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La defensa de Lázaro Báez arrancó su alegato de tres días con un clip de unos 30 testigos que “destrozaron la acusación”, según sostuvo el joven abogado Juan Villanueva. "Diego Luciani y Sergio Mola se dedicaron a ocultar lo que ocurrió durante los tres años de juicio en que los testigos arrasaron con la imputación”, no ejercieron su papel de manera objetiva, sino malintencionada y “falsearon los testimonios en su alegato final”. El letrado mostró documentación de la Anses que indica que Báez no era un simple empleado bancario o un monotributista, como señalaron los fiscales, sino que Báez fue el gerente general del Banco de Santa Cruz y entró a la rama de la construcción tres años antes de que Néstor Kirchner tuviera posibilidades presidenciales. También que se inició como subcontratista y que recién ganó la primera licitación en 2006. Según Villanueva, "Austral se impuso en los concursos porque siempre ofertó el precio más bajo y en 2015 pasó a ser la empresa privada que contrató más personal en Santa Cruz".
“La quebraron -remató el defensor-. Ni bien llegó al gobierno Mauricio Macri le secuestraron todas las computadoras y luego argumentaron que Austral no contestaba a la AFIP. ¿Cómo iba a hacerlo Lázaro Báez desde el penal de Ezeiza? Usaron el Estado para destruir a una empresa nacional por razones políticas.” Villanueva adelantó que presentará pruebas de la forma irregular en la que actuaron los dos peritos oficiales y de los aprietes y extorsiones que sufrió Báez en la cárcel. Como se sabe, hubo una vasta operación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante el macrismo, para que se “arrepienta”.
Clip
En el clip inicial, prolijamente subtitulado, Villanueva presentó, entre otros:
* Al interventor de la Dirección de Vialidad en Tierra del Fuego, Leandro García, designado por el macrismo, sosteniendo bajo juramento que los atrasos en la obras eran muy habituales y que un tramo previsto en dos años podía tardar cuatro. El empresario Juan Chediak señaló que las demoras eran perjudiciales para las contratistas porque suponían actualizar precios por los índices del Indec, que en la época de Guillermo Moreno no reflejaban la evolución real de costos.
* Al auditor Justo Pastor Romero, quien ratificó que no hubo obras que se hayan pagado y no se hayan construido. “El desface fue de apenas el 0,006 por ciento”. “Todo lo pagado fue ejecutado”, afirmó bajo juramento. La auditoría también fue ordenada por el gobierno de Mauricio Macri.
* Se exhibió el testimonio de unos diez funcionarios de Vialidad sosteniendo que nunca les pidieron que privilegiaran ningún expediente y que no recibieron órdenes para favorecer a Báez.
* El funcionario de Vialidad Guillermo Bártoli apareció afirmando que las redeterminaciones de precios eran habituales. Y lo mismo sostuvo el primo de Macri, Angelo Calcaterra.
* Otra funcionaria de Vialidad, también bajo juramento, dijo que los controles en Santa Cruz eran iguales al resto de los distritos.
De entrada, entonces, la defensa arremetió contra las principales imputaciones: que Báez cobró obras que no estaban hechas, que se atrasó anormalmente, que no había controles, que la estructura estaba armada para favorecer al empresario.
Fiscales
“Los fiscales se tomaron 90 horas y no probaron ni un solo delito, exhibieron una ignorancia absoluta de lo que es la obra pública y, sobre todo, desplegaron una visión centralista, que no percibe nada de lo que ocurre del otro lado de la General Paz", insistió Villanueva para apuntar contra Luciani-Mola. Para redondear la apertura, el abogado presentó hasta el testimonio de Ricardo Stoddart, mano derecha del denunciante, el ultramacrista Javier Iguacel, que admitió que las obras en Santa Cruz son más caras por la distancia: “Nosotros lo vimos ahora cuando tuvimos que trasladar las maquinarias incautadas a Austral Construcciones”.
Pero luego el abogado exhibió elementos que hasta ahora no se conocían. Que buena parte de las obras cuestionadas fueron auditadas y aprobadas, no sólo por la auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad, ordenada por Iguacel, sino también por una consultora privada, Consulbaires, la Universidad Tecnológica Nacional, sede Avellaneda, y la Universidad Nacional de La Plata. O sea que Villanueva cuestionó otro de los argumentos centrales de los fiscales: “Es falso que no hubo control”.
Historia
La defensa utilizó cinco horas y media en la primera jornada de su alegato. Casi una hora estuvo dedicada a contar la historia de Báez. Tras 26 años como bancario, primero en el Banco Nación y después en el Banco de Santa Cruz, ya privatizado, terminó como gerente general, no como cajero ni como monotributista. En 2000 dejó el banco y constituyó Badial S.A., empresa con la cual hizo trabajos de subcontratista para otras constructoras. “¿Quién iba a pensar que Néstor Kirchner iba a ser presidente?”, desafió Villanueva a Luciani y Mola que habían sostenido que entró a la industria de la construcción para lograr los beneficios de la presidencia de Kirchner.
A principios de abril de 2003 se constituyó Austral Construcciones. Fue antes de la primera vuelta electoral y cuando tampoco se sabía que Kirchner tenía chances. Recién a fines de abril, el santacruceño entró segundo en la elección general y un mes después, en mayo, Carlos Menem se bajó del ballottage.
Según Villanueva, la constructora siguió siendo subcontratista hasta que en 2006 ganó su primera licitación. El argumento es que fue comprando más y más maquinaria, contrató más personal y eso le permitió ofertar por debajo de las empresas que venían del resto del país.
Finalmente, Villanueva exhibió las planillas de Vialidad Nacional sobre las obras de Santa Cruz. En total 107, de las cuales las empresas de Báez ganaron 51, el 47 por ciento. Los fiscales sostuvieron que el santacruceño había ganado el 80 por ciento de las obras. "Otra mentira", afirmó Villanueva. En la vecina Tierra del Fuego, la constructora Dos Arroyos reunió más porcentaje y lo mismo ocurrió en al menos otras siete provincias. Las empresas locales ganan más obras porque las otras constructoras tienen altos costos para mover personal y maquinaria.
Peritajes
Casi tres horas del alegado estuvieron dedicadas a cuestionar a los dos peritos, el del tribunal, Eloy Bona -que publicó feroces tuits contra la vicepresidenta Cristina Kirchner-, y el de la fiscalía, Roberto Panizza. Con el método de exhibir los videos, Villanueva mostró los testimonios de numerosos referentes de la ingeniería que contradijeron hasta el hartazgo a los peritos oficiales. Respecto de Bona se cuestionó que comparó obras muy diferentes, autopistas y rutas nuevas con contratos de reparación y mantenimiento, es decir “peras con manzanas” como sostuvo el letrado. Incluso tomó precios de 2016 -época del macrismo- en lugar de pedirles a los propios técnicos de Vialidad cuánto valía el asfalto, la mano de obra y todos los insumos en 2007, cuando se hicieron las construcciones peritadas.
Villanueva puso en pantalla tramos asombrosos del perito Bona en los que dudó, se quedó en silencio, no podía responder y cometió errores groseros como adjudicarle el valor más bajo al hormigón de mayor nivel.
Lo mismo ocurrió con el otro perito, Panizza, que basó su aseveración de que hubo sobreprecios en la publicación llamada El Constructor, que toma como modelo una ruta de 40 kilómetros, en terreno plano, y a no más de 300 kilómetros. Cuando declaró, Panizza sostuvo que la distancia “no la consideré relevante”: Santa Cruz está a 2300 kilómetros de Ensenada, por ejemplo, desde donde sale el asfalto. También hay veda invernal y terrenos de fuerte desnivel, al punto en que una de las obras peritadas es en la zona cordillerana. “Calcular así es una lotería”, testimonió incluso uno de los expertos convocados por Iguacel, el ingeniero Martín Cergneux, sobre la forma en que se evaluó la carpeta asfáltica. “Panizza es diseñador de frigoríficos y esta es su primera pericia, como él mismo lo reconoció”, remató Villanueva.
El abogado finalizó haciendo una comparación con obras de todo el país. Tomó un cálculo de los terraplenes sobre los cuales se pone la carpeta asfáltica. Según Villanueva, las ofertas en las distintas provincias, en 2007, fueron de 50 a 150 pesos el metro cúbico. La de Austral fue de 53 pesos. Los dos peritos oficiales pusieron valores de 21 y 24 pesos, precios en los que no se contrató ni una obra en todo el país. Villanueva pidió que se investigue a los dos peritos, seguramente por falso testimonio agravado.
