La Ciudad busca desalojar un centro cultural para poner un canil

Vecinas, vecinos y referentes del barrio porteño de Villa Ortúzar resisten el desalojo del centro cultural El Galpón de Ortúzar, ubicado en la plaza 25 de Agosto --entre las calles Charlone y Heredia--, donde hasta el jueves funcionaba un bachillerato popular, una biblioteca con más de mil volúmenes clasificados, un centro de jubilados, una murga y se dictaban distintos talleres y actividades. El Ministerio de Espacio Público, junto a la Policía de la Ciudad, irrumpió en el lugar a la madrugada y "comenzó a llevarse y romper todo", relataron los vecinos a Página/12. Cuando fueron llegando, a primera hora de la mañana, los vecinos lograron detener la destrucción del centro cultural, literalmente con sus propios cuerpos: entraron para impedir que la policía siguiera cargando sus cosas y exigieron la intervención de un juez. Al consultar por qué estaban tirando todo, les contestaron que la orden era hacer allí "un canil". Finalmente un fiscal dispuso interrumpir el desalojo --que según denuncian era ilegal, ya que no fue publicado en el Boletín Oficial-- y llamar a una mediación. Este viernes hicieron un masivo abrazo simbólico al Galpón y juntada de firmas, y los alumnos del bachillerato tomarán sus clases en la plaza, como una manera de visibilizar el reclamo. 

"A las 6 de la mañana nos avisaron que estaban desarmando el lugar, cuando llegamos vimos que se habían llevado todos los muebles, la sillas y mesas que usaban los profes del bachi, los más de mil libros, los estantes, todos los materiales de las distintas actividades que allí funcionan. Rompieron absolutamente todo", contó a Página/12, Juan Chippano, vecino y participante del Galpón. "El Gobierno de la Ciudad, representado por el presidente de la Junta Comunal 15 Martín Garcilazo, que estaba acá en primera fila, actuó ilegalmente, sin una orden judicial, con una simple resolución administrativa que no fue publicada en el Boletín Oficial", denunció.  

“Durante la madrugada se llevaron todos los muebles, los libros, los elementos de muay thai y tae kwondo, el horno eléctrico, la pava con la que preparaban la merienda de los chicos del bachillerato. Se estaban por llevar el freezer con la comida que había adentro y logramos detenerlos. Hasta los cuadernos de los chicos que vienen a estudiar quedaron tirados, llenos de barro", lamentó Sabrina, una de las vecinas que se acercó a la plaza a ver los destrozos, todavía asombrada. 

La puerta del Galpón podía verse esta tarde con un agujero en el medio, rota en el desalojo. Como un triste símbolo, lo único que los efectivos habían dejado sin llevar en una de las salas era una intervención con pañuelos de las Madres. 

Lo comunitario

El presidente de la Junta Comunal 15 confirmó a la agencia Télam que fue el Gobierno porteño el que "tomó la decisión política", a través de la Comuna, de "buscarle un nuevo destino al lugar y hacer un canil, que es una demanda importante de los vecinos". "Estamos en regla y haciendo lo que tenemos que hacer y es regularizar la situación de este lugar que data de muchos años atrás, pero que perdió la esencia que tenía", argumentó, sin dar mayores datos sobre esa esencia buscada.

Después de que la noticia se difundiera mediáticamente, el Gobierno de la Ciudad informó que "la Comuna 15 ampliará el espacio público de la plaza 25 de Agosto a través de la construcción de una estación aeróbica con calistenia para que los vecinos puedan hacer ejercicios y un canil para perros en la esquina de Charlone y Heredia". La plaza ya cuenta con estaciones aeróbicas.

Aseguró también que "según los registros de la Dirección General de Administración y Bienes el terreno pertenece a Espacio Público del GCBA. El lugar no posee autorización alguna para el uso que actualmente le están dando las personas que lo ocupan de manera irregular".

“Así se comporta el Gobierno de la Ciudad con los espacios comunitarios, con la cultura popular. Les molestan los espacios autogestionados, vecinales y participativos. Es mentira lo que dicen, es al revés. Desde los años 80 funcionaba una cancha de bochas, luego se constituyó legalmente el centro de jubilados. Este espacio estuvo abandonado mucho tiempo y se vino muy abajo, fuimos los vecinos y vecinas, en conjunto con el centro de jubilados, los que lo levantamos y le dimos vida. En la justicia vamos a demostrar con documentación que no estábamos ocupando lugar, se le estaba dando el uso que siempre tuvo y bajo la figura legal que siempre lo amparó”, aseguró Chippano.

El nuevo espacio público

El barrio de Villa Ortúzar tiene sólo dos plazas: una, la Malaver, fue noticia recientemente porque allí estuvieron a punto de levantar un edificio literalmente adentro de la plaza. Los vecinos se movilizaron y lograron entonces detener, por ahora --reclaman que no hay ningún papel firmado aún--, la construcción. 

En esta otra plaza, la 25 de Agosto, los vecinos también están movilizados por las contrucciones en altura que comienzan a proliferar con el nuevo código urbanísitico, modificando la identidad del barrio, sin estudios de impacto ambiental y con servicios que, denuncian, no van a dar abasto. Una de las enormes construcciones que se están levantando frente a esta plaza, de hecho, anuncia en sus carteles que vende esa "vista privilegiada a la plaza" cuya estructura viene a tapar. 

"Seguramente todo esto tiene que ver con la nueva impronta que le quieren dar al barrio. Acá enfrente van a hacer un edificio de diez pisos, con unidadades carísimas, y entiendo que en su lógica no les cierra un espacio de este tipo, con un bachillerato popular, en la ventana de la gente a la que pretenden atraer con esos proyectos inmobiliarios", analizó Chippano. 

Los vecinos denuncian que el comunero Garcilazo se negó a hablar en el momento en que los vecinos fueron a pedirle explicaciones y solo se retiró del lugar cuando vino la fiscalía. “Lo único que nos respondió fue que iban a demoler para hacer un canil para perros”, comentó Facundo. 

En el lugar permanecerá una consigna policial hasta el próximo martes, fecha en la cual fueron convocadas las partes a una reunión en la Unidad Fiscal Norte, dependiente del Ministerio Público Fiscal porteño.

Informe: Karla Góngora.