Producción: Natalí Risso

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Recurso estratégico

Por Nicolás Gutman (*)

Que finalmente el poder político declare al litio como recurso estratégico es fundamental para el futuro de nuestro país; sin olvidar que si se confirmara llega con décadas de atraso. Luciano Catalano, jefe de geología de la Nación entre 1922 y 1930 descubrió los yacimientos de litio de la Puna Argentina y fue enfático en que el país debía tener el control sobre su explotación y comercio. En 1964 como Subsecretario de minería de Arturo Illia declaró ante el Congreso de la Nación: “El litio ha adquirido el carácter de elemento crítico de alta importancia en la defensa nacional, ello impone restablecer, con urgencia, la reserva fiscal de todas nuestras reservas nacionales”.

La dictadura de Augusto Pinochet declaró al litio como recurso estratégico en 1976 y en 1983 promulgó un nuevo Código de Minería que dejó explícito que no se darían concesiones mineras a privados y extranjeros en los yacimientos de litio (Ley N°18.248). Bolivia declaró al litio recurso estratégico en la Constitución Nacional de 2009 y cuenta con un marco normativo específico. El Estado boliviano controla la propiedad, la explotación, el acceso y las actividades de extracción y producción. La participación de empresas privadas se da para la transferencia de tecnología e incorporar el conocimiento e inserción en las cadenas comerciales globales, obligando a las empresas extranjeras interesadas en el acceso y explotación de sus yacimientos a hacerlo siempre en asociación con la empresa nacional y en minoría accionaria, y solo para las fases de producción de baterías y de materiales catódicos.

Tanto en la dictadura militar de Pinochet que llegó a extremos de privatizar ríos y cuerpos de agua; hasta el gobierno indigenista de Evo Morales, pasando por la reciente nacionalización del litio por el gobierno mexicano de López Obrador y la declaración del gobierno de Donald Trump del litio como mineral estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos; el poder político global entiende el rol absolutamente estratégico del litio en la transición energética y capitalista actual; excepto en Argentina, que sigue sin un mínimo plan nacional más allá de correr atrás de los posibles negocios a los que ya estamos llegando tarde.

Esta declaración de por sí no va a generar ningún cambio si no se acompaña de difíciles pero urgentes decisiones y acuerdos políticos. En primer lugar, si bien la constitución reformada por el menemismo da la tenencia de los recursos naturales a las provincias, esto no impide tener un plan y una empresa nacional. Países unitarios como Chile y federales como México van en esa dirección, esto no afectaría en lo más mínimo los ingresos a las arcas provinciales, muy por el contrario, las negociaciones con las corporaciones globales desde el poder nacional tendrían resultados mucho más efectivos; hay que recordar que el producto bruto regional de las provincias litiferas en nuestro país son menores que por ejemplo una cadena de heladerías en Norteamérica. Países como Alemania todavía tienen dificultades para fabricar baterías de ion-litio para autos eléctricos debido a la complejidad de estas nuevas tecnologías, para Argentina sería un desafío gigantesco, aun en el marco del mercado ampliado del Mercosur, desde la soledad de las provincias del norte es simplemente imposible industrializar el litio y participar de las cadenas globales.

El litio no se debe considerar sujeto a regulación por el Código de Minería porque la Ley 24.804 de Actividades Nucleares aprobada en 1997 le otorgó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la jurisdicción sobre el litio en Argentina. El Código Minero fue pensado y formulado teniendo en mente los metales de la industria minera tradicional, los combustibles fósiles que alguna vez fueron regulados en Argentina por el Código Minero fueron sustraídos y regulados por ley específica, lo que permitió desarrollar la mayor empresa del país YPF. Lo mismo sucedió en Chile y Bolivia con el litio; mantener al litio bajo el régimen del código minero actual es el mayor impedimento para consolidar una empresa nacional de litio y beneficiarse de las riquezas litiferas, la declaración como recurso estratégico es solo el primer paso.

(*) Responsable del área ambiental del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz y coautor de los proyectos de ley: Régimen legal de la explotación del litio y sus derivados: 2598-D-2016 y 2733-D-2014.

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Matriz neoliberal

Por Bruno Fornillo y Ariel Slipak (*)

Se habla y se miente demasiado acerca del litio, se sabe poco, casi nada cambia. El litio en la Argentina no es estratégico porque su precio haya aumentado de 7 mil a 70 mil dólares la tonelada. Tampoco porque lo requiera la industria de la electromovilidad global para imaginar que podría remplazar la incontable flota fósil por una eléctrica. Ni siquiera es un gran dato que haya sustantivas reservas en el país. El litio, en verdad, es estratégico porque puede contribuir a organizar un recorrido de transformación real en términos tecnológicos, políticos, ambientales y económicos para superar el modelo extractivo-financiero que hoy se profundiza y consolida.

¿Cómo? Apropiándose de la renta litífera, cimentando una verdadera cooperación entre sistema científico-tecnológico, entramado productivo y empresas públicas (INVAP, CNEA, Fabricaciones Militares, Astilleros Rio Santiago, YTEC se interesaron por la temática), apostando por técnicas de extracción híper sustentables y creando una gestión democrática entre comunidades -dueñas ancestrales del recurso-, provincias y nación. Así, contribuiríamos a consolidar un nuevo vector de posdesarrollo enfocado en el bienestar de la población y en la transición socioecológica.

¿Qué tenemos? Un régimen de tenencia de matriz neoliberal que sustenta el gobierno corporativo transnacional-elitario provincial de los recursos y garantiza la externalización del litio con regalías insignificantes, pobrísimo control ambiental y nula participación de las comunidades originarias. Todos los proyectos están en manos extranjeras y gozan de incontables beneficios, como la estabilidad fiscal por 30 años. Una sola firma de las dos que operan en el Salar de Atacama de Chile reportó un pagó al fisco estatal de 2.198 millones de dólares en el primer semestre de 2022 porque abonan el 40 por ciento del royalty. Mientras que en la Argentina se pagó 12,1 millones de dólares durante 2020, según la CEPAL. Incomparable. Existen hoy en el país 2 proyectos en operación y 20 en estado avanzado. Cuando se consoliden, en apenas un par de años, no habrá marcha atrás. Para el litio, ningún poder ejecutivo tan fatídico como el actual.

Aquí se beneficia la élite provincial (por las tenencias mineras que vende para que exploten otros, por derrame insípido, por corrupción), pero no la provincia. Y el Poder Ejecutivo nacional evita enfrentarse con las provincias y con las corporaciones, tratando de que la realidad no explote para reproducirse. En el área tecnológica, donde más desarrollo poseíamos y donde el Foro de Especialistas de Litio supo agrupar a la totalidad de las líneas de investigación e innovación del país, el ministro Salvarezza financió a YTEC y la Universidad de La Plata una planta menor de baterías para terminar ahí, en vez de apostar a una articulación que podría haber sido mucho más robusta, federal y expansiva. YPF Litio busca “asociaciones con las empresas mineras provinciales para exploración del terreno”, cuando el conjunto de las pertenencias ya están tomadas, actúa como si fuera una empresa más y plantea una apuesta de aquí a media década que supone, además, aceptar que el litio no pertenece a la Argentina.

Hay un abanico de posibilidades para cambiar esta situación. De índole legislativas, como declarar al litio recurso estratégico, catalogado así en todo el resto de los países latinoamericanos, o acrecentar las rentas que recibe nación. De índole ejecutiva: asumir la ley que reserva el control del litio al área nuclear, a la CNEA, o fomentar una participación al 50 por ciento del empresas nacional-provinciales en los proyectos, o también convocar a una Comisión Nacional del Litio que diseñe un mejor horizonte para con el recurso. Estas iniciativas, además, requieren soluciones que no impliquen profundizar el riesgo socioambiental y promover la aplicación de técnicas menos invasivas para el ambiente.

Nada de esto se logra, sin embargo, sin cuestionar el poder corporativo-provincial y su articulación nacional, verdadera gobernanza del recurso. El mar de argumentos para evitar esta necesaria confrontación solo profundiza la evaporación de la soberanía nacional y, dicho fácilmente, de un destino de bien para todas y todos.

(*) También firman Martín Kazimierski, Jonatan Nuñez, Andrea Calderón, Elaine Santos, Melisa Argento, Florencia Puente, Martina Gamba, Gustavo Romeo y Gabriel Correa. Integrantes del Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Comunes. http://geopolcomunes.org/