Hace unos días estudiantes secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidieron tomar las escuelas como medida de protesta frente a algunas de las políticas que erosionan la educación pública concebida como derecho.
En efecto: reducción y subejecución presupuestaria, reformas pedagógicas de talante tecnocrático, descalificación de docentes, estudiantes y familias constituyen el sustento de una política educativa que apunta a reconfigurar radicalmente el sistema educativo y, en particular, el nivel secundario.
Pero la solución que proponen las autoridades porteñas a través de su “Secundaria del Futuro” tiene un problema de base: su enfoque, forma y contenido han sido resistidos por las comunidades educativas de ese nivel. Ya desde sus primeros tiempos de aplicación despliega un combo de ajuste, tecnocracia y mercantilización educativa que trae aparejado su fruto venenoso: la profundización de problemas de infraestructura y equipamiento, la insuficiencia de alimentos y su calidad deplorable, la implementación de pasantías que son verdaderos fraudes pedagógicos y laborales, y la falta de docentes, lo que da un panorama insostenible. Desde luego, el hecho de que esta propuesta de política educativa se haya hecho sin la participación docente y con una retórica que descalifica a los y las educadoras agrega más obstáculos a un proyecto mal nacido.
Como el modelo se hace indigerible y las voces de protesta se elevan, el Ministerio de Educación de la CABA responde con violencia inusitada y creciente. Su titular, Soledad Acuña, ha desestimado los reiterados pedidos de diálogo y en su lugar profundiza el talante represivo de su política como digna continuadora de Narodowski, Posse y Bullrich, quienes no dudaron, en sus sucesivas gestiones, en censurar, elaborar listas negras y judicializar el conflicto educativo. Digamos de paso que la formación de Acuña en el Colegio Capraro bajo la férrea conducción institucional del criminal nazi Erich Priebke le proporciona raíces hondas a la convicción represiva de la ministra.
Tras infecundos pedidos de reunión, notas administrativas, movilizaciones y publicaciones exigiendo el respeto de los derechos conculcados, les pibes se organizaron y democráticamente definieron constituir a sus aulas y patios en espacios de lucha contra la ofensiva de la derecha en la educación. Frente a esta situación, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recurre una vez más al Poder Judicial y la herramienta de lo que en otro artículo denominamos como “Lawfare educativo” para criminalizar y disciplinar la legítima protesta estudiantil. En un hecho inédito en la historia de la postdictadura hasta nuestros días, el Gobierno de la Ciudad envió a su policía a las casas de les estudiantes con denuncias penales hacia sus padres y madres.
Resulta necesario ubicar estos hechos en el marco del avance de la extrema derecha, no solo a nivel mundial, sino en el plano nacional. Una derecha que está dispuesta a intentar asesinar a la vicepresidenta, como a perseguir con prácticas intimidatorias, antidemocráticas y represivas a estudiantes secundarios que se atreven a cuestionar sus políticas destructivas.
Queremos tanto alertar sobre la gravedad de estos hechos que van abriendo paso a una sociedad invivible, como reivindicar las luchas en defensa de la educación pública, definida como derecho ciudadano y social en legislación de CABA, empezando por su Constitución.
Estas luchas constituyen recursos de protesta frente al ninguneo y la descalificación de una política educativa profundamente injusta y antidemocrática. En tal sentido, las acciones colectivas dan una densidad más rica y participativa a la democracia, haciendo de los actos de resistencia y propuesta unos espacios pedagógicos profundamente formativos para una ciudadanía activa, comprometida y solidaria.
La idea de que “luchar es educar” se complementa también con la de que “educar es luchar” pues lo que está en cuestión es a qué educación tendrán derecho nuestras adolescencias y juventudes. En la lucha, como en las aulas, también se aprende. Se aprende, se resiste y se construye. Ese transitar de las jóvenes generaciones por estas luchas llegará mucho más lejos que Soledad Acuña y su política educativa, expresión pedagógica de la injusticia que encarna el neoliberalismo moribundo en este desafiante, trágico y esperanzador siglo XXI.
* Cinthia Wanschelbaum es Investigadora del Conicet en el IICE/UBA, profesora del Departamento de Educación de la UNLu y secretaria de Formación de ATE-Conicet. Antonella Bianco es docente, responsable de la Agrupación La Rayuela - Lista Violeta en UTE y vocal de UTE-Ctera. Pablo Imen es profesor del Departamento de Educación de la UNLu, presidente de AGCE e integrante del Departamento de Educación del CCC.
