Nora Cortiñas estuvo el miércoles en una escuela de Dolores para dar una charla sobre las consecuencias del terrorismo de Estado. Cuando terminó el encuentro con los estudiantes, se acercó con el abogado Pablo Llonto hasta el juzgado federal de esa ciudad. Quería ver el habeas corpus que había presentado después de que aparecieran catorce cuerpos en las costas de Santa Teresita. Por unos minutos no volvió a verle la cara al juez que la había recibido el 25 de diciembre de 1978, cuando ella y otras dos Madres de Plaza de Mayo fueron a implorar que les dejara ver los cadáveres: pensaban que podían ser sus hijos o hijas o los de otros padres o madres que buscaban como ellas. Nunca las llamaron para identificarlos y esos cuerpos se inhumaron en distintos cementerios de las localidades de la costa bonaerense. El magistrado que las había atendido, Carlos Facio, se había tenido que presentar a indagatoria ese día ante el juez federal Martín Bava, que lo acusa de haber dado cobertura legal a quienes arrojaban a personas vivas al mar como última fase del exterminio que llevó adelante la última dictadura.

Facio no quiso responder las preguntas que tenían en el juzgado de Bava y en la fiscalía que encabeza Laura Mazzaferri para hacerle sobre su actuación como juez penal de Dolores durante los años de la dictadura. Optó por dejar un escrito y por pedir la eximición de prisión –algo que el juez Bava le terminó otorgando pese a la postura contraria de la fiscalía y del querellante Llonto, que marcó que Facio jugó en un rol clave como último eslabón del genocidio al evitar que los cuerpos pudieran ser reconocidos y que se buscara a los responsables de esos crímenes–. “Pretendemos, 44 años después, llegar lo más pronto posible a la realización de un debate oral en el que podamos solicitar la condena de los autores de esta última etapa de los graves crímenes”, reclamó Llonto.

La semana próxima, Bava terminará con la ronda de indagatorias al tomarle declaración a dos policías retirados. Entonces, deberá resolver si procesa a Facio –que actualmente tiene 88 años pero es un vecino activo dentro de Dolores, donde es común verlo paseando con su escarabajo descapotable–.

En su descargo, Facio alternó en decir que hizo todo bien, tirarle la pelota a la policía y responsabilizar a los organismos por no haber identificado los cuerpos que se encontraron en la costa. De hecho, como figura en el expediente, la única persona que investigó el hallazgo de los restos fue Norita Cortiñas, que viajó hasta Santa Teresita para recabar información: se enteró de que los habían encontrado flotando unos muchachos que estaban pescando y que los fueron empujando hacia la costa, así como conversó con otros residentes que ya entonces le hablaron de helicópteros de las Fuerzas Armadas que sobrevolaban el área.

Según Facio, él dispuso todas las medidas para que se pudieran reconocer los cuerpos pero la tecnología disponible no lo hacía factible. Sin embargo, recordó que entonces era la propia Policía bonaerense la que estaba a cargo de las pesquisas, sugiriendo que –en todo caso– había que investigar a los uniformados. Además, se mostró ajeno como juez penal a lo que sucedía en el país –curioso porque no solo se lo habían transmitido las tres Madres que lo visitaron en la Navidad de 1978 sino que Cortiñas incluso le había dejado escrito que había aviones de las fuerzas armadas revoloteando por la zona en la que emergieron los cuerpos–. “No se tenía conocimiento o presunción, sea de forma personal o por relatos de testigos, de que estuvieran ocurriendo los aberrantes hechos que salieron a la luz después con investigación”, escribió.

El mismo día en que compareció Facio también lo hizo el exmédico policial Miguel Cabral, quien también se negó a declarar. Este jueves fue el turno de Juan Domingo Montenegro, que era el jefe de Catastro del municipio de General Lavalle. Un archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) lo menciona siendo parte de una trama para evitar que los organismos de derechos humanos que iban a visitar el cementerio local hacia finales de 1982 pudieran identificar los cuerpos que habían sido enterrados después de que aparecieran en las costas.

La justicia argentina ya dio por acreditada la metodología de los vuelos de la muerte como fase final del exterminio. Lo hizo en 2017 en el juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) –al entender que ése fue el destino final de las Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y los otros militantes secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz– y volvió a hacerlo recientemente al condenar a toda la estructura del Batallón de Aviación con sede en Campo de Mayo.