La justicia federal ya tiene dicho que en Salta la represión ilegal organizada se anticipó al resto del país. Hasta ahora se afirmaba que la persecución por razones políticas desde el aparato estatal organizado había comenzado a partir de la caída del gobierno de Miguel Ragone, a fines de noviembre de 1974. Hace poco un juez federal retrotrajo esa fecha a 1972. 

"Entiendo que se encuentra suficientemente acreditado que el accionar represivo ilegal en Salta, con las características de un ataque a la población civil, en particular hacia disidentes políticos, planificado de conformidad con una política estatal o de una organización para-estatal, se desplegó al menos desde el año 1972 y contó con la autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades estatales, lo que conduce a calificar los hechos acaecidos a partir de esa época y los investigados en la presente, como delitos de lesa humanidad", sostuvo el juez federal Julio Bavio en el procesamiento que dictó en agosto pasado en la causa en la que se investigan los homicidios de Ramón Antonio Díaz Romero y René Esteban Locascio Terán (https://www.pagina12.com.ar/484944-el-terror-antes-del-terror). En su pronunciamiento el juez siguió la línea que ya había señalado la fiscalía, en cuanto a la fecha de inicio de la represión ilegal en la provincia.

En tiempos en que recrudecen ciertas narrativas que pretenden negar el genocidio llevado adelante desde el Estado en la década del 70, la resolución adquiere mayor relevancia.

Bavio afirmó que antes de 1974 se conformaron en Salta "grupos integrados por miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas" que "operaban al margen de la legalidad en la incipiente represión de las denominadas actividades 'subversivas', en el marco de procedimientos judiciales irregulares o fraguados o de manera clandestina, organizados como grupo para-estatales". 

Añadió que el análisis de los hechos que se investigan en esta causa "permite concluir que los integrantes de estos grupos contaban con una cobertura de impunidad por parte de las autoridades de prevención de la criminalidad, circunstancia que les aseguraba el despliegue exitoso de sus actividades ilícitas con las características que se conocieron". 

"En un proceso gradual y sostenido a lo largo del tiempo, estos grupos comenzaron a actuar de manera relativamente autonomizada de las autoridades legalmente constituidas, en particular del poder civil o bien contaron con la autorización el apoyo o aquiescencia de determinadas autoridades estatales", sostuvo. 

Describió que "Siguiendo los lineamientos de la denominada doctrina de la seguridad nacional, adoptaron su metodología, caracterizada por la utilización de la delación, la tortura como método para obtener información y doblegar al oponente, el manejo de información de inteligencia y la acción psicológica".

"Este modo de actuar alcanzó creciente relevancia en la primera mitad de la década de 1970 y los principales referentes de estos grupos tomarían gran protagonismo en la configuración del proceso represivo", aseguró. 

El antecedente de Ampascachi 

El juez recordó en su pronunciamiento que durante el gobierno de Miguel Ragone, que asumió en mayo de 1973, se detuvo a miembros de la cúpula de la Policía provincial y a integrantes del Ejército Argentino denunciados "como partícipes de torturas aplicadas a un grupo de personas consideradas 'subversivas' que habían sido sindicadas como responsables del copamiento de la Finca Ampascachi", en octubre de 1972. Entre los detenidos estaba el militante montonero Edgar Tulio "Tucho" Valenzuela y entre los represores denunciados estaban jefes policiales que a partir de 1974 iban a adquirir todavía más notoriedad, por sus actos criminales, Joaquín Guil, Héctor Trobatto, Roberto Arredes, Sergio Amaya y Roberto Agustín Tacacho.

El fallido intento de toma de la finca Ampascachi, que entonces era de propiedad del fabricante de armas nazi Alfried Krupp, ocurrió durante la intervención del militar Ricardo Spangenberg, en la dictadura de Agustín Lanusse. El 23 de octubre de 1972 un grupo de jóvenes de Montoneros emprendió la toma de la finca, ubicada en el departamento La Viña, a casi cien kilómetros de la ciudad de Salta, pero la acción se frustró por un accidente con una de las camionetas usadas para el traslado. 

Varios de los integrantes del grupo fueron detenidos y sometidos a torturas en la Central de Policía. Hubo denuncias formales por apremios ilegales y torturas. Entre los señalados como ejecutores estaban Joaquín Guil, Ricardo "Sapo" Toranzos y el federal Enrique Trovatto, integrantes de la conocida como “banda de los comisarios” que mantuvo sus acciones de terror durante el gobierno democrático de Ragone, volvió a desatar su saña con la intervención federal del cordobés Alejandro Mosquera y continuó con el golpe de estado perpetrado el 24 de marzo de 1976. 

Las torturas y vejámenes a los que fueron sometidos los acusados por la toma, motivaron pronunciamientos de la Comisión de Abogados Peronistas, algunos de cuyos miembros habían asumido la defensa de los detenidos.

Una continuidad represiva 

Hay datos históricos que muestran una continuidad represiva en la provincia, y el país. La antropóloga Blanca "Nenina" Lezcano, de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, Gremiales y Sociales de Salta, remonta el inicio de la represión ilegal a la dictadura de Juan Carlos Onganía, que usufructuó el poder estatal entre 1966 y 1970. 

Los archivos de la Justicia Federal de Salta exhiben que ya en la dictadura de Agustín Lanusse, iniciada en 1971, el Ejército y las fuerzas de seguridad federales y provinciales actuaban en conjunto. 

Solo como muestra, en la Justicia Federal se tramitó un expediente por un pedido del director de Investigaciones de la Policía de Salta, Marcial Zamora, para que el juez federal librara una orden de allanamiento en viviendas del paraje El Bananal, en Orán, en busca de elementos “de carácter subversivo”. Para ello el policía pidió ayuda de Gendarmería. El juez autorizó esta colaboración, y también colaboró el Servicio Penitenciario Provincial. Otra causa exhibe que las fuerzas policiales estaban bajo “el control operacional” del Ejército, cuyo jefe en Salta era por entonces el coronel Martín Vivanco.

En abril de 1971 el entonces inspector general Joaquín Guil allanó varias viviendas en busca de 18 personas, sospechadas de ser "subversivas". Y hubo otras detenciones ese mismo año, entre ellos las de los militantes Armando Jaime y Ramón José Vega, mientras que eran buscados varios miembros de la familia Puggioni, y fue detenido también el militante jujeño Juan Carlos “El Negro” Arroyo, acusado de pertenecer a “un movimiento de carácter subversivo, militando en el Frente Revolucionario Peronista”. También Vega y Arroyo denunciaron apremios ilegales. 

En su edición del 15 de enero 1972 el diario El Tribuno reprodujo un comunicado en el que la Guarnición Ejército Salta informaba que “elementos del Ejército, la Policía Federal y Policía Provincial realizaron el día 11 de enero de 1972 una serie de procedimientos antisubversivos, a raíz de los cuales se procedió a la detención de personas y (el) secuestro de material subversivo diverso”. 

Lo del control operacional del Ejército fue confirmado en 1973 por los propios comisarios represores, que usaron este argumento para pedir que la causa en la que se los investigaba por estos crímenes pasara a la Justicia Federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que “actuaban a las órdenes del comando operativo del Ejército”.