El fiscal federal Carlos Stornelli será investigado por el supuesto delito de "violación de secreto" a raíz de la filtración a la prensa del dictamen de desafuero, pedido de detención e indagatoria del diputado nacional y ex ministro de Planificación Julio De Vido. La denuncia contra Stornelli recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.

Fuentes judiciales informaron que la denuncia penal contra el titular de la Fiscalía 4 fue presentada por el abogado Adrián Daniel Albor, defensor del también imputado y ex directivo de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Fernando Lisse, quien obtuvo la eximición de prisión.

El defensor argumentó que se enteró por los medios de comunicación que su cliente afrontaba un pedido de detención e indagatoria hecho por Stornelli, en vez de haber tomado conocimiento por el sistema habitual de tener acceso a todo el expediente y leer las novedades procesales.

El propio juez federal Luis Rodríguez consideró ayer que "asiste razón" a la defensa de Lisse porque el dictamen de Stornelli llegó al juzgado el martes a las 7.45 y luego saltó en los medios de comunicación "sin que las partes hayan podido acceder a su vista ni fotocopiado".

"Por ende, frente a la postura de la defensa en cuanto a la posible comisión del delito de revelado de secretos previsto por el artículo 157 del C.P., corresponde extraer los testimonios correspondientes para que otro juez intervenga al respecto", afirmó el magistrado.

El juez Rodríguez hizo ayer lugar al pedido de exención de prisión que presentó la defensa de Lisse y fundamentó que "la actividad procesal ya desplegada no se vio afectada por la intervención de las personas denunciadas, por lo que es difícil sostener que ello habría de ocurrir a partir de este momento". Ese criterio podría ser el mismo que aplique con el resto de los 23 imputados, incluido el diputado y ex ministro de Planificación.

La causa por la que se investiga a De Vido, se inició hace un año y medio por supuestas irregularidades en las obras de Río Turbio en relación al desarrollo de la mina de carbón, un tren y dos usinas. La imputación no apunta a coimas ni sobreprecios sino a convenios firmados con una universidad para evaluar técnicamente el plan, estudios que suelen hacerse con consultoras privadas. El proyecto y los recursos presupuestarios globales habían sido votados en el Congreso con la idea de que el carbón extraído –hay reservas para unos 400 años– se utilice en dos usinas instaladas allí mismo, en Río Turbio, para permitir el desarrollo de esa ciudad patagónica muy aislada.