hay que detener esta situación antes que se siga deteriorando la vida democrática en Jujuy", sostuvo la funcionaria. Agregó que entendió mejor la situación cuando supo del proyecto de reforma de la Constitución provincial. "Esta provincia necesita un saneamiento en su Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación es una estructura ilegal y considero que tiene que existir una intervención a la justicia jujeña”. “Es fundamental recuperar la vida democrática en esta provincia, hay una absoluta alteración de las garantías democráticas”, afirmó. 

La comitiva también repudió la reforma parcial de la Constitución que impulsa el gobierno jujeño y que institucionaliza la persecución a la protesta social. 

Infiltrado 

En esta cuarta visita la Comisión estuvo relevando denuncias en San Salvador, San Pedro y Tilcara. La abogada Daniela Verón, del Centro de Acceso de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, contó que anteayer, mientras recibían denuncias de desalojos de pequeños productores mediante imputaciones del fiscal Agustín Jarma, una persona que esperaba realizar su exposición reconoció a un hombre que se había mezclado con los denunciantes y que en realidad es auxiliar del fiscal Jarma, e incluso sería el que les tomó la declaración a estas personas en la Fiscalía. 

"Cada vez que venimos a Jujuy me sorprendo de las infiltraciones ilegales", sostuvo Verón. Y contó que este hombre le dijo primero que iba a escuchar una charla y que cuando le señaló que no había, dijo que estaba acompañando a su padre que iba a hacer una denuncia. La abogada le dijo entonces que se retirara, o "lo denunciaría por infiltración ilegal y violencia institucional”.

En esta visita la Comisión atendió a más de 70 personas. “Muchas denuncias están vinculadas al funcionamiento arbitrario del Poder Judicial y al estado de indefensión en el que se encuentra la población más vulnerable. También recibimos a comunidades indígenas que están en conflictos territoriales. El Estado provincial no solo no defiende su derecho al trabajo –la mayoría campesinos que producen alimentos- sino que los hostiga en connivencia con la clase empresarial”, explicó el abogado José Luis Fuentes.