Una vez más, la Ley de Humedales no logró pasar el filtro de la Cámara de Diputados. Por presión de los gobernadores, se terminó suspendiendo el plenario de comisiones que iba a dictaminar el proyecto y, ahora, en los sectores que impulsan la ley predomina la incertidumbre. Si bien el Frente de Todos, junto al socialismo y Graciela Camaño, había estado trabajando durante más de 10 días en un nuevo dictamen, los gobernadores intervinieron, bajaron el pulgar al proyecto y, como consecuencia, arrastraron en su negativa a varios diputados oficialistas.
¿Qué pasó con la Ley de Humedales?
El anuncio oficial llegó de la mano de la nota firmada por los presidentes de bloque del FdT y Juntos por el Cambio que suspendía la reunión. Sin embargo, la verdadera sentencia de muerte fue el duro comunicado que sacaron los gobernadores del Norte Grande desde Estados Unidos unas horas antes. El debate, de momento, quedó en stand by. "El problema acá no es el proyecto, el problema acá es que hay sectores que no quieren Ley de Humedales", aseguraban, con bronca, desde varios despachos legislativos.
Al final, no hubo nadie en el segundo piso del Anexo de la Cámara de Diputados a las 10 de la mañana, hora en la que había sido convocada originalmente la reunión de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura. Hace una semana que las organizaciones ambientales —que sí terminaron manifestándose afuera del Congreso— estaban con la expectativa de que el jueves, finalmente, se llegaría a emitir dictamen de la adeudada Ley de Humedales.
Sin embargo, pese que hasta último momento les legisladores que impulsaban la ley aseguraban que saldría, la expectativa terminó implosionando el miércoles a la noche con una nota de suspensión que llevaba la firma del titular del bloque oficialista, Germán Martínez, y el resto de los presidentes de bloque de JxC.
La noticia fue un tortazo para los sectores aliados que venían impulsando el debate: les socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein, la izquierda y Graciela Camaño, todes, se desayunaron la noticia cuando se oficializó a las ocho y media de la noche, mientras varios secretarios del Ministerio de Economía todavía estaban exponiendo sobre el Presupuesto 2023.
El argumento oficial de la nota era que se pedía tiempo para poder "escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales". La realidad, sin embargo, era que desde temprano varios legisladores oficialistas de provincias mineras habían empezado a poner en duda su acompañamiento al dictamen.
"El proyecto así no sale", sostenían, por lo bajo, legisladores sanjuaninos y riojanos, mientras que muchos de sus compañeros de bloque aseguraban, en simultáneo, que el acompañamiento estaba garantizado. "Nos hicieron un doble juego durante días. Con nosotros acordaban modificaciones pero después por afuera lo ponían en duda para presionar", sostuvo, masticando bronca, uno de los legisladores del FdT que impulsa el proyecto de Leonardo Grosso (el cual no es más que una síntesis del dictamen de consenso que se alcanzó en 2020 con diversas fuerzas políticas).
La iniciativa era fuertemente resistida por las cámaras mineras y rurales que, a través de comunicados y un fuerte lobby parlamentario, denunciaban que, de aprobarse el proyecto, se prohibiría cualquier tipo de desarrollo productivo en los humedales.
La iniciativa lo que hace, en realidad, es establecer un inventario nacional de todos los humedales y, luego, un ordenamiento territorial a partir del cual, con un estudio de impacto ambiental, se definirá qué actividades se pueden realizar en aquellos territorios. "No prohíbe la actividad económica", insistieron, durante semanas, desde el oficialismo y el socialismo.
Conscientes de la desconfianza que generaba en varios legisladores, sin embargo, Grosso, Enrique Estévez, Camaño, Germán Martínez y otres diputades del FdT comenzaron a incluir varias modificaciones al dictamen final. Se eliminó la moratoria que impedía realizar actividades productivas en los humedales hasta que se terminase de hacer el ordenamiento territorial. Se reforzó la autoridad de las provincias en el proceso de inventariado, dejando todo prácticamente en sus manos. "Cada paisano que venía con una propuesta de modificación la incluíamos", ironizó un legislador del oficialismo que estuvo ocho horas el martes terminando de cerrar todos los cambios con les diputades del FdT más reactivos al proyecto.
El miércoles a la mañana, sin embargo, los gobernadores del Norte Grande sacaron un comunicado que terminó echando por tierra todo el trabajo realizado la noche anterior y motivó, finalmente, la nota de suspensión. En el comunicado, los 10 mandatarios - ocho peronistas, dos radicales- insistían en que la ley de humedales debía dejar el control de los inventarios a las provincias y no debía paralizar la producción. "Todos los 'peros' que pusieron ya estaban incorporados en el dictamen final y los gobernadores lo sabían", se quejó un diputado oficialista. "Se incluyeron los cambios, pero el problema es que ellos no quieren dar un debate. Lo que quieren es no haya ley", afirmaron, por otro lado, desde el socialismo.
El comunicado, finalmente, terminó blanqueando las dudas que varios legisladores ya habían estado deslizando por lo bajo y, cuando se hizo la tarde, el FdT empezó a hacer números y se hizo cada vez más evidente que no tenían las firmas suficientes para sacar el dictamen de mayoría. El temor, además, era que Juntos por el Cambio —que había estado trabajando en presentar un dictamen unificado— pudiera conseguir más firmas e impulsara su iniciativa como dictamen de mayoría.
Por este motivo, Martínez terminó definiendo postergar el plenario y continuar la semana que viene con las negociaciones. "No fue una maniobra dilatoria, fue una decisión estratégica porque no íbamos a lograr dictamen ni consenso. Y sin un dictamen con peso político no podemos llevarlo al recinto", justificó Martínez, quien denunció haber recibido varias amenazas por esa decisión.
Al cierre de esta edición, ninguno de los sectores que impulsan la ley sabía bien como continuaría el debate. Muchos todavía estaban rumiando bronca por cómo se habían dado las cosas. Sin embargo, todos los legisladores con los que este diario conversó coincidieron en una cosa: el proyecto todavía tiene posibilidades de ser aprobado.
