El Senado de Salta aprobó por unanimidad el rechazo al proyecto de presupuestos mínimos para la protección de los humedales que se analiza en el Congreso Nacional. A la par, pidió a los y las diputadas nacionales por Salta que cuiden los recursos naturales de la provincia.

Leopoldo Salva, senador provincial por el departamento Los Andes, fue uno de los primeros legisladores en hacer hincapié en la actividad minera y en interpretar que una eventual ley de humedales podría podría perjudicar a esa zona de la provincia.

“Para nosotros, los que vivimos en la Puna, es muy difícil hacer otra actividad que no sea la minería, y uno se encuentra con estas sorpresas y este tipo de proyectos pensados desde un escritorio cerca del Obelisco, y la verdad que no creo que sus autores conozcan nuestra zona”, aseguró.

Luego, sostuvo que el proyecto en cuestión esconde "el manejo de los recursos naturales de Salta", y aseguró que ya existe legislación provincial vigente, como la de ambiente y minería, que regulan "el cuidado de nuestra tierra".

"Pocas veces los puneños tenemos estas oportunidades porque tenemos condiciones difíciles en nuestros pueblos, y con esto tratan de avasallar nuestros recursos con los que nos podemos desarrollar; hoy es el litio, pero mañana pueden ser otros minerales, porque no tenemos otra oportunidad que no sea la minería”, insistió Salva. 

Luego, el presidente de la comisión de Minería, Sergio Ramos, recordó que Salta actualmente tiene 27 emprendimientos, en diferentes etapas, relacionadas al litio.

Dijo también que “toda regulación que tiene que ver con los recursos naturales, pertenece a las provincias pero el proyecto dice que un funcionario de Buenos Aires dará el visto bueno sobre determinados aspectos de la ley lo que hace que este proyecto corra riesgo de que se declare inconstitucional por contrariar a la Constitución Nacional”.

Para el representante del departamento Rosario de Lerma, es un proyecto de ley viciado desde sus orígenes, y luego pidió a los legisladores nacionales por Salta defender los recursos naturales de la provincia. Precisamente, el proyecto de ley de humedales propone asegurar un uso responsable de los humedales.

En representación del bloque del Frente de Todos, el senador Walter Wayar, consideró que la ley de humedales pretende avasallar la Constitución y el federalismo, y reiteró el pedido a los y las diputadas nacionales por Salta “para frenar el interés que debe haber atrás de esta ley”.

Pedido a REMSa

En otro orden, el senador provincial Miguel Calabró hizo un pedido de informe a la sociedad anónima Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa) para que realice los trámites y gestiones correspondientes con el fin de posibilitar la construcción y funcionamiento de un tendido de red de gas natural que provea de este servicio al municipio de La Caldera.

“Queremos que se compense algo que los caldereños estamos esperando desde siempre, porque somos el único municipio del Valle de Lerma que no tiene gas natural y abastecemos de agua a todos los salteños que viven de la avenida Entre Ríos hacia el norte de la ciudad de Salta”, argumentó.

Consciente de que REMSa está más ligada a la industria minera, el representante del departamento La Caldera indicó que es una empresa creada para administrar los recursos energéticos, pero “para que los caldereños no tengamos que recurrir a la leña para cocinar o calefaccionarnos, necesitamos el gas natural, entonces esperemos que se presupueste para el año 2023 esta obra tan necesitada por nosotros, por el turismo y la industria”.

Prórroga de la emergencia en violencia de género

La Cámara Alta le dio sanción definitiva a la prórroga por el término de dos años a la Ley 7.857, que declara la emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el territorio de la provincia de Salta.

Sonia Magno, única senadora del cuerpo legislativo, dijo que es importante fortalecer el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y sin discriminación alguna, porque "crecieron los hechos de violencia y de femicidios en el país y en la provincia, fundamentalmente en el norte".

La última prórroga vence en noviembre, por eso para la representante del departamento San Carlos se debe garantizar la continuidad de la vigencia de la ley para mejorarla, articulando entre los distintos sectores e intensificar las políticas públicas para protección integral y asistencia de las mujeres víctimas de violencia.